El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EE.UU. encargado de investigar el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 llevado a cabo por el expresidente Donald Trump comenzará una serie de seis audiencias públicas a partir del jueves. Estas audiencias se producen 17 meses después de que Trump y sus aliados republicanos encabezaran un ataque fascistizante contra el Congreso para bloquear la certificación de los resultados electorales del 20202 y derrocar la Constitución.

La semana pasada, el Departmento de Justicia anunció que no presentaría cargos contra Mark Meadows, el jefe de personal de Trump y uno de los principales arquitectos de la intentona golpista, ni contra Dan Scavino, el jefe adjunto de personal de Trump. Luego, el lunes, Enrique Tarrio, expresidente de los Proud Boys, y cuatro otros miembros del grupo de extrema derecha fueron sometidos a cargos de conspiración sediciosa.

Así es como los demócratas quieren que procedan las audiencias: si bien se imputará a un puñado de soldados rasos fascistas y figuras insignificantes en el golpe, los líderes en el Partido Republicano que organizaron y encabezaron la conspiración quedarán libres.

El principal objetivo político del Partido Demócrata en las audiencias del 6 de enero es resguardar la legitimidad del Partido Republicano como instrumento de dominio de clase presentando un relato que omite el papel de prácticamente toda la institución, además de importantes sectores de la policía, el ejército y las agencias de inteligencia, en facilitar el ataque al Congreso. El objetivo, como lo han insistido repetidamente el presidente Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es mantener un “Partido Republicano fuerte”.

Tanto Meadows como Scavino se han rehusado por meses a acatar las citaciones del comité. Ambos estuvieron profundamente involucrados en el golpe de Estado de Trump. Ahora se unen al escape de Trump y sus cómplices republicanos de una rendición de cuentas por haber intentado derrocar el Gobierno, un año y medio después de los hechos.

Aunque Meadows cooperó brevemente con el comité el año pasado, incluyendo la entrega de miles de mensajes de texto incriminatorios que revelaban que la trama de Trump se extendía al Congreso, la Corte Suprema y a las principales cadenas de noticias como Fox News, varios miembros del comité como el legislador republicano de Illinois, Adam Kinzinger, han declarado públicamente que hay enormes lagunas en los mensajes de texto.

Algunas de estas lagunas incluyen los mensajes entre Meadows y la operadora republicana por excelencia Virginia “Ginni” Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. El hecho de que Ginni Thomas no haya sido citada por la comisión echa por tierra cualquier pretensión de que sus conclusiones representen un relato completo de los hechos.

Los únicos asesores de alto nivel de Trump que han sido acusados por el Departamento de Justicia hasta ahora son Steve Bannon y el recientemente imputado Peter Navarro. Al igual que Meadows y Scavino, ambos se han negado a cumplir con las citaciones emitidas por el Comité Selecto del 6 de enero.

Aunque el Partido Demócrata y algunos sectores del Partido Republicano opuestos a Trump han presentado las audiencias como una oportunidad para exponer la magnitud del ataque, en realidad su respuesta al 6 de enero ha apuntado a encubrir los orígenes sociales y políticos del golpe y la complicidad de grandes sectores del aparato estatal. De una forma u otra, el comité tratará de perpetuar este encubrimiento.

Antes de las audiencias, salieron a relucir más detalles que documentan el papel de los republicanos de Georgia en apoyo del golpe. El lunes, el Washington Post reveló la existencia de un correo electrónico enviado el 13 de diciembre de 2020 por Robert Sinners, un empleado de la campaña de Trump, a los republicanos de Georgia que planeaban reunirse en el Capitolio del estado al día siguiente para presentar una lista fraudulenta de electores.

En el correo electrónico, Sinners dijo a los 16 republicanos que debían llevar a cabo sus asuntos en secreto y ejercer “total discreción en este proceso.” Sinners dijo que en “ningún momento debían mencionar nada que tuviera que ver con los electores presidenciales ni hablar con los medios de comunicación”, informó el Post .

Georgia fue uno de los siete estados ganados por Biden en los que los electores republicanos se reunieron el 14 de diciembre de 2020 para firmar certificados en los que afirmaban que Trump era el legítimo ganador, a pesar del recuento real de votos y de que los funcionarios electorales ya habían certificado los resultados de las elecciones para Biden. El hecho de que Sinners sugiriera a los republicanos no alertar a nadie de su actividad habla de la ilegalidad de lo que se estaba llevando a cabo.

La existencia de estos electores falsos, en la mente de Trump y sus cómplices republicanos, era un pretexto suficiente para que el entonces vicepresidente Mike Pence rechazara unilateral e inconstitucionalmente a los electores de Biden de esos estados. Después de que ese rechazo de los electores hubiera impedido que Biden obtuviera los 270 votos electorales necesarios, la elección habría sido arrojada a la Cámara de Representantes, donde Trump habría sido declarado finalmente el ganador.

Con el fin de dar a Pence el “valor” para anular la elección, Trump y sus cómplices republicanos convocaron a los partidarios de la extrema derecha para que acudieran al Capitolio a la manifestación “Alto al robo” el 6 de enero.

Un artículo separado publicado el martes por el Post informaba de que el Servicio Secreto “había rechazado... casi dos semanas de presión persistente de Trump... para idear un plan para que se uniera a sus partidarios en una marcha al Capitolio”. Aunque aparentemente el Servicio Secreto aún no había ideado un plan, una vez que Trump declaró su intención de unirse a la multitud, la agencia “trató de acomodar al presidente”.

El hecho de que Trump estuviera acosando al Servicio Secreto durante al menos dos semanas para que le proporcionara un plan de seguridad que le permitiera marchar al Capitolio para ayudar a bloquear la certificación de las elecciones es la última exposición de las mentiras de las agencias de inteligencia de que el golpe de Trump fue imprevisto.

El mensaje central de Biden y los demócratas desde los acontecimientos del 6 de enero ha sido la “unidad”, con lo que quieren decir la unidad dentro de la clase gobernante sobre la base de la guerra en el extranjero y el asalto a la clase trabajadora en casa. Siguen buscando esta unidad a pesar de que el Partido Republicano votara en contra de imputar a Trump en su juicio político y, más recientemente, votara a favor de calificar el ataque al Capitolio como “discurso político legítimo”.

La negativa del Gobierno de Biden y del Departamento de Justicia a hacer que Trump y sus cómplices rindan cuentas tiene su origen en sus intereses de clase compartidos. Ambos partidos están a la orden de Wall Street y del complejo militar-industrial.

Un interés central del Partido Demócrata es la guerra. Como proclamó Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, “El año pasado, COVID-19 nos mantuvo separados. Este año, por fin estamos juntos de nuevo” en la escalada del conflicto con Rusia en Ucrania.

Mientras que muchos trabajadores y jóvenes estadounidenses votaron por Biden debido a que odiaban justificadamente a Trump y por las promesas de Biden de “acabar con la pandemia”, desde que asumió el cargo, Biden, un servidor de los bancos de Wall Street a lo largo de toda su carrera política, ha rechazado prácticamente todas sus promesas de campaña.

Biden y los demócratas han adoptado las políticas de “inmunidad colectiva” (de rebaño) de Trump y han puesto fin a todas las medidas de mitigación contra el COVID-19 y a los programas de desempleo relacionados con la pandemia. Aunque supuestamente no hay dinero para luchar contra la pandemia, Biden y los demócratas, de forma “bipartidista” con sus cómplices de la burguesía, asignaron miles de millones este año para la policía y el ejército, incluyendo unos 59.000 millones de dólares como parte de la guerra instigada por Estados Unidos y la OTAN contra Rusia.

Desde el 6 de enero de 2021, Biden y el Partido Demócrata han tratado de encubrir el papel de todo el Partido Republicano y de grandes sectores del Gobierno estadounidense en el golpe de Trump.

La incapacidad del Partido Demócrata para defender los derechos democráticos ante un Partido Republicano cada vez más fascistizante subraya que la única fuerza social capaz de detener el peligro de la dictadura es la clase obrera, movilizada independientemente de los dos partidos del capital y armada con una perspectiva socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 7 de junio de 2022)