El 2 de junio, el Sozialistische Gleichheitspartei (SGP, Partido Socialista por la Igualdad) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la vigilancia y las difamaciones del Servicio Secreto.

El SGP está apelando ante la Corte Suprema después de que el Tribunal Administrativo de Berlín fallara que la vigilancia del SGP por parte del Servicio Secreto es apropiada porque, como sentenció, las críticas de la izquierda al capitalismo son inconstitucionales en Alemania.

El fallo del Tribunal Administrativo de Berlín citó explícitamente y se basó en un argumento autoritario que evoca las leyes antisocialistas de Bismarck y la criminalización nazi del pensamiento.

La apelación del SGP tiene una importancia política enorme porque el Gobierno y los tribunales están intentando dar un ejemplo con el SGP. Ante la guerra por delegación del Gobierno alemán contra Rusia, el mayor rearme desde Hitler y los feroces ataques a los trabajadores por medio de una inflación desenfrenada, impago de salarios y despidos masivos, el objetivo es silenciar a cualquiera que se pronuncie contra estas políticas agresivas de clase o incluso que las llame por lo que son.

Si la Corte Suprema sigue los pasos del Gobierno y el fallo del tribunal inferior, constituirá un paso hacia la dictadura. Todas las huelgas de los trabajadores, todas las protestas contra el rearme y todas las manifestaciones contra la extrema derecha serán calificadas como anticonstitucionales y prohibidas. El fallo contra el SGP ya fue aplicado casi como una copia textual en un fallo contra el diario de izquierda junge Welt.

Por eso llamamos a todos los que quieran defender los derechos democráticos y contrarrestar el peligro de la derecha a que apoyen el recurso de inconstitucionalidad del SGP. Firmen nuestra petición en change.org, pónganse en contacto con el World Socialist Web Site y compartan esta declaración entre sus amigos y conocidos.

Las acciones contra el SGP

El SGP fue calificada por primera vez como una “organización extremista de izquierda” en el reporte anual del Verfassungsschutz (Servicio Secreto) en junio de 2018. Esta etiqueta a un partido va de la mano de su vigilancia por parte de las agencias de inteligencia y representa un ataque fundamental a sus derechos democráticos. Es el precursor de su prohibición.

No se ha presentado ningún cargo penal contra el SGP por ningún acto violento ni por llamar a que se lleven a cabo tales actos. De hecho, el Gobierno y los tribunales han confirmado que el partido avanza su objetivo de ganar el apoyo de la mayoría de la población a las ideas socialistas exclusivamente por medios legales, como la participación en elecciones o la celebración de eventos públicos. Las acciones llevadas a cabo contra el SGP fueron justificadas exclusivamente por sus ideas socialistas y su rechazo al militarismo y el nacionalismo.

Este ataque fundamental a los derechos democráticos del partido provino de las redes extremistas de derecha dentro del aparato estatal. El entonces presidente del Verfassungsschutz, Hans-Georg Maassen, es abiertamente un extremista de derecha. No solo orquestó el ataque contra el SGP, sino que también profirió una perorata sobre fuerzas radicales de izquierda en el Partido Socialdemócrata (SPD, siglas en alemán), asesoró al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y defendió las cacerías de brujas contra refugiados.

Mientras las máximas autoridades encubren las redes terroristas de extrema derecha dentro del aparato estatal, todos los partidos de la élite política buscan congraciarse con la fascista AfD y el Verfassungsschutz emprende contra cualquiera que se oponga a las actividades de la derecha. El SGP terminó siendo un blanco de esta conspiración derechista porque se encuentra en la primera línea de la lucha contra el regreso del militarismo alemán y ofrece una perspectiva socialista a la creciente oposición de los trabajadores.

En 2014, cuando el Gobierno anunció el “fin de la moderación militar de Alemania” y apoyó el golpe de Estado antirruso en Ucrania, el SGP se opuso a este resurgimiento de la política de gran potencia alemana y libró una vigorosa campaña contra la trivialización en las universidades de los crímenes nazis. Esta campaña tuvo una fuerte respuesta que fue más allá de Alemania. Los principales medios de comunicación en el país luego libraron una inaudita campaña de calumnias contra los “trotskistas muy efectivos” (en las palabras del Frankfurter Allgemeine Zeitung). A esto le siguió la incorporación del SGP en el reporte anual del Verfassungsschutz en 2018.

Los últimos acontecimientos confirman la importancia de la lucha del SGP y muestran de qué se trata realmente. Los tanques alemanes vuelven a rodar contra Rusia, la Bundeswehr se equipa con el tercer presupuesto militar más grande del planeta, el coste de la guerra recaerá sobre la clase trabajadora y se va a silenciar a cualquiera que se oponga a ello. El retorno del militarismo es incompatible con los derechos democráticos de la población en general.

Por eso el Gobierno ha apoyado completamente al Verfassungsschutz. Cuando el SGP presentó una demanda contra su inclusión en el informe anual del Verfassungsschutz, el Ministerio del Interior reaccionó con un escrito de 56 páginas, que no era tanto un documento legal como una furiosa diatriba contra las ideas socialistas que bien pudo haber sido redactado desde la sede de la AfD. En él, el Gobierno declara anticonstitucional toda política que se refiera a los antagonismos objetivos de clase, critique al ejército y a los servicios secretos como antidemocráticos o se refiera positivamente a Marx, Engels, Lenin o Trotsky.

El 13 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Berlín apoyó plenamente esta argumentación autoritaria e incluso fue más allá. El 9 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo Superior también rechazó el recurso del SGP contra esta sentencia y confirmó los ataques autoritarios y dictatoriales contra los derechos democráticos básicos. La sentencia y su confirmación carecen de toda base legal y tienen una motivación puramente política.

Lo que el Gobierno y los tribunales quieren prohibir

El Gobierno y los tribunales están reaccionando con gran nerviosismo ante la creciente oposición a su curso belicista, a sus políticas de “ganancias antes que vidas” en la pandemia, a la inflación desenfrenada, a los despidos masivos y a las condiciones insostenibles en los hospitales y las escuelas. Saben que la mayoría rechaza estas políticas y temen un estallido social. De ahí que recurran a las tradiciones más descarnadas del Estado autoritario y que crean que pueden simplemente prohibir esta oposición. Su justificación pseudolegal se remonta a las peores tradiciones de la historia alemana.

Sin rodeos, el Gobierno y los tribunales declaran anticonstitucionales las siguientes posiciones:

• Según los tribunales, no puede haber ningún partido en Alemania que se refiera positivamente a Karl Marx ni Friedrich Engels. Dado que el SGP “no se dedica a la reflexión histórica, sino que persigue un programa político basado en los escritos de Marx, Engels, Trotsky y Lenin”, se dirige contra el orden básico democrático libre, según la sentencia del Tribunal Administrativo.

• En particular, se declara incompatible con la Constitución “el pensamiento de clase marxista y la propagación de la lucha de clases”. Mientras los trabajadores de todo el mundo se rebelan contra la desesperada desigualdad social, los recortes salariales, la inflación y los despidos masivos, se criminaliza a todo aquel que acoja y apoye estas protestas. Según este criterio, solo serían legales los partidos que apuñalan por la espalda las luchas obreras y las reprimen en nombre de la “colaboración social”.

• Además, toda “agitación contra el supuesto 'imperialismo' y 'militarismo'” y todo “rechazo a los Estados nacionales y a la Unión Europea” deberían figurar en el índice de organizaciones prohibidas. El Tribunal Administrativo llegó a declarar inconstitucional “denigrar” a la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) y a los servicios secretos “por ser antidemocráticos y estar dirigidos contra la población”.

• Por último, cualquier duda sobre la legitimidad democrática de los órganos del Estado debe ser penalizada. Cuando el SGP declaró que no puede haber democracia sin socialismo ni socialismo sin democracia, esto evidenció una “comprensión de la democracia que se desvía del orden básico democrático libre”, según el Tribunal Administrativo Superior. De este modo, los tribunales y el Gobierno sellan como enemigo de la Constitución a todo aquel que plantee la cuestión del poder de los bancos y las empresas sobre la política o que pida la democratización de la economía.

Estas prohibiciones no solo afectan al SGP, sino a innumerables organizaciones y partidos. Hasta 1989, incluso el programa del SPD (Partido Socialdemócrata) seguía declarando: “El socialismo solo se realiza a través de la democracia, la democracia [se] realiza a través del socialismo”. Además, las librerías que distribuyan literatura marxista, los trabajadores que hagan huelga para obtener mejoras salariales o los activistas que luchen por la paz pueden ser criminalizados de un plumazo.

El hedor fascista

Al prohibir el marxismo y la lucha de clases, el Gobierno y los tribunales siguen el mismo razonamiento que Bismarck utilizó en su día para justificar sus leyes antisocialistas contra el SPD. Éstas se dirigían contra cualquier organización en la que “las aspiraciones socialdemócratas, socialistas o comunistas dirigidas al derrocamiento del Estado o del orden social existente se manifiesten de forma que pongan en peligro la paz pública, especialmente la armonía de las clases de la población”.

Esta armonía de clases impuesta por el Estado era también el núcleo de la Volksgemeinschaft de los nazis, la “comunidad del pueblo” racialmente pura. En la quema de libros de mayo de 1933, una de las consignas que se gritaba cuando se prendía el fuego era: “¡Contra la lucha de clases y el materialismo, por la Volksgemeinschaft y una actitud idealista de la vida! Le entrego a las llamas los escritos de Marx y Kautsky”.

Al igual que sus antepasados históricos, el Gobierno y los tribunales no solo se oponen hoy a las ideas socialistas, sino a los principios básicos de una sociedad democrática, que son incompatibles con su política belicista y el robo a la clase obrera. Por tanto, declaran que ni siquiera una mayoría de la población puede cambiar fundamentalmente los órganos del Estado porque éstos representan la “voluntad de todo el pueblo”. Por lo tanto, la exigencia del SGP de crear nuevos órganos verdaderamente democráticos se considera inconstitucional.

Esta espeluznante lógica, a diferencia de la Constitución, “sitúa al Estado en el centro, y no la dignidad humana”, como afirma el SGP en los fundamentos de su recurso de inconstitucionalidad. Sigue la lógica del fascismo, que sitúa la autoridad incondicional del Estado por encima de los derechos democráticos de los ciudadanos.

¡Defiendan al SGP!

El regreso de estas tradiciones fascistas está directamente relacionado con la política militarista de gran potencia seguida por el Gobierno. Debe considerarse en el contexto del giro internacional hacia las formas dictatoriales de gobierno. En todos los países, las élites gobernantes imponen su impopular programa de guerra y ataques sociales y recurren cada vez más abiertamente a las medidas autoritarias. El intento de golpe de Estado de Donald Trump y la negativa de los demócratas a actuar en su contra muestran lo avanzado que está este proceso en EE.UU.

En Alemania, el Gobierno está aplicando el programa de la fascista AfD con sus estrictas políticas contra los refugiados, el principio de “las ganancias antes que las vidas” en la pandemia y el gasto astronómico y atroz en un rearme militar. Con la iniciativa de la “Acción Concertada”, que reúne al Gobierno, las empresas y los sindicatos, está recreando el Frente Alemán del Trabajo de Hitler para llevar a cabo el robo masivo de salarios y despidos masivos contra la clase obrera.

El ataque al SGP es parte de esta ofensiva. Su objetivo es impedir que los trabajadores se orienten hacia una perspectiva socialista en sus luchas. La defensa del SGP es, por lo tanto, un componente central de la lucha contra los recortes salariales reales, contra la política de inmunidad colectiva o contagios masivos deliberados, y sobre todo contra la guerra y el retorno del militarismo alemán.

Siempre se ha tenido que luchar por los derechos democráticos básicos en Alemania contra el Estado autoritario y esta lucha ha sido librada por el propio movimiento obrero marxista que va a ser criminalizado una vez más. Incluso el limitado orden parlamentario de la República de Weimar solo pudo establecerse en 1919 después de que los consejos de trabajadores y soldados derrocaran al káiser. Al final, solo los partidos obreros votaron en contra del nombramiento de Hitler como Reichskanzler. En aquel momento, los trotskistas defendían una perspectiva de un frente único que hubiera podido detener a los nazis, movilizando a los trabajadores leales al SPD y al KPD (Partido Comunista).

También hoy, la defensa de los derechos democráticos básicos depende de una amplia movilización. Por lo tanto, hacemos un nuevo llamamiento a todos los que quieren defender los derechos democráticos y hacer frente al peligro de la derecha para que apoyen el recurso de inconstitucionalidad del SGP. Firma nuestra petición en change.org, ponte en contacto con el World Socialist Web Site y comparte esta declaración con tus amigos y conocidos.

(Publicado originalmente en alemán el 10 de julio y en inglés el 12 de julio de 2022)