Menos de una semana antes de que venza el emplazamiento legal a una huelga nacional ferroviaria el 16 de septiembre en EE.UU., se está gestando un conflicto entre los ferroviarios estadounidenses, por un lado, y las mayores corporaciones, Washington y el aparato sindical, por el otro.

Existe un apoyo contundente para una huelga entre los 100.000 trabajadores ferroviarios. En julio, los maquinistas votaron 99,5 por ciento a favor de autorizar una huelga. Pero no es simplemente una cuestión de lo que quieren. No tienen otra opción. Les es imposible seguir trabajando 80 horas o incluso 100 horas a la semana, teniendo que estar disponibles 24/7.

El brutal régimen de trabajo en la industria ferroviaria, la más lucrativa de todas, los vuelve en desconocidos de sus familias y los deja sin tiempo siquiera para citas médicas. Ahora están luchando contra los intentos de imponer la conciliación de la Junta de Emergencia Presidencial (PEB, por sus siglas en inglés) nombrada por Biden, que ni siquiera se acerca a cumplir sus demandas.

El jueves en el sur de California, hubo un accidente mortal en Union Pacific como un nuevo y trágico recordatorio de las condiciones intolerables que los trabajadores están decididos a abolir. Dos trabajadores murieron en el accidente, que sube a tres los fallecidos en Union Pacific en solo 10 días.

Los oficiales sindicales han estado trabajando desesperadamente para intentar prevenir una huelga y hacer valer el fallo de la Junta ante la oposición de los trabajadores. En una estrategia de dividir y conquistar, cinco sindicatos más pequeños ya anunciaron acuerdos tentativos siguiendo lo estipulado por la Junta y prorrogaron voluntariamente sus propios emplazamientos hasta fin de mes.

Sin embargo, hay un pánico cada vez mayor en los círculos empresariales de que los sindicatos quizás no puedan cumplir lo que se espera de ellos. La semana pasada, el Gobierno de Biden intervino por medio de la Junta de Mediación Nacional, que convocó a los oficiales sindicales para tres días de discusiones mediadas en Washington con la presencia del secretario de Trabajo, Marty Walsh.

Estas discusiones no son “negociaciones”, sino que constituyen una conspiración tripartita entre las empresas ferroviarias, los sindicatos y el Gobierno para imponer el contrato antes de que llegue sea necesaria la intervención del Congreso.

Según fuentes anónimas que hablaron con la publicación industrial Railway Age, Walsh intentó dictar lo que hay que deben hacer desde el primer día: “El mensaje de Walsh, si bien no se ha hecho público, fue categórico según algunos de los presentes”, indicó la publicación. “No se metan con la frágil economía de la nación semanas antes de las elecciones legislativas de mitad de periodo ya que eso no les va a gustar ni al Congreso si al Gobierno de Biden”.

Las charlas se producen tres años después de que finalizó el último contrato. Durante este periodo, se ha recurrido a la Ley Laboral Ferroviaria de carácter antiobrero y otros mecanismos legales para aplicar una orden judicial tras otra, así como interminables rondas de mediación y arbitración.

Desde el principio, los sindicatos se han encargado de ser los publicistas y gestores de este proceso, incluso amenazando con dejar a los trabajadores a su suerte si son objeto de acciones legales por infringir las órdenes judiciales. Lejos de la forma en que los sindicatos presentan el Estado capitalista como un organismo neutral, este proceso se ha utilizado consistentemente por décadas para obtener una ronda de concesiones aprobadas por el Gobierno tras otra, mientras les roban a los trabajadores su derecho de hacer huelga.

Pero esta vez, todas las instituciones en las que la clase gobernante ha dependido por tanto tiempo para suprimir la lucha de clases están sumidas en crisis, mientras la clase obrera se ve empujada por la crisis más profunda del capitalismo estadounidense y mundial en un siglo a luchar.

El desarrollo de una lucha de los trabajadores ferroviarios presenta varias cuestiones fundamentales en materia política y organizacional:

En primer lugar, los trabajadores necesitan sacar las conclusiones necesarias sobre el papel del aparato sindical, que está unido por la cadera con las corporaciones y el Estado.

En una carta a sus miembros, el presidente Ferguson del sindicato SMART-TD suplicó a los conductores que consideraran las consecuencias económicas de una huelga —ante todo, para la propia burocracia que se vería obligada a pagar $100 por día como sueldo de huelga—. Esto lo dice una persona que gana más de $300.000 por año y encabeza una organización con $330 millones en activos, invertido principalmente en acciones corporativas. El año pasado, el sindicato utilizó $17 millones en salarios sindicales y cero dólares en sueldos de huelga. Esto expone los intereses financieros y sociales que desembocan en la hostilidad de los trabajadores hacia los trabajadores.

Tras décadas de sofocar burocráticamente la lucha de clases, los sindicatos se encuentran desacreditados y enfrentan una rebelión cada vez mayor de las bases. Una de las muestras más poderosas y conscientes de esta rebelión es la campaña de Will Lehman, un trabajador de Mack Trucks, para presidente del sindicato United Auto Workers, avanzando una plataforma para abolir la burocracia sindical y establecer el control obrero por medio de comités de base.

Los ferroviarios ya tomaron un paso crítico al formar el Comité de Base de los Trabajadores Ferroviarios, que ha obtenido una respuesta fuerte de cientos de trabajadores que se han comunicado para unirse e involucrarse.

En segundo lugar, la intervención del Gobierno de Biden expone el carácter de clase del Estado, independientemente de que esté bajo control demócrata o republicano.

El Gobierno de Biden afirma regularmente que es el más “prosindical en la historia estadounidense”. Esto siempre pretendió crear la impresión de que Biden es un amigo de los trabajadores, cuando realmente significa que depende mucho de los sindicatos para suprimir huelgas y aplicar acuerdos entreguistas. Su intervención en la lucha ferroviaria es la más reciente de una serie de campañas similares en industrias críticas, incluyendo los muelles y las refinerías. Una huelga ferroviaria no solo desenmascararía la doblez de Biden al verse obligado junto a los demócratas a aplastarla, sino que también pondría en riesgo sus esfuerzos para imponer disciplina laboral en otros sectores críticos.

Una huelga ferroviaria nacional coincidiría de forma explosiva con la crisis política cada vez mayor de Estados Unidos, la más profunda desde la guerra civil. Sin embargo, independientemente de sus diferencias, los demócratas y los republicanos están unidos en su defensa de la clase dominante y su insistencia en hacer recaer toda la carga de una crisis económica cada vez más grave sobre la clase trabajadora.

En tercer lugar, existe un enorme apoyo a los trabajadores ferroviarios en la clase obrera estadounidense e internacional en su conjunto. Los trabajadores de todo el mundo están luchando contra la brutal sobrecarga laboral, el aumento del coste de vida y el desastroso impacto humano de la pandemia. Hay luchas crecientes entre los trabajadores de la salud, los trabajadores automotores, los trabajadores de servicios, los educadores y otros sectores de la clase obrera.

Solo en los ferrocarriles, esto ha incluido un cierre patronal a principios de este año en Canadian Pacific, así como una serie de huelgas ferroviarias nacionales en Reino Unido, las primeras en generaciones.

También se enfrentan a burocracias sindicales corruptas unidas por la cadera al Estado. En Reino Unido, el RMT (Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte), que ha limitado las huelgas ferroviarias a unos pocos días, aprovechó la muerte de la reina para cancelar las huelgas previstas el 15 y el 17 de septiembre. No cabe duda de que un factor de motivación primordial fue el hecho de que estas huelgas, realizadas en torno a la expiración del período de 'enfriamiento' en Estados Unidos, habrían tenido un impacto movilizador en los trabajadores de ambos lados del Atlántico.

La clase obrera está irrumpiendo en la escena, revelándose como la fuerza más poderosa de la sociedad.

Esta fuerza, sin embargo, debe encontrar una forma organizada y programática. Por ello, el World Socialist Web Site y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional han iniciado la formación de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).

Pero sobre todo, la lucha ferroviaria plantea la cuestión del poder político. Los trabajadores se enfrentan no solo a las empresas ferroviarias, sino también al Estado capitalista, que interviene contra los trabajadores en nombre de los intereses de lucro de una diminuta minoría capitalista. Los trabajadores deben emprender la lucha por el socialismo, la reorganización de la sociedad por la clase obrera en interés de las necesidades humanas y no del lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de septiembre de 2022.)