Este miércoles, la vista oral sobre el aborto ante la Corte Suprema de EE.UU. demostró lo cerca que está el tribunal de anular este derecho democrático fundamental, lo que tendría consecuencias políticas colosales.

Hay dos generaciones de estadounidenses que no tienen ninguna experiencia del mundo antes de Roe vs. Wade, cuando un aborto era un proceso secreto y frecuentemente criminalizado, acabando a veces en mutilaciones o incluso la muerte. El derecho de las mujeres para tomar tales decisiones era subordinado a las actividades reaccionarias de la policía, los sacerdotes y los políticos. Reaccionarán con una ira justificada a este intento de girar hacia atrás las agujas del tiempo.

La audiencia subrayó el papel de una facción clerical reaccionaria de la élite gobernante estadounidense, aliada estrechamente con fuerzas fascistizantes encabezadas por el expresidente Donald Trump. El predominio de católicos derechistas en el máximo tribunal —Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y el juez presidente John Roberts— tiene una relevancia particular en la cuestión de los abortos, ya que impondrán un dogma religioso en violación flagrante a la separación de la Iglesia y el Estado.

Estos cinco jueces, además del designado por Trump, Neil Gorsuch, han decidido claramente respaldar la ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de que el embarazo alcance las 15 semanas. Los seis jueces hicieron pocas preguntas y parecieron en gran medida indiferentes a los argumentos que se esgrimían. Su principal preocupación era si el caso debía utilizarse para derogar inmediatamente la histórica sentencia de 1973, o si se debía confirmar la ley de Mississippi por motivos más limitados, sin derogar por ahora oficialmente el fallo de Roe .

Esto lograría el mismo objetivo un poco más lentamente, ya que aboliría la norma establecida por Roe y la decisión de seguimiento de 1992 en Planned Parenthood vs. Casey, que defendió el derecho al aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero, aproximadamente a las 23 semanas.

Si la viabilidad del feto ya no es la norma, no hay ninguna razón judicial por la que el límite de 15 semanas establecido por el caso Mississippi no pueda reducirse aún más, a 12 semanas, ocho semanas o incluso seis semanas, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Un “límite” de seis semanas sería esencialmente lo mismo que una prohibición total.

Gran parte de la audiencia se dedicó a que los tres miembros liberales moderados que completan el tribunal expresaran su preocupación por que la institución quede desacreditada a los ojos del pueblo estadounidense, que apoya mayoritariamente el derecho al aborto. (Los sondeos de opinión realizados en la víspera de la audiencia revelaron que una gran mayoría se oponía a la derogación de Roe v. Wade, alcanzando un 75 por ciento en una encuesta de ABC/ Washington Post ).

Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor advirtieron que el tribunal estaba tomando una medida sin precedentes al amenazar un derecho democrático con el que han contado millones de personas durante los últimos 50 años, y que lo hacía solo porque la composición del tribunal ha cambiado, no por un cambio en la naturaleza del asunto o en el sentimiento público.

La crítica más aguda vino de Sotomayor, que citó las declaraciones de los legisladores del estado de Mississippi, declarando abiertamente que habían aprobado la ley de las 15 semanas “porque tenemos nuevos jueces”. Preguntó: “¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos? No veo cómo es posible”.

La composición del tribunal es en sí una manifestación de la decadencia de la democracia estadounidense, que estuvo al borde del colapso el pasado 6 de enero cuando Trump intentó anular las elecciones de 2020 y mantenerse en el poder.

El propio Trump nombró a tres de los seis miembros de la mayoría ultraderechista del tribunal. La nueva jueza, Amy Coney Barrett, fue instalada solo unos días antes de las elecciones, mientras Trump declaraba abiertamente que no acataría los resultados y contaba con Barrett para impugnar la elección de Biden en la Corte Suprema.

Neil Gorsuch fue nombrado para un puesto que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, mantuvo abierto durante nueve meses, insistiendo en que Barack Obama no tenía derecho a cubrir una vacante durante un año de elecciones presidenciales, un precedente que repudió cínicamente para impulsar la nominación de Amy Coney Barrett por parte de Trump cuatro años después.

El Partido Demócrata no llevó a cabo ninguna oposición seria a ninguna de las nominaciones de Trump. Protestaron impotentemente contra Gorsuch. Desviaron las audiencias para Brett Kavanaugh, el segundo candidato de Trump, detrás de una distracción al estilo #MeToo (#AMiTambién), mientras evitaban cualquier discusión sobre sus opiniones de derecha y su papel en la conspiración para destituir a Bill Clinton.

Este proceso alcanzó su punto más bajo con Barrett, la profesora de derecho afiliada a una sociedad secreta católica reaccionaria, que sustituyó a Ruth Bader Ginsburg. Dado que no había ninguna lógica en la política de identidades para oponerse a la sustitución de una mujer por otra mujer y que los demócratas estaban ocupados encubriendo la conspiración en curso de Trump para anular las elecciones, simplemente se mantuvieron al margen mientras el tribunal se desplazaba bruscamente hacia la derecha.

Los demócratas han pasado las últimas dos décadas acomodándose y adaptándose a la ofensiva de la derecha contra el derecho al aborto. El New York Times —una publicación casi oficial del Partido Demócrata— marcó el inminente ataque al derecho al aborto publicando y destacando una perorata de Ross Douthat, bajo el título “El argumento contra el aborto”.

El derecho al aborto es una cuestión de clase. A pesar de todos los lamentos de los demócratas, su base social en la clase media-alta no se siente excesivamente afectada por la posibilidad de la derogación de Roe v. Wade. Las mujeres con dinero seguirán teniendo acceso al aborto si lo desean. Pueden viajar fácilmente a California o al noreste, donde seguirá siendo legal, o incluso a Canadá y Europa.

La cuestión es muy diferente para las mujeres de clase trabajadora del sur, el centro del país y otros estados donde el aborto se vería severamente restringido o directamente ilegalizado en caso de una derogación del caso Roe. Incluso ahora, las mujeres de bajos ingresos en esos estados tienen grandes dificultades para obtener un aborto: en Mississippi, por ejemplo, solo hay una clínica que ofrece abortos en todo el estado.

En Texas, la nueva ley estatal que autoriza las demandas civiles por cualquier aborto practicado después de las seis semanas de embarazo ha eliminado prácticamente el acceso a los servicios de aborto en el segundo estado más grande de EE.UU., obligando a las mujeres a conducir cientos de kilómetros hasta Oklahoma, Luisiana o Nuevo México, con el riesgo de perder sus empleos por el tiempo de baja y a un coste elevado.

Las cifras presentadas a la Corte Suprema en los informes amicus y durante los alegatos orales documentan las dificultades de las mujeres trabajadoras. Una de cada cuatro mujeres intentará abortar a lo largo de su vida, y de ellas, el 75 por ciento tiene bajos ingresos, el 59 por ciento ya tiene hijos, y el 55 por ciento sufre acontecimientos vitales perturbadores, como la pérdida de un trabajo o de la pareja, que son factores que influyen en su decisión de interrumpir el embarazo.

Las fuerzas políticas de extrema derecha que se están movilizando para destruir el derecho al aborto son las mismas que han desempeñado un papel destacado en la exigencia del fin de todas las restricciones a la pandemia del COVID-19 y que estuvieron a punto de establecer una dictadura fascista con el intento de golpe de Estado del 6 de enero.

Los demócratas han capitulado ante estas fuerzas políticas una y otra vez: han aceptado totalmente las exigencias de reapertura de las escuelas y el abandono de otras restricciones por la pandemia, y han tratado de encubrir el papel de sus “colegas” republicanos en la intentona golpista del 6 de enero.

La lucha por la defensa del derecho al aborto no puede llevarse a cabo a través de los partidos políticos que representan a cualquier facción de la oligarquía capitalista o de la clase media-alta acomodada. Como todos los derechos democráticos, requiere la movilización de la clase obrera como fuerza política independiente en oposición a la clase dominante y al sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 1 de diciembre de 2021)