El sábado hubo en Brasil una segunda ronda de manifestaciones masivas a nivel nacional contra el gobierno del presidente de tipo fascista Jair Bolsonaro y su respuesta a la pandemia de COVID-19. Las manifestaciones fueron todavía mayores que las del pasado 29 de mayo, y esta vez reunieron, según sus organizadores, a 750.000 personas en las capitales de todos los estados así como en muchas otras ciudades brasileñas, y hasta de otros países.

Lo que hizo que cientos de personas salieran a las calles se expresó gráficamente en el siniestro hito de las 500.000 muertes por COVID-19 a las que llegó Brasil también el sábado. La asombrosa cifra de muertes por la pandemia es el resultado de una política consciente de asesinato social que sigue en su apogeo.

Desde principios de 2021, Brasil ha estado experimentando una agobiante ola de casos y muertes por COVID-19. Más de 300.000 muertes y 10 millones de casos se registraron en los seis primeros meses de este año solamente.

Esta explosión de contagios fue impulsada, en primer lugar, por la adopción generalizada de la política de la reapertura total de las actividades económicas y las escuelas en oposición a las recomendaciones de los expertos en salud pública y que sirven los intereses de la ganancia capitalista. También, un factor importante fue la difusión de la variante P.1 más contagiosa del coronavirus, que apareció en Amazonas, en sí mismo producto de los experimentos de la clase gobernante con la inmunidad de grupo.

Esta difusión salvaje del coronavirus causó el desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos en cada Estado brasileño, lo que llevó a "el mayor colapso sanitario y hospitalario en la historia de Brasil", según la institución de salud pública Fiocruz. Entre finales de marzo y principios de abril, el país alcanzó promedios de más de 3.000 muertes diarias y estableció el récord de 4.200 muertes en un solo día.

Las muertes masivas y las condiciones inhumanas a las que son sometidos muchos pacientes —muriendo mientras esperan una cama de UCI o asfixiados por la falta de oxígeno medicinal— tuvo un fuerte impacto en la consciencia de grandes sectores de la población brasileña. En las manifestaciones del sábado, una vez más, muchos de los manifestantes llevaban pancartas con el nombre de allegados y amigos que murieron por COVID-19, muertes por las que culpan directamente a la política homicida de Bolsonaro.

La pandemia descontrolada en Brasil ha tenido un impacto homicida en sus vecinos sudamericanos. Uruguay, por ejemplo, al sur de la frontera de Brasil, después de una primera ola relativamente controlada en 2020, está teniendo una explosión de casos impulsada por la variante P.1 y la política de reapertura que llevó al país en abril al mayor número de muertes diarias per capita en toda Sudamérica. Países como Perú, Bolivia y Venezuela, que tienen frontera con Brasil al oeste y al norte, también han visto un aumento de los casos como resultado de la variante brasileña.

Colombia y Paraguay, países que también han sido sacudidos por manifestaciones masivas en oposición a la gestión desastrosa de la pandemia por parte de sus gobiernos, están experimentando horribles colapsos hospitalarios que los médicos atribuyen en gran medida a las dificultades en gestionar la nueva variante brasileña.

Después de algunas semanas de disminución de casos y muertes, Brasil está experimentando de nuevo otro aumento en las cifras. El país está en un momento extremadamente crítico en el desarrollo de la pandemia. Instituciones tales como Fiocruz y destacados científicos afirman que Brasil está entrando en una tercera ola potencialmente más devastadora de la pandemia.

En una entrevista la semana pasada con O Globo, el neurocientífico Miguel Nicolelis, que había predicho precisamente que Brasil llegaría a promedios de más de 4.000 muertes por día y que superaría las 500.000 muertes para julio, una vez más advirtió de que si no se tomaban medidas inmediatamente para cerrar estrictamente las actividades económicas y controlar efectivamente el virus, "Sobrepasaremos a los EEUU y pasaremos a ser el país con el mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo, aunque tenemos una población menor".

Describiendo la situación actual en Brasil, Nicolelis citó como factores críticos: el "colapso hospitalario que no ha sido remediado", las "múltiples variantes del virus que entran en el país", el lento progreso de la vacunación, y el relajamiento de las medidas de aislamiento, simbolizadas de manera grotesca por la celebración de la Copa América de fútbol en el país.

Todos los elementos malignos de la respuesta política a la pandemia que causó 500.000 muertes en Brasil e incontables más en el continente siguen siendo criminalmente implementados por parte de la élite gobernante brasileña.

El fascistizante Bolsonaro, con sus llamamientos sociópatas por la continuación de la reapertura económica sin importar cuántas muertes cause, expresa esta política de la manera más tajante. Pero ningún partido político del establishment político brasileño ofrece una alternativa consistente a la perspectiva sombría de la pandemia prevista por Nicolelis y otros científicos.

Esto ha quedado expuesto por el fracaso total de los estados gobernados por el Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados, el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido Comunista del Brasil (PCdoB) en controlar la pandemia. En cambio, todos ellos han continuado promocionando la reapertura insegura de las actividades económicas y de las escuelas.

Las manifestaciones de masas que han estado teniendo lugar durante las últimas semanas en Brasil expresan el crecimiento de una oposición social incontrolable en el país. Como respuesta, la supuesta oposición a Bolsonaro dentro del establishment político está intentando desesperadamente desviar esta ira para que no entre en colisión con el sistema político capitalista.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) establecida para investigar el manejo del gobierno de la pandemia se está esforzando por presentarse como un ajuste de cuentas definitivo con los crímenes cometidos por el Estado brasileño a lo largo del año pasado. Destacados miembros del CPI han publicado una nota como respuesta al hecho de superar las 500.000 muertes (claramente como respuesta a la presión de las manifestaciones de masas). Dice "No llegamos por casualidad a este escenario devastador e inhumano. Hay elementos culpables y ellos, en lo que concierne al CPI, serán castigados de manera ejemplar".

Al mismo tiempo, el PT y sus aliados que convocaron las manifestaciones el 29 de mayo y el sábado están esforzándose por desviar estas manifestaciones hacia llamamientos vacíos al Estado, subordinándolas a una alianza política con las fuerzas más reaccionarias de la burguesía para reemplazar a Bolsonaro.

Las manifestaciones del sábado pasado quedaron marcadas, además del número aumentado de manifestantes, por los esfuerzos redoblados de sus dirigentes por transformarlas en mítines políticos con el objetivo de prepararse para las elecciones de 2022.

El expresidente Luís Inácio Lula da Silva, del PT, quien está siendo promocionado como el candidato más probable para enfrentarse a Bolsonaro en las próximas elecciones, consideró públicamente participar en las manifestaciones. Aunque, en una maniobra escenificada, se mantuvo alejado para no transformar "un acto político en un acto electoral". En cambio, envió para este mismo propósito a Fernando Haddad del PT, quien perdiera las elecciones presidenciales de 2018 ante Bolsonaro.

El dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Guilherme Boulos, que está estrechamente vinculado a las maniobras electorales del PT y la formación de alianzas con las fuerzas políticas derechistas contra Bolsonaro, también estuvo presente y habló en la manifestación en San Pablo.

Además de la presencia del PT, con sus dirigentes y simpatizantes con banderas en las manos, las manifestaciones del sábado también tuvieron una participación por parte de la Central Unificada de los Trabajadores (CUT —que está controlada por el PT), y otras federaciones sindicales, que esta vez respaldaron formalmente las manifestaciones.

La participación de los sindicatos fue una respuesta ansiosa al crecimiento de una oposición política dentro de la clase trabajadora, que estas organizaciones reaccionarias subordinadas al capitalismo están intentando suprimir desesperadamente.

Esto quedó expuesto por las maniobras burocráticas por parte de los sindicatos a desmovilizar a los trabajadores en vísperas de las manifestaciones. El 18 de junio, el día anterior a las manifestaciones, los sindicatos convocaron un "día nacional de movilización en los lugares de trabajo". La "movilización" fue un fraude completo. A pesar de los ataques inmensos a los que se enfrentan los trabajadores, que alimentaron las luchas recientes en diferentes sectores de la clase trabajadora, los sindicatos abiertamente se negaron a defender una huelga ese día.

El presidente de Fuerza Sindical (Força Sindical —la segunda mayor federación en Brasil), Miguel Torres, le dijo a Carta Capital que el "asunto de la huelga es muy polémico". Torres declaró que "no ve las condiciones para una huelga, a causa de la pandemia, el alto desempleo y las suspensiones de contratos". Es decir, ¡los mismos asuntos que empujan a los trabajadores a la lucha impiden cualquier acción!

Los sindicatos están continuando lo que han estado haciendo sistemáticamente a lo largo de la pandemia: colaborando por mantener abiertos los lugares de trabajo, saboteando las huelgas y las luchas de los trabajadores, y obligándolos a seguir generando ganancias para la clase capitalista sin importar los peligros mortales planteados por la pandemia.

Este papel reaccionario de los sindicatos se une a los esfuerzos del PT, el PSOL y sus satélites pseudoizquierdistas por impedir que la oposición social se desarrolle en un camino capaz de confrontar verdaderamente la pandemia de COVID-19 y los problemas sociales de la clase trabajadora, que implica confrontar los intereses de la clase capitalista y su Estado.

Estas fuerzas políticas se esfuerzan por impedir que los trabajadores brasileños reconozcan la identidad de sus intereses con los de sus hermanos y hermanas de clase en toda América Latina y el mundo.

Una respuesta científica a la pandemia de COVID-19 no puede ser efectiva en el marco de un solo país. Tanto la lucha por parar el coronavirus, que cruza fronteras sin necesidad de pasaporte, y una campaña efectiva por vacunar a toda la población son esencialmente cuestiones globales. Su realización es imposible sin una lucha contra el sistema capitalista del Estado-nación y la propiedad privada, y sin plantear políticas socialistas.

Esta tarea política requiere la movilización política independiente de la clase trabajadora dirigida por un partido socialista revolucionario e internacionalista, una sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).

(Publicado originalmente en inglés el 20 de junio de 2021)