Hoy, 24 de junio de 2023, es el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que anula el derecho constitucional al aborto establecido cinco décadas antes en la histórica decisión del caso Roe vs. Wade. Comentando sobre dicho fallo en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Organization, el cual fue emitido por cinco jueces ultraderechistas que no son objeto a elecciones, el World Socialist Web Site subrayó en ese momento su gran alcance. Declaró:

Por primera vez en la historia estadounidense, la Corte Suprema eliminó un derecho constitucional fundamental, ampliamente reconocido y apoyado por la contundente mayoría de la población del país… El aborto ya es ilegal o lo será inminentemente en al menos 21 estados con una población combinada de 135 millones de personas. Para la gran mayoría de las mujeres de clase trabajadora, no es una opción viajar a estados principalmente litorales donde el aborto sigue siendo legal… muchas mujeres morirán en procedimientos clandestinos e inseguros… El fallo es el primer disparo de un ataque sin precedente histórico por parte de la clase gobernante contra todos los derechos democráticos.

Esta evaluación ha sido completamente confirmada. Hace un año, la eliminación del derecho al aborto ya ha tenido un impacto devastador en la salud y los niveles de vida de millones de mujeres y sus familias, siendo la gran mayoría de clase trabajadora y pobre. El 25 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos viven en estados donde se prohíben completamente los abortos o donde existe un límite de seis semanas de embarazo.

Al menos 25 estados han promulgado prohibiciones casi totales del aborto o nuevas leyes que limitan el acceso. En el centro y sur del país, generalmente en los estados más pobres, se ha vuelto prácticamente imposible obtener abortos, lo que ha convertido a estados como Illinois y Virginia en islas con acceso al aborto. Pero mientras que la base de clase media-alta del Partido Demócrata puede permitirse viajar para obtener atención reproductiva segura, el gasto y el tiempo están fuera del alcance de la mayoría de las mujeres de clase trabajadora. Decenas de clínicas han cerrado en todo el país, y los tiempos de espera han pasado de uno o dos días a tres semanas, poniendo en peligro la salud y la vida de la paciente.

Según numerosos estudios, las mujeres que solicitan un aborto y son rechazadas sufren consecuencias económicas, sociales y psicológicas a largo plazo. El impacto se ve agravado por la exclusión de millones de personas de Medicaid, los recortes en los cupones de alimentos y la inminente reanudación del pago de los préstamos estudiantiles en virtud de los acuerdos bipartidistas de Biden con los republicanos sobre el presupuesto y el techo de la deuda, junto con el levantamiento de la emergencia nacional por COVID.

El Center for American Progress informó en agosto que una prohibición total del aborto podría aumentar el número de muertes maternas en un 24 por ciento. También citaba un estudio que mostraba que los estados con un mayor nivel de restricciones al aborto tienen una mortalidad materna total un 7 por ciento superior a la de los estados con menos restricciones.

Un estudio sobre el impacto de la denegación del aborto y el embarazo no deseado realizado por Advancing New Standards in Reproductive Health (ANSIRH), de la Universidad de California en San Francisco, informa de que las mujeres “rechazadas” tienen más probabilidades de: sufrir complicaciones graves al final del embarazo, como eclampsia (convulsiones) y muerte; permanecer unidas a parejas abusivas; sufrir ansiedad y pérdida de autoestima a corto plazo; y experimentar una mala salud física durante años después del embarazo, como dolor crónico e hipertensión gestacional.

El estudio también concluye que la denegación del aborto tiene graves consecuencias para los hijos nacidos de un embarazo no deseado, así como para los hijos ya existentes en la familia.

El fallo del caso Dobbs es ilegítimo e ilegal. Es el resultado de una conspiración de extrema derecha respaldada por fascistas multimillonarios para llenar los tribunales de fanáticos e ideólogos totalmente hostiles a los derechos democráticos. Operan a través de grupos como la Federalist Society y los medios de comunicación corporativos. La mayoría de los jueces fueron nombrados por presidentes que perdieron el voto popular.

El carácter antidemocrático del tribunal y del sistema político en su conjunto se ve subrayado por el hecho de que el apoyo popular en EE.UU. al derecho al aborto, muy por encima del 60 por ciento en el momento del caso Dobbs, ha aumentado a niveles récord desde entonces. Pero esto no encuentra ningún reflejo real en la política del Gobierno.

La Corte Suprema perdió cualquier pizca de legitimidad en 2000 cuando votó a favor de detener el recuento de votos en Florida e instalar como presidente al perdedor de las elecciones presidenciales, George W. Bush. Al Gore y el Partido Demócrata aceptaron el robo de las elecciones sin oponerse.

Uno de los que votaron a favor de la investidura de Bush, Clarence Thomas, emitió un dictamen concurrente en el caso Dobbs en el que pedía una revisión de las sentencias liberales relacionadas con el concepto de garantías procesales sustantivas. Entre ellas figuran el derecho a métodos anticonceptivos, el derecho a un abogado, el derecho al matrimonio homosexual, la prohibición de las leyes contra el mestizaje y la prohibición de la oración obligatoria en las escuelas públicas. Pero la lógica de esta postura se extiende más allá, incluyendo la sentencia del caso Brown vs. Board of Education, que prohibió la segregación escolar.

Tres de los jueces que votaron con la mayoría, (Gorsuch, Kavanaugh y Coney Barrett) fueron nombrados por Donald Trump, el aspirante a dictador que conspiró con dos de los jueces (Samuel Alito y Thomas) para orquestar el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 cuyo objetivo era anular los resultados de las elecciones de 2020 e instaurar una dictadura.

Desde el caso Dobbs, el asalto judicial contra el derecho al aborto se ha intensificado con el fallo en abril de un juez de Texas nombrado por Trump que prohibía una píldora abortiva que fue certificada como segura hace décadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos y que hoy se utiliza en la mayoría de las interrupciones de embarazos. Esa sentencia está actualmente en suspenso y acabará inevitablemente ante la Corte Suprema.

Este mismo mes, la Corte Suprema, en una sentencia de 8-1 que incluyó a las “liberales” del Partido Demócrata Sotomayor y Kagan, emitió una sentencia que socava el derecho a la huelga.

La arremetida del Tribunal contra los derechos democráticos se produce en medio de una serie de informes que han sacado a la luz la corrupción endémica entre los jueces. ProPublica dio a conocer una serie de revelaciones que documentan el hecho de que Thomas y su esposa, Virginia, han aceptado vacaciones exóticas por valor de millones de dólares, han participado en negocios inmobiliarios y han aceptado dinero para la educación del sobrino nieto de Thomas por parte del donante republicano multimillonario y fanático de Hitler, Harlan Crow.

Nada de esto fue informado por Thomas en sus rendiciones de cuentas anuales. “Ginny” Thomas fue una figura destacada en el complot para anular las elecciones de 2020 y mantener a Trump en el poder, pero su marido se niega a recusarse de los casos relacionados que llegan al tribunal.

Se ha informado de que miles y miles de dólares en “regalos” similares han ido a parar a la esposa del presidente de la Corte Suprema Roberts, al juez Gorsuch y a demócratas como Kagan, Stephen Breyer y la ya fallecida Ruth Bader Ginsburg.

Esta misma semana, ProPublica documentó en un artículo que el autor del fallo del caso Dobbs, Alito, voló en el jet privado del donante republicano multimillonario Paul Singer a unas vacaciones de pesca y, posteriormente, no se recusó cuando se presentaron ante el tribunal casos relacionados con Singer.

La respuesta de los demócratas deja absolutamente en claro que los derechos democráticos no pueden defenderse en el marco del sistema bipartidista capitalista. El viernes, los demócratas de la Cámara de Representantes celebraron un patético acto para conmemorar el primer aniversario de la anulación del fallo en Roe vs. Wade. La congresista Barbara Lee, de California, denunció al “puñado de jueces corruptos, extremistas e hipócritas” que abolieron el derecho al aborto, sin proponer ninguna medida para acabar con el dominio de los ultraderechistas sobornados sobre el llamado “sistema judicial”. Ni la Casa Blanca de Biden ni la dirección demócrata del Congreso han exigido siquiera la destitución de Thomas ni la incorporación de nuevos jueces. Lo mismo ocurre con los llamados “progresistas” como Bernie Sanders.

El Partido Demócrata no está preocupado por los derechos democráticos del pueblo, sino por el colapso de la confianza pública en la cábala de jueces no elegidos, que no rinden cuentas, son nombrados de por vida y han servido durante más de dos siglos como garantes del dominio capitalista.

El asalto a los derechos democráticos no puede separarse de los despiadados ataques bipartidistas a los programas sociales, los niveles récord de desigualdad social y las guerras interminables. El conflicto irreconciliable entre la clase trabajadora y la élite gobernante es lo que subyace al giro hacia la dictadura. El Partido Demócrata, que está encabezando el conflicto de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, no se opone a este proceso, sino que forma parte de él.

El caso Roe vs. Wade ha servido durante mucho tiempo como el logro más destacado del liberalismo burgués estadounidense en medio del desmantelamiento de todas las reformas sociales anteriores. Ahora su desaparición alimentará la conciencia en la clase obrera, empujada a las luchas de masas, de que debe defender los derechos democráticos movilizando su gran poder social para poner fin al dominio capitalista e instaurar el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de junio de 2023)