La administración Biden está trasladando a cientos de adolescentes migrantes a un centro de detención infantil en Carrizo Springs, Texas, que fue originalmente inaugurado por la Casa Blanca de Trump en el verano de 2019.

Según el Washington Pos t, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del presidente Joe Biden —la agencia federal responsable de brindar servicios a los niños migrantes detenidos— está reactivando el Centro de Detención de Niños Migrantes de Carrizo Springs para albergar hasta 700 adolescentes en los próximos días y semanas.

El Post cita a funcionarios gubernamentales anónimos que dicen que la reapertura del campo de detención de la era Trump es necesaria porque "las instalaciones para niños migrantes han tenido que reducir la capacidad a casi la mitad debido a la pandemia de coronavirus".

El número de niños no acompañados que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos también ha aumentado, con 5,700 jóvenes detenidos por las autoridades de inmigración en el mes de enero, el total más alto de ese mes en los últimos años.

La instalación de Carrizo Springs fue inaugurada por la administración Trump en junio de 2019 para encerrar a los jóvenes migrantes de 13 a 17 años en el punto culminante de aprehensiones por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los inmigrantes que ingresan a los EE. UU. También coincidió con la campaña xenófoba desarrollada por Trump y su base fascista como pilar central en su plataforma de reelección presidencial del Partido Republicano.

En ese momento, la administración Trump presentó a Carrizo Springs como un "refugio para jóvenes" y un "centro de cuidado de niños" en contraste con las imágenes y los informes de niños migrantes detenidos en condiciones horribles y encerrados en jaulas por CBP. Sin embargo, el campo se cerró menos de un mes después de su apertura debido a una disminución en el número de detenidos y a las quejas de la derecha de que el costo de la detención en Carrizo Springs era demasiado alto, entre $750 y $800 por día por niño.

La administración Biden está promocionando el campamento de Carrizo Springs —ubicado a 125 millas al suroeste de San Antonio— como un alejamiento del enfoque "centrado en la aplicación de la ley" del gobierno anterior y haciendo que el "bienestar infantil" sea más céntrico.

El informe del Post describió el campo de detención de 66 acres como un paraíso virtual donde “grupos de remolques beige rodean una carpa comedora blanca gigante, un campo de fútbol y una cancha de baloncesto. Hay una carpa de hospital azul brillante con literas blancas en el interior. Un tráiler de servicios legales tiene la palabra 'Bienvenidos', en una pancarta en el techo". Sin embargo, parece que todo esto ya estaba allí, "El tráiler más colorido está en la entrada, donde todavía cuelgan en sus paredes flores, mariposas y carteles hechos a mano desde la primera inauguración de Carrizo en 2019".

Activistas y abogados de los derechos de los inmigrantes han señalado el hecho de que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hicieron campaña con el compromiso de revertir las políticas de inmigración de Trump. Linda Brandmiller, una abogada de inmigración con sede en San Antonio que representa a menores no acompañados, le dijo al Post: “Es innecesario, es costoso y va absolutamente en contra de todo lo que Biden prometió que iba a hacer. Es un paso atrás, es lo que es. Es un gran paso hacia atrás".

Durante la conferencia de prensa del martes, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca de Biden, Jen Psaki, por qué la administración está reabriendo las instalaciones. Un periodista le preguntó a Psaki en qué se diferenciaba la política de Biden de la de Trump, dado que la candidata Kamala Harries había dicho que Trump estaba "manteniendo a los bebés en jaulas" y "cometiendo abusos contra los derechos humanos" en esta misma instalación.

Psaki respondió: “No se trata de niños encerrados en jaulas. ... Esta es una instalación que se inauguró y que seguirá los mismos estándares que otras instalaciones del HHS. No es una réplica. Ciertamente no. Eso es, nunca es nuestra intención replicar las políticas de inmigración de la administración pasada".

Un aspecto de la continuidad entre las dos administraciones es el hecho de que instalaciones como Carrizo Springs son operadas por empresas privadas bajo contrato con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia dentro del HHS que es responsable de los "niños extranjeros no acompañados". Estos contratistas son designados oficialmente como "proveedores de cuidado" a través de un procedimiento de licencia y luego se les otorgan contratos sustanciales, "para proporcionar cuidado residencial para niños, incluyendo refugio, grupo, cuidado de crianza, cuidado de tratamiento seguro, terapéutico o residencial para niños con seguridad del personal,” según el sitio web de ORR.

Si bien los demócratas afirman que las instalaciones para jóvenes migrantes se están alejando del énfasis anterior de la aplicación de la ley —la compañía que tiene contrato para administrar Carrizo Springs llamada Servicios humanos y de salud de BCFS— anteriormente servicios bautistas para niños y familias fundada en 1944, no es organización lucrativa que anteriormente se desempeñaba como contratista de los servicios de libertad condicional para menores en el estado de Texas.

En 2019, el BCFS con sede en San Antonio tuvo ingresos de $537 millones y al menos seis ejecutivos de la compañía ganaron salarios de entre $250,000 y $350,000. Mientras tanto, un informe de 2019 en el Texas Tribune reveló que seis ejecutivos de Southwest Key, una empresa sin fines de lucro que alberga a niños migrantes en Texas, California y Arizona bajo contrato con el gobierno federal, ganaron salarios de $1 millón o más en 2017, según a las declaraciones de impuestos.

Como informó el Washington Post, Juan Sánchez, fundador del Programa Southwest Key, la organización sin fines de lucro con sede en Texas, ganó $3.6 millones en 2017. Sánchez renunció a la compañía a principios de 2019, pero los acuerdos de mil millones de dólares entre HHS y Southwest Key permanecen. No es casualidad que se informaron casos de abuso sexual de niños migrantes detenidos en 2019 en las instalaciones de Southwest Key en Phoenix, Arizona.

Al igual que con el aparato estatal en todos los niveles, desde los departamentos de policía locales hasta las fuerzas de ataque del imperialismo estadounidense y los escuadrones de asesinatos de operaciones encubiertas, existe una red compleja de conexiones entre los empresarios privados, muchos de ellos exagentes del orden y personal militar retirado, que ganan sus fortunas brutalizando al público y cometiendo crímenes de guerra en nombre del imperialismo estadounidense.

Estas relaciones —que sirven como caldo de cultivo para la política fascista y de extrema derecha — persisten y se han fortalecido independientemente del partido que esté en la Casa Blanca. Como lo describió el WSWS la semana pasada, las negociaciones sobre el plan de inmigración de la administración Biden tienen más que ver con los intereses estratégicos de la élite financiera estadounidense y el sistema político gobernante que con cualquier preocupación por las condiciones que enfrentan los trabajadores migrantes y sus familias.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de febrero de 2021)