El viernes, al menos 41 trabajadores fallecieron en una explosión del grisú en la mina de la Junta de Plantas de Amasra de las Empresas de Hulla Turcas (TTK), una agencia estatal, en la ciudad de Bartın sobre la costa del mar Negro. Esta tragedia prevenible representa una condena del sistema capitalista, la clase gobernante y el Gobierno encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.

La enorme diferencia entre la respuesta de los mineros que lograron salir después de la explosión a 300 metros de profundidad y la de los oficiales del Gobierno refleja la posición de las dos grandes clases irreconciliables de la sociedad ante un momento de vida y muerte.

Mientras los mineros se arriesgaron a bajar y rescatar a sus compañeros atrapados —un minero murió en el esfuerzo de rescate—, los oficiales gubernamentales bajo el presidente Erdoğan se concentraron en aplacar el enfado del público presentando este desastre prevenible como “el destino”.

Los datos recopilados por la Administración de Salud y Seguridad Laborales (OHS) de Turquía muestran que al menos 2.000 mineros han muerto en las minas de Turquía en los últimos 20 años. Esto solo puede calificarse como “asesinato social”.

Cuando el nivel de conocimiento científico y tecnológico permite una actividad minera bajo el control democrático de la clase obrera internacional sin ningún riesgo para la seguridad de los trabajadores, bajo el capitalismo los trabajadores son sacrificados absurdamente ante el altar de las ganancias patronales.

Los mineros ocupan una posición crítica en la economía capitalista global, pero trabajan en una de las industrias más peligrosas. Según el sitio web “The World Counts” al menos 15.000 mineros mueren cada año a nivel mundial, una cifra basada solo en datos oficiales.

En Turquía, más de 90 mineros han fallecido este año, mientras que, en China, 129 mineros murieron en los primeros siete meses de 2022. En 2021, 37 mineros murieron en EE.UU. La demanda cada vez mayor de carbón para paliar la crisis del gas natural causada por la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania significa que la cifra de muertes posiblemente aumente.

Mientras decenas de miles de personas en las redes sociales atribuían las muertes en la mina de Amasrade a la negligencia del Gobierno por, la primera reacción de Erdoğan en Twitter fue decirle al público que ignorara “las publicaciones provocativas y la desinformación” de personas “que quieren burlarse”. El Ministerio del Interior intentó intimidar a las masas enfadadas iniciando procedimientos judiciales contra 12 usuarios de las redes sociales por “incitar públicamente el odio y la enemistad y hacer publicaciones con contenido provocativo”.

Erdoğan fue a Amasra el sábado y consiguió encontrar algo que lo alegró en relación con las decenas de muertes en esta mina de carbón estatal que administra su Gobierno. Dijo: “Te alabo mi señor. El hecho de que hayamos llegado a una conclusión [es decir, todas las muertes] desde ayer por la tarde, hace menos de 24 horas, nos ha aliviado... Porque en Soma, ya saben, se tardó demasiado”.

En 2014, la falta de medidas de seguridad en una mina privada de Soma Holding, una empresa cercana al Gobierno de Erdoğan, y la connivencia de las autoridades estatales y del sindicato corporativista provocaron una masacre en la que murieron 301 mineros.

Tras este hecho, el peor desastre minero de la historia de Turquía, estallaron protestas masivas en todo el país. Sin embargo, el presidente de la empresa, Can Gürkan, salió de la cárcel en 2019 y actualmente nadie cumple una condena por el desastre. Además, no se ha responsabilizado a ningún funcionario estatal de alto rango.

Tras el desastre de Soma, Erdoğan trató de normalizar las muertes diciendo: “Son cosas normales. Cabe dentro de la naturaleza de este negocio”.

Reflejando la indiferencia de la clase dominante capitalista en su conjunto por la vida y el bienestar de los trabajadores, Erdoğan dijo esencialmente lo mismo tras el desastre de Amasra. “Somos gente que cree en el plan del destino”, declaró. “Estas [muertes] siempre ocurrirán, y tenemos que saberlo”.

Pero, a pesar de los intentos de los funcionarios públicos para capear cualquier responsabilidad hablando sobre el “destino”, los escasos datos disponibles demuestran que en Amasra, como en Soma y en muchos otros desastres mineros, los trabajadores fueron sacrificados por el afán de lucro. Se prescindió de las precauciones necesarias y conocidas.

En un informe del Tribunal de Cuentas emitido en 2019, se hizo una dura advertencia. El informe afirmaba:

En 2019, la profundidad de producción estabilizada de la planta era de 300 metros. Esta profundidad conlleva un mayor riesgo de accidentes graves, como una erupción repentina de gas y carbón o una explosión del grisú.

Ayhan Yüksel, presidente de la Cámara de Ingenieros de Minas, dijo en un comunicado:

Este es un accidente por negligencia... Sabemos que hay dos cuestiones relacionadas con la negligencia: 1) la subida del gas, y 2) el fuego que hace explotar el gas. Sin estas formas de negligencia, no se habría producido este accidente.

En el funeral de Rahman Özçelik, uno de los mineros que perdió la vida, su hermana le preguntó a Erdoğan: “Hace diez o quince días mi hermano me dijo que había una fuga de gas aquí [en la mina]. 'Pronto nos harán volar', dijo. ¿Cómo se descuidó esto?”.

No recibió respuesta.

Según los informes de prensa, en los últimos tres años no se ha desembolsado cerca de la mitad del dinero asignado a la empresa estatal Turkish Hard Coal Enterprises (TTK), y hay escasez de trabajadores en las minas. El número de mineros en Amasra, que empleaba a 5.000 trabajadores a finales de los años 70, se ha reducido a 720. El número de mineros empleados en TTK en su conjunto ha descendido de más de 40.000 a 8.600.

Esto supone una presión para acelerar la producción y obtener un mayor rendimiento con muchos menos trabajadores. El 20 de septiembre, el ministro de Energía Fatih Dönmez visitó Amasra junto con los burócratas del sindicato de mineros, que funciona como un brazo del Gobierno, y anunció el “objetivo de aumentar la producción”.

El aumento de la explotación de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el público y mediante políticas de privatización y desregulación a gran escala llevadas a cabo con la complicidad de los sindicatos, es la piedra angular de una contrarrevolución social que lleva décadas en marcha.

La burguesía, bajo la dirección del presidente Ronald Reagan en EE.UU. y la primera ministra Margaret Thatcher en Reino Unido, emprendió una guerra de clases contra los trabajadores en todo el mundo. Mientras tanto, la disolución de la Unión Soviética por parte de la burocracia estalinista en 1991 marcó un punto de inflexión en el deterioro de las condiciones sociales de la clase obrera internacional. Estas medidas, que comenzaron a aplicarse en Turquía tras el golpe militar respaldado por la OTAN en 1980, han cobrado mayor fuerza, especialmente en los últimos 20 años.

El llamado de Erdoğan a “No perder nunca nuestra unidad y solidaridad” tras apelar a los sentimientos religiosos en el funeral de un minero refleja la principal preocupación de su Gobierno y de la clase dominante que representa.

El Gobierno de Erdoğan ha supervisado una transferencia masiva de riqueza de la clase trabajadora al capital financiero desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Está sentado sobre un polvorín social que está a punto de explotar.

Turquía es uno de los epicentros de la ola inflacionaria mundial. La inflación oficial supera el 80 por ciento anual. Una encuesta reciente estima que el 90 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

En 2022, Turquía ha sido testigo de numerosas huelgas como parte del creciente movimiento internacional de la clase trabajadora contra el aumento del coste de la vida y las intolerables condiciones de trabajo y de vida bajo el capitalismo. Los médicos y otros trabajadores de la salud han llevado a cabo varias huelgas nacionales, y se ha producido un enorme aumento de las huelgas salvajes. Esto incluye el paro laboral de los mineros del hierro de Divriği en enero para exigir mejores salarios y prestaciones.

Los mineros tienen una larga tradición de lucha en Turquía, como en todo el mundo. La cuenca occidental del mar Negro, incluida Amasra, ha sido el epicentro de estas luchas. En 1965, una huelga salvaje contra las duras condiciones de trabajo y los bajos salarios en Zonguldak se extendió a las minas de toda la región. El Gobierno solo pudo reprimir este movimiento de masas enviando miles de soldados a la región y matando a dos mineros.

La Gran Marcha de los Mineros de 1990-91 es uno de los hitos de las luchas de la clase obrera turca. La huelga, que comenzó en noviembre de 1990, se convirtió en una marcha masiva hacia la capital, Ankara, en los primeros días de 1991. Participaron más de 80.000 mineros y familiares.

Aterrorizado ante la posibilidad de que los mineros, quienes coreaban consignas contra la guerra del golfo Pérsico y contra los brutales ataques a sus condiciones sociales, pudieran movilizar a sectores más amplios de la clase obrera, el Gobierno desplegó unidades del ejército y de la policía para bloquear las entradas a la capital.

La derrota de la lucha de los mineros, como resultado de la traición llevada a cabo por la burocracia del GMİS y la confederación sindical Türk-İş, que siguen “representando” a los mineros en Amasra, allanó el camino para los sucesivos ataques contra los mineros y toda la clase obrera.

La catástrofe minera de Amasra subraya el hecho de que el capitalismo es incompatible con la seguridad y el bienestar de la clase obrera, especialmente de los mineros. El mismo motor objetivo del capitalismo –que consiste en las ganancias, la riqueza privada y los intereses geopolíticos de las clases dominantes— ha provocado la muerte evitable de más de 20 millones de personas en todo el mundo y el deterioro permanente de la salud de innumerables personas más durante la pandemia de COVID-19. Las medidas conocidas y necesarias de salud pública no se han aplicado porque chocan con los intereses económicos y financieros ligados a los mercados financieros y a la explotación laboral de los trabajadores.

Este sacrificio indiscriminado de las vidas y la salud de los trabajadores sigue en marcha. Asimismo, su expresión más extrema es la temeraria escalada de la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia en Ucrania, que, en palabras del belicista en jefe Joe Biden, corre el riesgo de un “Armagedón nuclear”.

La misma crisis sistémica que conduce al capitalismo hacia un holocausto nuclear crea las condiciones para la movilización revolucionaria de la clase obrera internacional para acabar con la guerra, los asesinatos industriales y el despotismo a través de la revolución socialista mundial. Esto significa establecer Gobiernos obreros para nacionalizar las minas y todas las grandes industrias bajo el control democrático de la clase obrera, coordinado a nivel mundial.

La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base, iniciada por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional y apoyada por el Sosyalist Eşitlik Grubu (Grupo Socialista por la Igualdad, Turquía), se está construyendo para unir las luchas de los trabajadores de todo el mundo y llevar a cabo esta tarea urgente. ¡Únete a esta lucha! ¡No hay tiempo que perder!

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de octubre de 2022.)