El primer ministro Boris Johnson está poniendo fin a lo que, según él, debe ser el “último confinamiento”, sabiendo que se cobrará miles de vidas más. Admitió el lunes pasado que terminar con los cierres significaría “más infecciones, más hospitalizaciones… más muertes”.

El Gobierno ha descartado la reducción del número de reproducción (número R) del virus como condición para la reapertura, lo que significa que se permitirá que el COVID-19 se propague en toda la población.

El resultado de “más muertes” se presenta en los medios de comunicación como el precio ineludible de regresar a la “normalidad” y la “libertad”. Son mentiras propagandísticas. El Gobierno está cometiendo un asesinato en masa.

La política de “inmunidad colectiva” de permitir que el virus se propague sin control ha sido siempre su política. En una declaración a la nación el 12 de marzo del año pasado, Johnson insistió en que “muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo”. Su principal asesor, Dominic Cummings, dijo en privado que la estrategia del Gobierno era la “inmunidad colectiva, proteger la economía, y si eso significa que algunos jubilados morirán, qué pena”.

Como resultado, el COVID-19 ya ha matado a más de 135.000 personas. La única razón por la que este número de muertos no es aún mayor se debe a que la clase gobernante tuvo que echar marchar atrás por el temor a un estallido de la oposición en la clase trabajadora.

El primer confinamiento en marzo pasado siguió a un estallido de huelgas en Italia, luego el centro de la pandemia en Europa, que se extendió a España, Francia y el Reino Unido. El Gobierno estaba desesperado por evitar protestas masivas que irrumpieran en su impulso para implementar un programa de rescates gubernamentales de varios cientos de miles de millones de libras para las grandes empresas y los superricos, justificados como una cuestión de “interés nacional”. La escala de la intervención no tuvo precedentes: £350 mil millones en préstamos comerciales del Gobierno y £645 mil millones en flexibilización cuantitativa del Banco de Inglaterra, que desde entonces aumentó a la asombrosa cantidad de £895 mil millones.

Con el rescate concretado, el Gobierno actuó lo más rápido posible para obligar a la población a regresar a las escuelas y lugares de trabajo para reiniciar el flujo de ganancias, a pesar de que su confinamiento limitado estaba demostrando ser efectivo en frenar la propagación del virus. Esto condujo inevitablemente a un rebrote desastroso y una segunda ola de contagios que mató a más personas que la primera.

La continua amenaza de una explosión social, provocada por una ola de hospitalizaciones y el colapso del sistema de salud, obligó a Johnson a implementar dos cierres adicionales en noviembre y enero. Estos eran más limitados incluso que los primeros, con gran parte de la población obligada a trabajar. Los nuevos casos diarios apenas se redujeron a menos de 10.000, por primera vez en cinco meses.

La insistencia de Johnson de que este debe ser el “último confinamiento” es una declaración política de guerra contra la clase trabajadora. Todas las escuelas y universidades volverán a abrir a la misma vez para sus más de diez millones de alumnos, estudiantes y trabajadores de la educación el 8 de marzo. Ni el uso de mascarillas ni las pruebas de coronavirus serán obligatorias. El Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias del Gobierno advierte que esta acción por sí sola aumentará la tasa R nacional en un 10-50 por ciento. Para el 21 de junio, se levantarán todas las restricciones.

La eliminación de las medidas de salud pública se justifica citando el programa de vacunación del Reino Unido. Este es otro fraude. La disminución actual de las infecciones se debe casi en su totalidad al confinamiento y no a la vacunación. Su eliminación dará lugar a un aumento mortal de casos antes de que el programa de vacunación se haya completado y tenga pleno efecto.

Según el equipo de respuesta al COVID-19 de la universidad Imperial College, un levantamiento “gradual” de las restricciones de salud pública resultaría en la asombrosa cantidad de 58.200 muertes adicionales por COVID-19 entre el 12 de febrero de este año y el 30 de junio de 2022, según una agenda de reapertura que es mucho más cauteloso que la planeada por el Gobierno.

La inmunización es un paso vital para poner fin a la pandemia. Pero sin una estrategia científica que implemente y mantenga las medidas de salud pública hasta que la población esté protegida de manera efectiva, más personas morirán innecesariamente. También se permitirá el desarrollo de variantes del virus más peligrosas y resistentes a las vacunas. La “variante Kent” ya se volvió dominante en el Reino Unido y se han detectado casos de la variante sudafricanas y ahora la brasileña.

Lejos de volver a la “normalidad”, el sacrificio de la vida de los trabajadores a la pandemia se produce en condiciones de un esfuerzo despiadado por recuperar de la clase trabajadora los miles de millones de dólares entregados a las corporaciones. Los trabajadores también tendrán que soportar el peso de una creciente guerra comercial entre Reino Unido, las potencias europeas, Estados Unidos y China, que a su vez amenaza con desencadenar conflictos militares catastróficos.

El resultado será millones sin trabajo, recortes en los sueldos y los servicios sociales, y lugares de trabajo convertidos en infiernos.

El desempleo es oficialmente del 5,1 por ciento y el Banco de Inglaterra y la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria pronostican un aumento del 7 al 8 por ciento una vez que finalice el plan de cesantía laboral. Se están utilizando esquemas de “despido y recontratación” para impulsar recortes salariales de hasta un 25 por ciento y horarios de trabajo más agotadores. Una encuesta realizada por la central sindical Trades Union Congress en enero encontró que el 9 por ciento de los trabajadores en el país ya se han enfrentado a tener que volver a solicitar sus puestos de trabajo bajo peores términos y condiciones o ser despedidos. Las tasas de pobreza, indigencia, deuda, atrasos de alquileres y uso de bancos de alimentos están aumentando considerablemente.

La misma ofensiva de guerra de clases está en marcha en todos los países. Las “guerras de vacunas” sobre qué país se abastecerá primero son la expresión más grotesca de la feroz competencia entre las clases dominantes nacionales para socavar a sus rivales a expensas de sus trabajadores. Estos conflictos se mostraron gráficamente con la finalización de la salida británica de la Unión Europea o brexit durante lo peor de la segunda ola pandémica en Europa. En medio de un desastre de salud pública mundial, las disputas entre el Reino Unido y las potencias europeas vieron camiones apilados en el puerto de Dover y el Protocolo de Irlanda del Norte amenazado pocas semanas después de la firma del acuerdo.

Esta lección fundamental debe extraerse del año de pandemia: la clase dominante perseguirá sus intereses sin piedad sin importar el costo en vidas humanas y el sufrimiento.

Johnson y sus contrapartes a nivel internacional son impermeables respecto a los argumentos científicos, y mucho menos a los llamados morales. Están respondiendo a la amenaza que temen desde abajo redoblando su agenda asesina, fortaleciendo el aparato estatal, restringiendo la libertad de expresión y animando el crecimiento de los movimientos de extrema derecha. Las capas fascistizantes movilizadas por Donald Trump en la invasión del edificio del Capitolio, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia y la Alternativa para Alemania (AfD) promueven una agenda anticonfinamientos y antivacunas, movilizando a sectores de la clase media y propietarios de pequeñas empresas que se enfrentan a la ruina a manos de los Gobiernos europeos y enfrentándolos contra la clase trabajadora.

Derrotar la pandemia no es principalmente una cuestión médica. Hay que luchar políticamente. La única fuerza social que puede imponer las medidas necesarias para frenar la pandemia, derrotar el ataque contra los empleos, los salarios y las condiciones laborales y detener los conflictos comerciales y militares es la clase trabajadora internacional.

La resistencia de los trabajadores está creciendo a nivel internacional, involucrando a trabajadores del sector público italiano, huelgas salvajes de maestros franceses contra las clases presenciales, acciones industriales contra el cierre de plantas en España, las acciones de protesta de los educadores en Chicago, EE. UU. y São Paulo, Brasil, y las huelgas en curso contra British Gas y las compañías de autobuses de Mánchester y Londres. Pero este impulso debe ser armado con una dirección organizacional y política consciente.

El Partido Laborista y los sindicatos han quedado expuestos como enemigos acérrimos de la clase trabajadora. Los sindicatos han funcionado durante la pandemia como una fuerza policial para el Gobierno y las empresas. Después de aprobar los rescates para las grandes empresas impulsados por el canciller Rishi Sunak, el Trades Union Congress le entregó al Gobierno un documento sobre “Un enfoque sindical ... sobre cómo gestionar el retorno masivo al trabajo”. Desde entonces, los sindicatos han suprimido cualquier acción en oposición al peligro a las vidas de los trabajadores por el COVID-19.

El laborismo, inicialmente bajo Jeremy Corbyn y luego sir Keir Starmer, ha actuado como un socio de coalición de facto con los conservadores en su campaña para reabrir las escuelas y los lugares de trabajo. Corbyn fue informado de la estrategia de inmunidad colectiva del Gobierno en discusiones privadas y guardó silencio. Starmer se dedicó a la “oposición constructiva”, una política que se resume mejor en su insistencia, en el Daily Mail, de que las escuelas deberían abrirse “sin dudas, sin peros”.

La pandemia ha actuado como un evento desencadenante, poniendo de relieve para millones de personas en todo el mundo la bancarrota de todo el orden social y económico y de todos sus defensores políticos. Deben construirse nuevas organizaciones de la lucha de clases y una nueva dirección socialista.

Para que los trabajadores defiendan sus vidas y sus medios de subsistencia, el Partido Socialista por la Igualdad (PSI) llama a construir comités de base en todos los lugares de trabajo, conectados en redes en Reino Unido e internacionalmente, e independientes de los sindicatos. Estos comités deben rechazar todos llamado a hacer sacrificios por el “interés nacional” y deben luchar inflexiblemente por las necesidades de la clase trabajadora.

Su primera tarea debe ser asegurar el cierre total de la producción no esencial y la implementación de estrictos protocolos de seguridad en sectores realmente esenciales, hasta que se complete el despliegue de la vacuna y se implemente un riguroso sistema de pruebas y rastreo. Todos los trabajadores que se vean obligados a quedarse en casa y las pequeñas empresas que deban cerrar deben recibir una compensación total de sus ingresos y todos los puestos de trabajo deben ser protegidos.

Contra la afirmación de que no hay dinero para estas medidas, los comités de base deben impulsar un programa de expropiación de las grandes empresas y los oligarcas financieros. Las fortunas de los superricos que lucraron de la pandemia y los activos de las grandes corporaciones deben ser confiscados, para ser administrados democráticamente por la clase trabajadora y satisfacer las necesidades sociales, no las ganancias privadas.

Una pandemia mundial requiere una solución coordinada a nivel mundial. Los esfuerzos de la clase dominante para enfrentar a unos trabajadores contra otros mientras buscan el control de los mercados y los recursos del mundo deben ser contrarrestados por la unificación socialista de la clase trabajadora. Esto requiere luchar por una huelga general europea y la toma del poder político por parte de la clase trabajadora en los Estados Unidos Socialistas de Europa. Unirse y construir el Partido Socialista por la Igualdad proporcionará la conducción para llevar adelante esta lucha de vida o muerte.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de marzo de 2021)