El 14 de marzo, los transportistas de la capital peruana, Lima, su principal puerto marítimo, El Callao, y Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú, empezaron a bloquear las carreteras, en protesta por las fuertes subidas de los precios del combustible.

Se convocó una huelga de 200 empresas de transporte para el 17 de marzo, que paralizaría la actividad económica en Lima y Callao.

Los transportistas de carga pesada convocaron una huelga en Arequipa, que amenaza con perturbar la economía en el sur del país.

A pesar de pagar un 40 por ciento más por el combustible, también se han visto obligados a asumir un impuesto sobre la propiedad de los vehículos de carga equivalente a unos 18.000 soles por camión (casi 5.000 dólares). Además, la actividad comercial ha caído un 50 por ciento, por lo que el transporte pesado ya no es rentable.

Ante el temor de que el conflicto laboral se extienda a otros sectores y encienda la lucha de clases en Perú, el gobierno prorrogó el estado de emergencia por 45 días más en Lima y Callao, autorizando a la policía nacional y al ejército a mantener el 'orden interno', y la continuación de la suspensión de los derechos constitucionales en cuanto a la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

El gobierno se dirigió rápidamente a los dirigentes de los sindicatos de trabajadores del transporte para cortar de raíz la huelga de transportes, que acordaron un respiro de dos semanas de actividad huelguística. El domingo 20, el gobierno y los sindicatos del transporte llegaron a un acuerdo. Este establecía que el gasóleo se incluiría en el fondo de estabilización del precio de los combustibles del gobierno, pero parece que poco más se consiguió.

Las luchas que tienen lugar en las gigantescas minas de cobre Las Bambas y Southern están contribuyendo a una economía ya deteriorada.

Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo; las dos empresas representan cerca de un tercio de la producción nacional de cobre. Su producción combinada se redujo aproximadamente un 27 por ciento en los dos primeros meses de este año.

Las Bambas es una transnacional china propiedad de MMG valorada en más de 5.000 millones de dólares. A mediados de enero detuvo sus operaciones, debido a que los residentes locales bloquearon la carretera a la mina, exigiendo contribuciones financieras de la empresa. Se trata de un conflicto permanente entre la empresa y las comunidades indígenas, por cuyas tierras pasa la carretera.

La mina de Cuajone de Southern Copper, la segunda más grande del país, valorada en 7.900 millones de dólares y con 5.000 empleados, es propiedad de un consorcio de empresas mexicanas, Grupo México S.A.B. de C.V.

El 28 de febrero, los manifestantes locales, que exigían una indemnización de 5.000 millones de dólares y una participación del 5 por ciento en los beneficios de la empresa, bloquearon el acceso de ésta a un depósito de agua y a otros suministros clave. El 15 de marzo los mineros decidieron suspender las operaciones en la mina durante 15 días.

En 2021, el PIB de Perú creció un 13 por ciento. Esto se debió en gran medida a la reapertura de la economía, que tuvo el coste de eliminar las medidas contra la pandemia.

A inicios de 2022, el Banco Central de Reserva (BCR) proyectaba un crecimiento anual de 3,5 a 4 por ciento. Ahora ha reducido esta cifra a menos del 2 por ciento.

El aumento de los tipos de interés, los problemas inflacionistas en Estados Unidos y los efectos de la guerra en Ucrania son los principales factores de tensión económica. Según el economista jefe del banco español BBVA, Hugo Perea, 'la propia inflación está deteriorando el poder adquisitivo'. El diario de negocios Gestión señala que un barómetro del 'deterioro de la economía peruana es el bajo consumo de las tarjetas de crédito y débito, especialmente en alimentos, salud, educación y entretenimiento'.

Según el BCR, las cifras anualizadas del gobierno para la canasta familiar indican que la inflación de los bienes para el último bimestre fue de 5,1 por ciento. Entre los principales, se encuentran los alimentos y bebidas con 8,2 por ciento y los electrodomésticos con 7,1 por ciento. Afectando aún más a la canasta familiar, la inflación de los servicios fue del 2,5 por ciento, siendo el principal los 'alimentos fuera del hogar', con un 8,6 por ciento.

La inflación de bienes y servicios palidece cuando se compara con las tasas anuales de inflación de la energía, con un aumento del 21 por ciento anual de la gasolina, del 8 por ciento del gas doméstico y del 11 por ciento del gasóleo.

Sin duda, las cifras del gobierno subestiman la realidad. Un reportero del WSWS entrevistó a la propietaria de un pequeño puesto de comida, que atendía a los trabajadores en la pausa del almuerzo. Ella dijo al WSWS:

'Un kilo de pollo había subido de 8,3 a 9 soles en 7 meses (un aumento anual de 15 por ciento); el pan de 20 centavos a 40 centavos en un año (100 por ciento); un saco de arroz de 135 soles a 174 soles en un año (29 por ciento); un kilo de ají rocoto más del doble en una semana, de 6 soles a 14 soles; un kilo de limones de 3. 5 a 4 soles (71 por ciento); un kilo de zanahorias de 1,5 a 2 soles, un aumento del 33 por ciento en un día; el aceite de 6 a 11 soles en 6 meses (236 por ciento), el azúcar de 130 a 150 soles en una semana; y la carne de churrasco de 20 a 25 soles en 6 meses (56 por ciento anual).

Hay otros índices del deterioro de la situación económica de Perú. Inicialmente, la agencia calificadora Fitch dijo que la 'creciente volatilidad política en Perú fue la clave para la decisión de eliminar la perspectiva positiva de la credibilidad de la política macro y fiscal del país en su calificación', lo que llevó a una rebaja a 'BBB/Estable'. Esta semana ha anunciado la posibilidad de volver a rebajar la calificación de Perú de 'Estable' a 'Negativa'. Como consecuencia, los préstamos en moneda extranjera al gobierno peruano y a las empresas nacionales serán notablemente más caros.

La República anunció que 'S&P rebajó la calificación de riesgo en dólares de Petroperú a 'BB+' y colocó a la empresa estatal en su lista de revisión especial con perspectiva negativa'. Es decir, una de las empresas más importantes del Estado tiene ahora una calificación de 'bono basura'.

Este deterioro económico se produce en el momento en que un gobierno y una clase dirigente ya están sumidos en una profunda crisis.

Pedro Castillo asumió la presidencia el 28 de julio del año pasado, tras derrotar a la ultraderechista y corrupta Keiko Fujimori de Fuerza Popular en una reñida contienda. Su índice de aprobación ha caído rápidamente, y ahora ronda el 25 por ciento.

El 14 de marzo, el Congreso peruano aprobó una moción para destituir a Castillo por presunta corrupción, con 76 votos a favor, 41 en contra y 1 abstención. La destitución requiere 87 o dos tercios de los votos. El Congreso ha citado a Castillo para que comparezca en un juicio político el 28 de marzo.

El 15 de marzo, en un discurso de una hora, Castillo rechazó las acusaciones de corrupción. Dijo al Congreso que todos los poderes del Estado están en crisis en este momento. 'Perú atraviesa una crisis institucional sin precedentes', dijo Castillo. 'Enviaremos al Congreso de la República un conjunto de reformas que nos permitan superar esta crisis estructural', continuó.

Castillo, x profesor y líder sindical del magisterio, se hizo pasar por un populista de izquierda en su campaña presidencial, cosechando un amplio apoyo de la pseudoizquierda internacional. Sin embargo, una vez en el cargo, viró bruscamente hacia la derecha. No perdió la oportunidad de alabar a los militares peruanos. En el pasado Castillo movilizó a la policía y el ejército para reprimir a los mineros de Las Bambas y movilizaciones estudiantiles en las calles de Lima.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de marzo de 2022)