El viernes, la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, la comisionada rusa sobre derechos infantiles, por presuntos crímenes de guerra.

La decisión es evidentemente política. Se produce cuando EE.UU. y las otras potencias de la OTAN orquestan una intensificación masiva de la guerra contra Rusia en Ucrania, y en medio de declaraciones cada vez más abiertas de sus funcionarios gubernamentales de que el objetivo de la guerra es un cambio de régimen en Moscú.

Las acusaciones específicas contra Putin y Lvova-Belova pertenecen al artículo 8 del Estatuto de Roma, el cual fue adoptado en 1998, e incluyen “graves atropellos a las Convenciones de Ginebra” y “otras violaciones serias” del derecho internacional. Las órdenes de arresto alegan específicamente “el crimen de guerra de deportar ilegalmente a una población (niños) y el traslado ilegal de una población (niños) de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

Las órdenes de arresto oficiales fueron aprobadas por los jueces de la CPI y anunciadas por Karim A. A. Khan, un abogado británico y fiscal jefe de la CPI. Toma lugar tras meses de una campaña de propaganda encabezada por el Gobierno de Biden, en la que se ha acusado al Gobierno ruso de “crímenes de lesa humanidad” y “genocidio”.

Si bien las órdenes de arresto se hicieron públicas, la supuesta evidencia que las respalda no fue. Las acusaciones específicas de “deportación ilegal” de niños han sido promovidas por la prensa estadounidense, incluyendo el New York Times, utilizando acusaciones infundadas de la Administración de Biden y el Gobierno ucraniano.

Un estudio citado frecuentemente y publicado en febrero por la Universidad de Yale alega que fueron transportados 6.000 niños a Rusia. El instituto que llevó a cabo el estudio es parte del “Observatorio de Conflictos” patrocinado por el Gobierno estadounidense, que fue establecido con el propósito de producir propaganda de guerra. Los primeros $6 millones para financiar el “observatorio” fueron suministrados por la “Oficina de Conflicto y Operaciones de Estabilización” del Departamento de Estado, cuya misión es “anticipar, prevenir y responder a conflictos que socaven los intereses nacionales de EE.UU.”.

Por su parte, Rusia ha reconocido el movimiento de poblaciones de los sectores asolados por la guerra del este de Ucrania a Rusia, incluyendo niños, principalmente de orfanatos. Ha señalado que cualquiera, incluyendo a maestros y trabajadores de cuido maternal, que sigan trabajando en las áreas controladas por Rusia se encuentran en peligro de ser acusados de colaboradores y asesinados por las fuerzas ultraderechistas ucranianas.

Como con las acusaciones anteriores de crímenes de guerra, esta campaña encabezada por EE.UU. se caracteriza por su nivel impactante de hipocresía. Desde cualquier punto de vista objetivo, todos los Gobiernos estadounidenses en la historia reciente son culpables de crímenes mucho mayores que cualquier crímen atribuido a Putin: la destrucción de dos ciudades japonesas al final de la Segunda Guerra Mundial; la destrucción de Corea del Norte entre 1950 y 1953 sin dejar un solo edificio de pie; la masacre masiva e incineración piro química en la que consistió la guerra de Vietnam liderada por EE.UU.; y las tres décadas de guerras interminables y cada vez más amplias desde la disolución de la URSS.

El Estado que está impulsando la campaña de acusaciones de crímenes de guerra contra Putin es culpable de tortura en Abu Ghraib, Irak, el bombardeo de bodas y otras congregaciones civiles en Afganistán, la prisión en la bahía de Guantánamo y asesinatos con drones.

Dado que las órdenes de arresto lidian con el maltrato de niños, deberíamos recordar la famosa declaración de la entonces embajadora de EE.UU., Madeleine Albright, ante la ONU en 1996, refiriéndose al medio de millón de niños muertos por las sanciones apoyadas por EE.UU. contra Irak: “Consideramos que vale la pena pagar ese precio”.

Estados Unidos ni siquiera reconoce la jurisdicción de la CPI por preocupación de que, en algún momento, podría utilizarse para acusar y enjuiciar a funcionarios gubernamentales estadounidenses. Mientras que Bill Clinton sí firmó el Estatuto de Roma, en virtud del cual se ha presentado la orden contra Putin, nunca la envió al Senado para su ratificación. En 2002, cuando sus abogados redactaban los memorándums para justificar una “guerra preventiva” y tortura, el presidente George W. Bush notificó a la ONU que EE.UU. ya no tenía la intención de ratificar el estatuto.

En 2020, el Gobierno de Trump anunció que impondría sanciones económicas y restricciones de viaje a los investigadores de la CPI cuando comenzaron a considerar cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, violaciones y otra violencia sexual, perpetrados por militares estadounidenses en Afganistán y en los centros de tortura de la CIA en Europa del este. El nuevo fiscal de la CPI, Khan, abandonó todas las investigaciones de tortura estadounidense en 2021 poco después de ser nombrado.

El propósito central de las órdenes es alimentar la ofensiva propagandística para impulsar una enorme escalada de la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia. El momento fue claramente elegido para coincidir con la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú, que comienza el lunes, y que tiene el objetivo declarado de discutir una propuesta de solución negociada a la guerra, incluido un alto el fuego inmediato.

Sin embargo, Estados Unidos y las potencias de la OTAN no quieren el fin de la guerra, sino su expansión. El viernes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, declaró a la prensa que “desde luego no apoyamos los llamamientos a un alto el fuego”. En medio de una catastrófica pérdida de vidas por parte de las fuerzas ucranianas, EE.UU. y sus aliados europeos están inundando el país con armamento avanzado en preparación de una gran ofensiva en los próximos dos meses.

Las acusaciones de crímenes de guerra forman parte de un intento de tachar al Gobierno de Putin de régimen criminal, justificando así una guerra de cambio de régimen, cuyo objetivo es el desmantelamiento de Rusia.

El New York Times, que funciona como transmisor de las agencias de inteligencia estadounidenses, escribió en su artículo al respecto (“Arrest Warrant From Criminal Court Pierces Putin's Aura of Impunity” - La orden de detención de un tribunal penal perfora el aura de impunidad de Putin) que las órdenes colocan “al Sr. Putin en el mismo rango que Omar Hassan al-Bashir, el depuesto presidente de Sudán, acusado de atrocidades en Darfur; Slobodan Milosevic, el líder serbio encarcelado por abusos durante la guerra de los Balcanes; y los nazis juzgados en Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial”.

El mensaje es que, sea cual fuere el impacto inmediato de los cargos, pretenden ser una señal, no solo para Putin sino también para Xi, de que la guerra se intensificará hasta que Putin acabe como Milosevic.

Las potencias estadounidenses y de la OTAN discuten actualmente entre bastidores planes para la introducción de tropas de la OTAN en el conflicto. La propaganda sobre crímenes de guerra y “genocidio” podría utilizarse para culpar a Rusia de cualquier provocación o incidente fabricado que sirviera de justificación.

Nada de esto implica un apoyo a la invasión rusa de Ucrania o a las acciones del Gobierno de Putin, que representa a una facción de la oligarquía rusa. La invasión de Ucrania fue una respuesta reaccionaria y en bancarrota de esta oligarquía al cerco de Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN. Pero Estados Unidos provocó sistemáticamente la guerra y ahora, más de un año después de su inicio, prepara una escalada masiva y catastrófica.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de marzo de 2023)