Mientras Wall Street, la élite política y la prensa corporativa celebran la promesa de Joe Biden de llevar a cabo un “regreso a la normalidad”, el Gobierno estadounidense está perpetrando un crimen social de dimensiones inauditas contra miles de niños inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México.

En una noche dada esta semana, más de 3.200 niños inmigrantes duermen en frías estructuras de cemento bajo reflectores policiales, lejos de sus padres y sus hogares. Casi 1.400 niños —muchos de ellos menores de 13— han permanecido encarcelados por más de tres días en abierta violación del derecho estadounidense. Permanecen en jaulas que los inmigrantes describen como “hieleras” y “perreras”.

En medio de una pandemia mortal, los abarrotados campamentos de carpas creados por la anterior Administración de Trump están ahora repletos. El número de niños detenidos actualmente es un 25 por ciento mayor que en el momento álgido de la campaña de la Administración de Trump contra los niños inmigrantes en 2019.

Más de 10.000 niños inmigrantes han sido detenidos en las semanas transcurridas desde que Biden declaró en su toma de posesión que su Administración “restauraría el alma de Estados Unidos” y “haría de Estados Unidos, una vez más, la principal fuerza del bien en el mundo”.

Este crimen continuo expone la putrefacción en el seno de todo el sistema capitalista, sus instituciones y representantes políticos, desde la derecha hasta la llamada izquierda.

La congresista republicana Liz Cheney, una de las favoritas de los medios de comunicación por sus críticas “responsables” a Trump, convirtió a los niños inmigrantes en el chivo expiatorio del coronavirus y culpó a los demócratas por “decidir abrir la frontera y dejar entrar a miles de personas, potencialmente, que tienen COVID.” El gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, que acaba de ordenar la apertura de todas las escuelas y comercios y ha derogado la orden de uso de mascarillas del estado, dijo que las autoridades “se negaron a hacerles pruebas” a los niños inmigrantes y “subir a esta gente a autobuses y enviarlos” por todo el país para propagar la enfermedad.

El Senado y la Cámara de Representantes, controlados por los demócratas, se han negado incluso a convocar audiencias para abordar la detención masiva de niños inmigrantes. El Washington Post, propiedad del director general de Amazon, Jeff Bezos, y que apoya al Partido Demócrata, publicó una declaración del consejo editorial el 7 de marzo en la que calificaba las detenciones masivas como “un enfoque humano y decente” para hacer frente a lo que denominó una “oleada de cruces fronterizos ilegales”.

El ataque de Biden a los niños inmigrantes expone el papel cínico de los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), cuyos principales representantes instaron a los trabajadores y a los jóvenes a votar por Biden como el “mal menor” y ahora justifican sus acciones.

En 2019, Alexandria Ocasio-Cortez viajó a la frontera para una foto y lloró frente a lo que resultó ser un estacionamiento vacío. Pero ahora que una demócrata ocupa la Casa Blanca, Ocasio-Cortez justifica la detención de niños. El 23 de febrero, se negó a exigir el cierre de los campos de concentración, indicando en cambio que deberían ser sometidos a “licencias” y que se deberían vigilar las “contrataciones” en las que llamó crípticamente “instalaciones de ingreso”.

La revista Jacobin, alineada con el DSA, publicó de manera similar un artículo el 10 de febrero en el que elogiaba a la Administración de Biden por derogar las restricciones de inmigración de la era Trump, afirmando que “incluso para el izquierdista más cínico, hay muchos aspectos agradables en la agenda de Biden hasta ahora”.

Los defensores de la política racial y de género también guardan silencio sobre los crímenes que se están llevando a cabo en la frontera. El hecho de que el jefe del Departamento de Seguridad Nacional sea un inmigrante latino no ha mejorado la suerte de los niños inmigrantes detenidos, ni tampoco el hecho de que el jefe en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) resulte ser negro.

La sección de opinión del New York Times —la brújula moral de la clase media-alta acomodada— tampoco ha publicado ninguna declaración reciente sobre el asunto, aunque ha publicado numerosos artículos que promueven la política racial y moralizan sobre las presuntas transgresiones del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Los cientos de miles de inmigrantes centroamericanos de todas las edades que actualmente emigran a Estados Unidos huyen de países devastados por décadas de crímenes perpetrados por el imperialismo estadounidense.

Quizá ningún político estadounidense activo sea tan cómplice personalmente de estos crímenes como el propio Biden. Después de que los dictadores apoyados por Estados Unidos mataran a cientos de miles de campesinos y trabajadores en una ola de violencia reaccionaria a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Biden se convirtió en el autoproclamado arquitecto del Plan Colombia, una brutal campaña de militarización llevada a cabo por las Administraciones de Clinton, Bush y Obama. En enero de 2020, Biden se jactó: “Soy el tipo que armó el Plan Colombia”.

En el marco de este programa, Estados Unidos destinó miles de millones de dólares para armar y entrenar a los militares colombianos, que dejaron sin hogar a siete millones de colombianos y, entre 2003 y 2007, mataron a miles de civiles, alegando falsamente que eran soldados de las guerrillas, en el escándalo de los “falsos positivos”.

El Plan Colombia se combinó con un régimen brutal de medidas de austeridad respaldadas por el FMI que recortaron las pensiones y los salarios y transformaron a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo. La producción de drogas no hizo más que aumentar, alimentando la violencia y fortaleciendo a las bandas en las rutas de tráfico de Centroamérica y México.

Este se convirtió en el modelo, y el entonces vicepresidente Biden supervisó la implementación de políticas similares en toda América Central a mediados de la década de 2010, cuando EE.UU. desplegó 750 millones de dólares para entrenar y armar a los militares y escuadrones de la muerte de los regímenes respaldados por EE.UU. en Honduras (donde la Administración de Obama-Biden llevó a cabo un golpe de Estado en 2009), Guatemala y El Salvador.

La magnitud numérica del flujo de inmigrantes atestigua no solo la destrucción histórica de América Latina por parte del imperialismo estadounidense, sino también la respuesta catastrófica de la clase gobernante mundial a la pandemia de coronavirus, la cual ha golpeado a Latinoamérica más fuerte que a cualquier otra región del mundo.

A pesar de que América Latina solo contiene el ocho por ciento de la población mundial, concentra un tercio de las muertes por COVID-19, más de 750.000 personas. En Centroamérica, los precios de los alimentos se han disparado como consecuencia de la pandemia y de los huracanes del año pasado, y el hambre es una realidad para millones de personas. El desempleo masivo se une a una falta casi total de apoyo social a los trabajadores, agricultores y pequeños empresarios.

Durante meses, la corporación farmacéutica estadounidense Pfizer ha estado extorsionando a los Gobiernos latinoamericanos, negándose a vender vacunas a menos que pongan edificios de embajadas y otros elementos soberanos como garantía, lo que ha provocado un retraso de tres meses en el despliegue de las vacunas, según un informe del Bureau of Investigative Journalism.

El éxodo desesperado de Centroamérica es una señal de que las tensiones sociales en todo el mundo están en un punto de ruptura.

En la edición de enero/febrero de Foreign Affairs, el exembajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, señala las protestas masivas que recorrieron América Latina en 2018 y 2019 y advierte de las consecuencias de la pandemia de coronavirus en la conciencia de las masas:

Si no se hace nada, América Latina se convertirá en una fuente de inestabilidad aún mayor, de la que nadie —ni sus élites ni Estados Unidos— será inmune. La idea de una región estancada e inundada de protestas callejeras, inestabilidad política y crimen organizado no es una posible pesadilla de una década perdida por delante; es la realidad a la que se enfrentan ahora muchos países latinoamericanos.

En otros países, las protestas han disminuido, pero la mayoría de los observadores creen que esto se debe principalmente a la necesidad de distanciamiento social debido al COVID-19. De hecho, la pandemia puede haber enfriado las protestas a corto plazo, pero los observadores prevén que, con el tiempo, hará que los agravios subyacentes, y la propia desigualdad generalizada, empeoren drásticamente.

Consciente de la profunda rabia social ante la desigualdad y la muerte, y luchando desesperadamente por mantener su posición privilegiada en el capitalismo, la aristocracia financiera está intentando convertir en chivos expiatorios a los niños inmigrantes por las muertes masivas que fueron un resultado deliberado de la propia política parasitaria de la clase dominante.

Solo una clase que vive como un cáncer en la sociedad podría hacer argumentos tan depravados. La clase obrera internacional debe activar su profundo poder social y transformar la sociedad sobre una base socialista igualitaria. Esto requiere la lucha política consciente por la unidad de los trabajadores de todas las razas y nacionalidades, independientemente de su estatus migratorio.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de marzo de 2021)