El gobierno de Biden continuará con la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, desde el Reino Unido para que se enfrente a cargos en Estados Unidos, según una declaración publicada por el Departamento de Justicia (DoJ) el martes.

La declaración del gobierno de Biden fue en parte una respuesta a la decisión del 4 de enero de la jueza de distrito Vanessa Baraitser de bloquear la extradición de Assange sólo por motivos de salud mental —ella respaldó completamente la negación de los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa del editor de WikiLeaks por parte de la fiscalía estadounidense— y para dejar las cosas claras antes de la fecha límite del viernes para que la administración apele el fallo.

Una declaración del Director Adjunto Interino del Departamento de Justicia y Asesor Principal de Comunicaciones, Marc Raimondi, dijo: "Si bien estamos muy decepcionados por la decisión final del tribunal, nos complace que Estados Unidos haya prevalecido en todos los puntos de derecho planteados. En particular, el tribunal rechazó todos los argumentos del Sr. Assange relativos a la motivación política, la ofensa política, el juicio justo y la libertad de expresión. Seguiremos buscando la extradición del Sr. Assange a Estados Unidos".

La declaración fue también un reproche directo a una coalición de grupos de libertades civiles y derechos humanos que montaron una campaña para que el gobierno de Biden abandonara el esfuerzo de extradición de Assange que fue iniciado por la Casa Blanca de Trump.

En una carta fechada el 8 de febrero y dirigida al fiscal general de Biden, Monty Wilkinson, la coalición de veinticuatro organizaciones —entre las que se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles, Amnistía Internacional, Electronic Frontier Foundation, Freedom of the Press Foundation y Human Rights Watch— escribió: "Le instamos a que abandone la apelación de la decisión de la jueza Vanessa Baraitser del Tribunal de Magistrados de Westminster de rechazar la solicitud de extradición de la administración Trump. También le instamos a desestimar la acusación subyacente".

La carta conjunta también explicaba: "La acusación contra el Sr. Assange amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas llevan a cabo de forma rutinaria, y que deben llevar a cabo para hacer el trabajo que el público necesita que hagan. ... En nuestra opinión, un precedente de este tipo en este caso podría criminalizar efectivamente estas prácticas periodísticas comunes".

Las organizaciones también establecieron una conexión entre la persecución de Assange y el desarrollo histórico de medidas antidemocráticas en Estados Unidos y a nivel internacional: "Lamentablemente, la libertad de prensa está amenazada en todo el mundo. Ahora más que nunca, es crucial que protejamos una prensa robusta y adversa —lo que el juez Murray Gurfein, en el caso de los Papeles del Pentágono, llamó memorablemente una 'prensa cascarrabias, una prensa obstinada, una prensa omnipresente'— en Estados Unidos y en el extranjero".

En otra declaración, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, dijo: "La mayoría de los cargos contra Assange se refieren a actividades que no son diferentes de las que realizan los periodistas de investigación en todo el mundo cada día. El presidente Biden debería evitar sentar un terrible precedente al criminalizar herramientas clave del periodismo independiente que son esenciales para una democracia saludable".

El anuncio oficial del Departamento de Justicia el martes puso fin a cualquier ilusión de que la administración de Biden adoptara una posición sobre los derechos de la Primera Enmienda diferente a la de Donald Trump. Biden tiene la intención de perseguir a Assange por 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 que conllevan una pena máxima de prisión de hasta 170 años.

Aunque un gran jurado estadounidense había emitido una acusación sellada contra Assange en marzo de 2018, los cargos contra él no se hicieron públicos hasta más de un año después, en abril de 2019, después de que el periodista de WikiLeaks fuera desalojado de la Embajada de Ecuador y detenido en Londres. Julian Assange —inicialmente detenido por una falsa acusación de saltar la fianza— fue encarcelado en la tristemente célebre prisión londinense de HM Belmarsh, donde ha permanecido sin fianza a la espera de una decisión final sobre su extradición a Estados Unidos.

Tal y como el World Socialist Web Site y otros defensores de los derechos de los periodistas a decir la verdad al público sobre la política gubernamental han mantenido constantemente, Assange no ha cometido ningún delito. Ha sido atacado por los gobiernos de EE.UU. y del Reino Unido porque WikiLeaks publicó detalles sobre las acciones criminales del imperialismo durante las guerras ilegales en Afganistán e Irak que comenzaron en 2001 y 2003, respectivamente. WikiLeaks también expuso el papel de las principales corporaciones en los crímenes imperialistas, así como la conspiración de la dirección del Partido Demócrata durante el proceso de nominación para las elecciones presidenciales de 2016.

La decisión del gobierno de Biden de seguir adelante con la persecución de Assange no es en absoluto una sorpresa para aquellos que se basan en un análisis de clase y en la comprensión de la lógica de los acontecimientos políticos.

Es significativo que el principal funcionario de seguridad nacional de Trump en el Departamento de Justicia, John C. Demers, siga en su puesto en la División de Seguridad Nacional. El equipo de transición de Biden pidió a Demers que permaneciera en su puesto por motivos de continuidad, mientras que muchos otros funcionarios políticos de Trump dimitieron.

Mientras tanto, el predecesor del Sr. Demers de 2013 a 2016, John Carlin, ha regresado al DoJ y actualmente se desempeña como vicefiscal general en funciones. Que realmente no hay diferencias fundamentales entre las administraciones de Trump y Biden en temas clave de seguridad nacional queda demostrado por el hecho de que la predecesora de Carlin, Lisa O. Monaco, a cargo de la División de Seguridad Nacional de 2011 a 2013, es la candidata de Biden para ser vicefiscal general, pero aún no ha sido confirmada.

También es posible retroceder más y repasar lo que Biden dijo sobre Assange hace más de diez años, después de que WikiLeaks publicara los cables diplomáticos y cuando era vicepresidente durante el gobierno de Obama. Al ser preguntado por las revelaciones de WikiLeaks en el programa "Meet the Press" de la NBC el 19 de diciembre de 2010, Biden calificó a Assange de "terrorista de alta tecnología" y profundizó en la afirmación no probada de que "este tipo ha hecho cosas que han dañado y puesto en peligro la vida y las ocupaciones de personas en otras partes del mundo".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de febrero de 2021)