En las semanas desde que seis jueces de la Corte Suprema, que no son elegidos por voto popular, abolieran el derecho al aborto anulando el caso Roe vs. Wade, se está volviendo evidente que la realidad consiguiente es una pesadilla.

En un estado gobernado por los republicanos tras otro, se están imponiendo medidas extremas que dan marcha atrás muchas décadas. Las asambleas legislativas estatales están restringiendo que sus residentes viajen para abortos u obtengan píldoras como las del día después. Esto incluye castigar a los doctores que prescriban dichas píldoras a pacientes que viven fuera de sus estados. Varios estados están introduciendo leyes que supondrán penas de cárcel para individuos que viajen a otros estados para realizarse procedimientos médicos necesarios. Los republicanos de Texas introdujeron un proyecto de ley con incentivos monetarios para los ciudadanos que presenten demandas contra aquellos que lleven a familiares y amigos a buscar abortos fuera del estado, efectivamente poniéndoles recompensas.

El miércoles, un gran sector del Partido Republicano en el Congreso respaldó la Ley de Protección del Latido del Corazón que prohibiría los abortos en los estados donde sigue siendo legal. El senador republicano estatal de Arkansas, Jason Rapert, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, declaró: “Muchos de nosotros hemos apoyado leyes para detener la trata de personas. Entonces, ¿por qué se acepta que las personas trafiquen a mujeres para lucrar del aborto de sus bebés?”.

El indicador más escalofriante de esta nueva realidad ha sido la campaña viciosa y reaccionaria contra la Dra. Caitlin Bernard, una obstetra-ginecóloga de la Universidad de Indiana que realizó un aborto a una niña de 10 años después de haberse embarazado por una violación. Este caso demuestra lo que se avecina.

El 27 de junio, tan solo tres días después del fallo de la Corte Suprema, un doctor especialista en el abuso de menores en el estado vecino de Ohio contactó a la Dra. Bernard para notificarle que una paciente de 10 años tenía un embarazo de seis semanas y tres días y no podía recibir el tratamiento médico necesario en Ohio. En 2019, la asamblea estatal controlada por los republicanos y el gobernador republicano Mike DeWine aprobaron una ley que prohíbe abortos tras seis semanas. La ley no incluye una excepción para violaciones, ni siquiera de menores. La ley no podía aplicarse con tal de que el caso Roe vs. Wade siguiera vigente, pero las restricciones entraron en vigor horas después de que la Corte Suprema lo anulara.

Como resultado, la niña de 10 años fue obligada a viajar varias horas a Indiana, donde la Dra. Bernard le realizó el tratamiento y reportó el incidente a la policía y a las autoridades de Indiana. La Dra. Bernard informó al Indianapolis Star sobre el aborto de la niña de 10 años de una manera que no violaba ninguna ley de los derechos de privacidad de la paciente. El periódico publicó la noticia el 1 de julio y, después de que Biden la mencionara en una rueda de prensa el 8 de julio, la extrema derecha inició una ofensiva. A este punto, no se había realizado ningún arresto, pero el 14 de julio fue arrestado un hombre de 27 años en Columbus, Ohio, quien según la policía confesó a violar a la niña al menos dos veces.

Sin embargo, el Partido Republicano afirmó que el incidente había sido fabricado. Fox News declaró que la historia era mentira [“ bullshit ”] y la exasesora de Trump, Kellyanne Conway apareció en el canal para declarar que la historia era falsa y “demasiado compleja para poder ser verificada”.

La peor reacción vino del Wall Street Journal, cuya junta editorial publicó una declaración el 13 de julio intitulada “Una historia de aborto demasiado buena para poder ser confirmada”, donde ataca a Biden de divulgar “cuentos fantasiosos”, afirmando: “Este cuento es un poderoso relato de desventura post-Roe dirigido a aquellos que quieren volver el aborto un tema electoral este otoño. Pero hay un problema: no hay evidencia de que la niña existe”. El Journal luego ataca a la Dra. Bernard por nombre, acusándola de mentira para sacar personalmente provecho político: “No les sorprenderá descubrir que la Dra. Bernard tiene una larga historia de hacer activismo a favor del aborto en los medios de comunicación”.

La prensa afín al Partido Demócrata se acomodó a esta campaña de extrema derecha y puso en duda a la Dra. Bernard antes de que se conociera la detención del presunto autor. El 9 de julio, el Washington Post publicó un artículo del reportero Glenn Kessler en el que atacaba al Indianapolis Star por haber publicado la historia basándose en una sola fuente, la Dra. Bernard. El Post dio a entender que la Dra. Bernard no fue muy sincera, al afirmar que “se negó a identificar ante el Fact Checker [el verificador de hechos del Washington Post ] a su colega o la ciudad donde se encontraba la niña”. El Post escribió: “La historia ha adquirido el estatus de 'hecho' sin importar su procedencia”.

El fiscal general del estado de Indiana, Todd Rokita, partidario republicano de Trump, dice que está investigando a la Dra. Bernard y que podría procesarla penalmente. Rokita la llamó “esta activista a favor del aborto que actúa como médica” y afirmó falsamente que no denunció el incidente como exige la ley de Indiana. Cuando quedó claro que sí denunció el incidente, Rokita siguió demonizando a la Dra. Bernard y dijo que estaba estudiando la posibilidad de revocar su licencia médica, aunque no tiene ningún fundamento para hacerlo.

Como resultado de esta campaña, la Dra. Bernard se ha enfrentado a amenazas de violencia física por parte de la extrema derecha. El New York Times publicó un artículo de opinión de un colega de la Dra. Bernard, que afirma: “Esta trama ha tenido repercusiones en el mundo real para la Dra. Bernard. La policía local ha sido alertada de la preocupación por su seguridad física”. La vida de la Dra. Bernard está en peligro como consecuencia de este clima reaccionario y violento. En mayo de 2009, el Dr. George Tiller, un médico que practicaba abortos, fue asesinado por un extremista antiabortista de extrema derecha en la iglesia del Dr. Tiller en Wichita, Kansas.

Los métodos de los terroristas derechistas se han convertido cada vez más en la estrategia oficial del Partido Republicano. Esto se expresó más claramente el 6 de enero de 2021, cuando el Partido Republicano, dirigido por Donald Trump, dio un golpe de Estado e intentó anular los resultados de las elecciones de 2020 mediante la violencia física. Trump expresó personalmente su apoyo a los manifestantes que pretendían asesinar al vicepresidente Mike Pence, y exigió que se retiraran los detectores de metales de su mitin en el parque Elipse para que sus partidarios estuvieran armados cuando atacaran el Capitolio.

El Partido Demócrata se ha negado a tomar medidas para detener el continuo asalto a los derechos democráticos. El 6 de enero, sus líderes en el Congreso no hicieron ningún llamamiento a la población para impedir que se produjera el golpe, mientras que Biden se pronunció para pedirle a Trump que se dirigiera a la nación por televisión. El Partido Demócrata no ha movido un dedo para defender el derecho al aborto, y Biden y la vicepresidenta Harris han dicho repetidamente a la población que la única solución es votar por demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato, a pesar de que los demócratas ya controlan ambas cámaras del Congreso.

En los últimos días, el Partido Demócrata ha empezado a atacar a los defensores del derecho al aborto por ser demasiado críticos con la falta de voluntad del gobierno de Biden para defender el aborto. La directora de comunicaciones de Biden, Kate Bedingfield, declaró al Washington Post la semana pasada que “el objetivo de Joe Biden al responder a Dobbs [el nombre del fallo que anuló Roe] no es satisfacer a algunos activistas que han estado constantemente fuera de la corriente principal del Partido Demócrata”.

Otros destacados demócratas del Congreso han hecho comentarios similares atacando a los defensores del aborto de la izquierda, defendiendo la Administración de Biden y exigiendo que los votantes apoyen a los demócratas en noviembre. La miembro de la asociación Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York) alabó la afirmación superficial de Biden de que los demócratas deberían aprobar una legislación que defendiera el derecho al aborto sin tomar en cuenta las maniobras obstruccionistas de los republicanos, una propuesta fútil debido a la oposición dentro del propio Partido Demócrata. “Ahora sí es en serio”, declaró Ocasio-Cortez, prestando legitimidad política a la Administración derechista de Biden.

El decrépito estado de la “democracia” estadounidense es tal que una ínfima minoría derechista de fanáticos religiosos dicta la política social en un país donde el 70 por ciento de la población apoya el derecho al aborto. No se producirá ningún cambio progresista si se trabaja dentro de este sistema podrido. La defensa de todos los derechos democráticos básicos, incluida la defensa de la Dra. Bernard, requiere la movilización política de la clase obrera contra toda la élite política capitalista. Este movimiento debe estar ligado a la lucha contra el aumento del coste de la vida y el impacto devastador de la inflación y debe desarrollarse al margen y en oposición de los dos partidos de la reacción capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de julio de 2022)