Un alto funcionario de la administración Trump amenazó esta semana con que Washington llevaría a cabo una acción militar para prevenir la venta de misiles de Irán a Venezuela, ya sea mediante la confiscación de las armas en alta mar o destruyéndolas con ataques aéreos si llegaran al país sudamericano.

La amenaza fue emitida por Elliott Abrams, quien ocupa los cargos combinados de enviado especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán. Un operativo veterano de derecha, Abrams fue condenado en relación con el escándalo Irán-Contra en la década de 1980, cuando jugó un papel central en la creación de una red encubierta e ilegal para financiar las fuerzas terroristas "Contra" organizadas por la CIA para atacar a Nicaragua. Ha seguido siendo un matón defensor de todos los delitos cometidos por el imperialismo estadounidense a nivel internacional.

"La transferencia de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para Estados Unidos y no será tolerada ni permitida", dijo Abrams. "Haremos todo lo posible para detener los envíos de misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela serán eliminados allí".

Añadió: "Cada entrega de armas iraníes desestabiliza a América del Sur y el Caribe, y es especialmente peligrosa para los vecinos de Venezuela en Brasil, Colombia y Guyana". Los tres países nombrados fueron visitados el mes pasado por el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una gira anti-Venezuela y anti-China por América Latina que estuvo acompañada de amenazantes maniobras conjuntas de las tropas estadounidenses y las fuerzas armadas colombianas.

Si bien Abrams no presentó pruebas de ningún acuerdo de misiles inminente entre Teherán y Caracas, su amenaza sigue al levantamiento del 18 de octubre de una prohibición de las Naciones Unidas sobre la compra o venta de armas convencionales por parte de Irán que se había impuesto en 2007. La restricción se terminó como parte del 2015 acuerdo nuclear alcanzado entre Teherán y las principales potencias, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA. Bajo el JCPOA, Irán acordó restricciones a su programa nuclear civil a cambio del levantamiento de sanciones.

Si bien la administración Trump derogó unilateralmente el acuerdo en 2018, imponiendo un régimen de sanciones de "máxima presión" equivalente a un acto de guerra, exigió arrogantemente que la ONU invocara una disposición de "retroceso" para volver a imponer las sanciones internacionales y, en particular, un embargo de las armas. La propuesta no encontró el apoyo de los otros signatarios del acuerdo —China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y la Unión Europea— y fue rechazada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En respuesta, Washington ha intensificado su propio régimen de castigar las sanciones internacionales. Además de imponer sanciones secundarias contra cualquier entidad que comercialice armas con Irán, extendió su bloqueo financiero del país a prácticamente todos los bancos iraníes, lo que obstaculizó aún más la importación de Irán de alimentos, medicinas y otros suministros humanitarios de vital necesidad.

El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció otra ronda de sanciones, dirigidas al Ministerio de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) y la Compañía Nacional de Cisterna Iraní (NITC) como entidades terroristas, con el argumento de que los ingresos del petróleo han financiado el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Washington también ha calificado al IRGC como una organización terrorista, la primera vez que se emplea tal designación contra las fuerzas armadas de cualquier país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció la implacable escalada de las sanciones estadounidenses en medio de la pandemia mundial de coronavirus. "Corona ha demostrado ser mortal, vicioso y brutal en todas partes, pero es peor en Irán, ya que tiene un colaborador cruel: el régimen de Estados Unidos", tuiteó el ministerio. Añadió: "EE. UU. ha elevado la presión máxima sobre el terrorismo sanitario y ha dirigido al pueblo iraní con sanciones inhumanas mientras luchan contra la pandemia. Superaremos, pero NUNCA olvidaremos".

El miércoles, Irán reportó 415 muertes por COVID-19, el total más alto en un día desde que comenzó la pandemia. Esto eleva el número oficial de muertos del país a 33.714. También informó sobre otras 6.824 infecciones confirmadas por coronavirus, lo que eleva el número total a 558.648. Irán ha sido el país más afectado por el coronavirus en Oriente Medio. Incluso antes de la pandemia, las sanciones unilaterales de Estados Unidos bloquearon el acceso de Irán a los medicamentos, lo que provocó numerosas muertes evitables por cáncer y otras enfermedades.

Ahora, según los informes, los hospitales iraníes están abrumados y mal abastecidos, y las ambulancias llevan a los pacientes a una instalación tras otra en busca de camas disponibles. Además del régimen de sanciones de Estados Unidos, la pandemia se ha visto agravada por las políticas del gobierno burgués de Irán, que imprudentemente buscó reabrir las escuelas y la economía con la propagación del virus aún fuera de control.

Irán ha defendido su derecho a vender armas desafiando las sanciones unilaterales de Washington. El ministro de Defensa de Irán, Brig. El general Amir Hatami dijo el domingo pasado que Teherán estaba preparado para vender armas a los países atacados por Washington.

“Muchos países ya nos han hablado; hemos mantenido negociaciones con algunos países y el terreno está totalmente preparado para intercambios de armas, tanto para vender como para suplir determinadas necesidades” del ejército iraní, dijo Hatami.

Irán y Venezuela han realizado transacciones comerciales, particularmente en términos de envíos iraníes de gasolina y productos petroleros, a pesar de las amenazas de Estados Unidos de incautar dichos envíos en alta mar. La incautación de un barco iraní que envía armas al país sudamericano podría desencadenar represalias y el estallido de una guerra más amplia en todo Oriente Medio.

Washington estuvo a punto de provocar un conflicto de este tipo a principios de este año con el asesinato de uno de los principales funcionarios de Irán, el general Qasem Suleimani, con misiles no tripulados, después de que llegara al aeropuerto internacional de Bagdad para una visita oficial de Estado.

Desde entonces, Estados Unidos ha intensificado constantemente tanto las sanciones como las provocaciones militares, incluido el envío de un grupo de ataque de portaaviones de la Armada de los Estados Unidos al Golfo Pérsico por primera vez en un año, junto con amenazas abiertas de llevar a cabo ataques militares contra milicias alineadas en Iraq, contra Irán.

Una escalada similar de amenazas militares se ha llevado a cabo contra Venezuela, con el despliegue de la mayor fuerza estadounidense en la región desde la invasión de Panamá de 1989 bajo el falso pretexto de interceptar drogas. A pesar del abyecto fracaso del autoproclamado presidente interino de Washington, Juan Guaidó, para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluso mediante un intento de golpe militar y una invasión de mercenarios estadounidenses, la administración Trump sigue comprometida con el cambio de régimen.

Según Bloomberg, envió a su exembajador en Alemania, Richard Grenell, a reunirse con el vicepresidente de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, en México el mes pasado con el objetivo de mediar en la destitución de Maduro. Según los informes, las conversaciones no llegaron a ningún lado. La administración Trump había esperado lograr un golpe de política exterior, particularmente con miras a los bloques votantes de exiliados cubanos y venezolanos en Florida.

Con apenas una semana de las elecciones estadounidenses y la campaña de Trump en crisis, existe un peligro claro y presente de que su administración pueda provocar deliberadamente una guerra. Si bien en la política estadounidense se ha referido generalmente a una acción de este tipo como una "sorpresa de octubre", con Trump amenazando con rechazar los resultados de las elecciones si pierde, una "sorpresa" tan mortal podría organizarse en diciembre o enero para descarrilar transferencia de poder y crear el pretexto para la ley marcial. Tal maniobra política contaría con que los demócratas se subordinaran al ejército en condiciones de guerra.

La clase trabajadora debe prepararse para llevar a cabo su propia lucha contra el peligro de guerra mediante la construcción de un movimiento político independiente de masas que luche por las políticas socialistas y contra todos los partidos de la élite gobernante capitalista y el sistema de ganancias. Esta es la perspectiva por la que lucha solo el Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de octubre de 2020)