Las revelaciones de que el presidente estadounidense Donald Trump engañó a propósito al público respecto a la gravedad de la pandemia de COVID-19 también exponen al partido “populista de izquierdas” español Podemos, que comparte gobierno con el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y tiene acceso al mismo tipo de información que Trump. Al igual que él, ellos emitieron declaraciones engañosas minimizando los riesgos que conlleva la pandemia.

Esta es una advertencia sobre los partidos “populistas de izquierdas” y políticos aliados a Podemos en otros países, como Bernie Sanders, Jean-Luc Mélenchon de Francia Insumisa, Katja Kipping de La Izquierda en Alemania, y Syriza en Grecia. Procedentes de la clase media pudiente y basados en la política identitaria de raza y género, estos partidos mienten y adoptan políticas mortales sobre temas que son de vida o muerte para la clase trabajadora.

La semana pasada, el famoso periodista Bob Woodward reveló que el 28 de enero, la inteligencia estadounidense le dijo a Trump que la pandemia era “la mayor amenaza a la seguridad nacional con la que usted se enfrentará en su Presidencia”. El 7 de febrero, Trump le comunicó a Woodward que el presidente chino Xi Jinping le había advertido sobre el COVID-19: “Esto es algo mortal. Es más mortal que ... hasta vuestras gripes intensas ... esto es un 5 por ciento [la tasa de mortandad] en comparación con el 1 por ciento o menos del 1 por ciento”. Trump añadió “Va por el aire, Bob. Eso es siempre más duro que el contacto”.

Otro político que sin duda recibió esas advertencias fue el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, que es vicepresidente del Gobierno español y quien, desde febrero, ocupa un asiento en la Comisión de Asuntos de Inteligencia de España. Esa comisión dirige, supervisa y controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Trabajando estrechamente con la CIA y otros servicios de inteligencia de la OTAN, el CNI evalúa asuntos identificados como grandes amenazas a la seguridad nacional española, lo que incluye específicamente las pandemias.

Pese a ello, Iglesias callaba mientras Trump y altos cargos del Gobierno español, así como todo el establishment gobernante europeo, minimizaban el COVID-19, alentando a la población a que actuara como si nada extraordinario estuviera ocurriendo a medida que el virus se propagaba.

Expertos en actividades del CNI ya han enfatizado que este organismo y sus supervisores eran todos conscientes de lo que estaba pasando. En junio, Fernando Rueda, una destacada autoridad en inteligencia española, dijo en la radio que el papel del CNI durante la pandemia ha sido “muy importante”. La labor del CNI, dijo, “es informar al Gobierno de todo aquello que pueda ser de su interés para tomar las decisiones oportunas”.

Rueda señaló que el CNI tenía mucha información sobre el COVID-19 desde enero, gracias a sus socios estadounidenses. “Si EE.UU. tenía información a principios de año y la CIA informó al presidente de que aquello que estaba ocurriendo en China era más grave de lo que se decía, es lógico pensar que la CIA también informara a otros servicios secretos de que China no estaba diciendo la verdad sobre la expansión del coronavirus”.

Los informes de Woodward han mostrado ulteriormente, sin embargo, que Trump estaba siendo de hecho informado adecuadamente por China. Fueron Washington y la UE quienes restaron importancia al COVID-19.

Rueda dijo a continuación, de manera significativa, que “tener la información no quiere decir que se actúe. … Aunque los servicios secretos deben alertar sobre cualquier peligro que pueda azotar a la seguridad nacional, a veces los Gobiernos no les hacen caso. La CIA alertó en enero del peligro que podía causar el coronavirus y Trump desoyó sus recomendaciones”.

Otros informes sugieren que el CNI informó directamente al gobierno español para finales de enero. Según el sitio de noticias derechista OkDiario, el CNI transmitió al Gobierno español “preocupaciones” planteadas por el jefe de la delegación del CNI en China después de que surgiera el virus en diciembre de 2019 en Wuhan.

Esto se basaba en contactos que la delegada del CNI en China, Beatriz Méndez de Vigo, mantuvo con fuentes de inteligencia en el Ministerio de Seguridad Estatal (MSS), el ministerio que supervisa los servicios de inteligencia de China. Sus notas desde Beijing, escritas a mediados de enero de 2020, subrayaban una “alerta” publicada por un grupo de médicos chinos del Hospital Central de Wuhan, dirigido por el Dr. Ai Fen.

Así, para enero el Gobierno español, y para febrero Iglesias, tenían acceso a informes sobre la gravedad de la enfermedad, su capacidad para extenderse, y la necesidad de los confinamientos para contenerla.

Esta información estaba también disponible públicamente en la notificación del 30 de enero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaraba que la pandemia era “una emergencia de sanidad pública de preocupación internacional”. De manera significativa, la OMS advertía en la nota que todavía era posible evitar la difusión del virus si los países implementaban fuertes medidas para detectar la enfermedad, aislar y tratar los casos, rastrear contactos y fomentar medidas de distanciamiento social.

A pesar de ello, Madrid y otros Gobiernos de la UE se negaron a tomar medidas. En ese momento, Podemos estaba concentrado en su invento, el proyecto de ley por la Libertad Sexual, para tipificar como violación todas las relaciones sexuales sin consentimiento y establecer tribunales especiales para tratar los delitos sexuales. Mientras tanto, el virus seguía extendiéndose. El 24 de febrero, España detectó sus primeros casos de COVID-19.

Sin embargo, esto no modificó el rumbo del Gobierno del PSOE-Podemos. El 4 de marzo, solo 10 días antes de que España implementara el estado de alarma y el confinamiento a nivel nacional, el Consejo de Seguridad Nacional minimizó la amenaza planteada por el virus.

A pesar de las notificaciones de la OMS, las advertencias del CNI y el hecho de que el virus ya se hubiera extendido a España (las escuelas italianas ya estaban cerradas), el Consejo aprobó un informe que situaba a la pandemia en uno de los 15 escenarios menos probables de riesgo contemplados por la Estrategia de Seguridad Nacional de España. El único escenario contemplando como menos probable era el referente a la proliferación de armas de destrucción masiva. Iglesias asistió a esa reunión.

Versiones oficiales trataron superficialmente este acto de negligencia criminal como un “error burocrático”, y El Pa í s afirmó que “el grueso del documento se había elaborado meses antes” y desestimó el hecho como la “limitada capacidad de prospectiva de los expertos”.

El 5 de marzo, al día siguiente de que el Consejo minimizara los efectos del virus, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, evaluó el riesgo de manera muy diferente. Su Ministerio envió una guía a las empresas en la que advertía de que la actividad laboral tenía que detenerse si había un peligro “serio, inminente e inevitable” de infección por COVID-19, enfatizando que la interpretación del riesgo tenía que ser “restrictiva”.

Esto provocó inmediatamente una tormenta de denuncias. Las grandes asociaciones empresariales, CEOE y CEPYME, denunciaron la guía de Díaz como un “grave error”. Un funcionario de la CEOE dijo, “Vamos a pensar en la realidad. ... ¿Qué hacemos? ¿Que el trabajador evalúa que ha tosido mucho? ¿O el empresario dice no, es que ha tosido tres veces? Seamos serios”.

El Gobierno reprendió a Díaz por no haber coordinado su respuesta con el Ministerio de Sanidad. El secretario de comunicación lo llamó un “grave error”.

Díaz en seguida se echó para atrás, y redactó una declaración con la Presidencia en la que se acordaba que solo el Ministerio de Sanidad está autorizado a dar información sobre el COVID-19. Iglesias intervino para elogiar el “gran trabajo que está haciendo” Díaz, sin referirse ni a la guía ni al COVID-19.

Mientras se propagaba el virus, Podemos seguía minimizando su impacto y hacía un llamamiento a la participación masiva en el entonces próximo acto feminista del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. En aquel momento ya se había confirmado la muerte de 17 personas y casi 600 infectados. En contra del consejo de la OMS, el Gobierno autorizó la manifestación del 8 de marzo, a la que asistieron 120.000 personas, incluyendo a ministros del PSOE y Podemos.

A esto le siguió un cambio abrupto. El 10 de marzo, el Gobierno adoptó medidas limitadas contra el COVID-19, como prohibir eventos deportivos y vuelos a Italia —por entonces el país europeo más afectado por el COVID-19—. El 13 de marzo, el presidente Pedro Sánchez anunció de repente un confinamiento nacional, mientras las huelgas industriales en Italia se extendían al resto de Europa.

La conspiración de Podemos contra los trabajadores y los jóvenes sigue hasta el día de hoy. En España han muerto casi 50.000 personas y más de 930.000 en todo el mundo desde entonces. En vez de aprovechar el tiempo de las cuarentenas para hacer tests masivos a la población y preparar a rastreadores para detectar y contener nuevos brotes, el Gobierno español centró sus esfuerzos en obligar a los trabajadores a volver al trabajo para producir más ganancias, tras haber repartido la UE miles de millones de euros en rescates a los bancos y grandes empresas. Hoy, los hospitales están otra vez al borde del colapso por falta de personal, y en las residencias de ancianos se registran infecciones masivas.

El Gobierno del PSOE-Podemos está enviando a millones de niños y estudiantes de regreso a las escuelas, consciente de que esto llevará al desastre. La ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, le comunicó en privado que, sin un protocolo general, el regreso a las escuelas será “caótico”.

De hecho, el regreso a las escuelas es un acto políticamente criminal que acelerará masivamente el actual resurgir del virus. La presidenta derechista de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayudo, declaró tajantemente: “es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera se infecten de coronavirus”. Podemos está ayudando a implementar esta política de inmunidad de grupo. Tiene toda la responsabilidad por las decenas de miles de infecciones que ya se han registrado en el actual resurgir del COVID-19 y la oleada de muertes por venir.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de septiembre de 2020)