El martes, se le imputaron cuatro cargos penales al expresidente Donald Trump relacionados a su intento ilegal y corrupto de anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Trump comparecerá el jueves ante la jueza federal de distrito Tanya S. Chutkan.

El procesamiento y encarcelamiento de Trump por la insurrección fascistizante del 6 de enero de 2021 es completamente justificada y necesaria. Los cargos emitidos por un gran jurado en Washington D.C. convocado por el fiscal especial Jack Smith se presentan con un lenguaje precavido y legal, pero la inculpación sin duda es fulminante.

No obstante, solo detalla una fracción de los crímenes de Trump y guarda silencio sobre su mayor crimen: el intento de derrocar el gobierno a la fuerza y mantenerse en la Casa Blanca como presidente dictador.

Los cuatro cargos imputados son los siguientes: conspiración para defraudar el Gobierno federal (por medio de la presentación de listas falsas de electores en siete estados reñidos pero ganados por el demócrata Joe Biden); conspiración para violar los derechos del pueblo estadounidense (su derecho al voto y que su voto cuente); conspiración para obstruir un procedimiento federal, refiriéndose a la certificación del voto del Colegio Electoral por parte del Congreso el 6 de enero de 2021; una obstrucción real de un procedimiento federal, dado que la turba que reunió en Washington y envió al Capitolio de hecho postergó la certificación por muchas horas.

Casi todos los 123 párrafos de la acusación tratan de los esfuerzos de Trump para sustituir a los electores de Biden elegidos por los votantes por falsos electores de Trump en siete estados: Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin. Esto implicó varias maniobras ilegales de trastienda ideadas por sus abogados cómplices, en las que participaron legisladores estatales, el Departamento de Justicia y el vicepresidente Mike Pence.

Estas acciones se han vuelto ampliamente conocidas en los últimos dos años: la creación de listas falsas de “electores” pro-Trump, que presentaron declaraciones juradas falsas al Congreso; el intento de inducir a las legislaturas estatales a reclamar el derecho a nombrar electores para reemplazar a los elegidos en noviembre; la solicitud al Departamento de Justicia que enviara cartas a las legislaturas estatales diciendo que el DOJ estaba investigando denuncias creíbles de fraude electoral en sus estados; y, por último, el intento de que Pence utilizara su posición ceremonial, presidiendo el recuento de los votos del Colegio Electoral el 6 de enero, para bloquear la certificación de los electores de Biden, sustituyendo directamente a los electores de Trump o devolviendo la cuestión a los estados donde las legislaturas estatales controladas por los republicanos harían el trabajo sucio.

La imputación deja claro que las acciones de Trump fueron un ataque a la democracia: “bajo el pretexto de alegaciones de fraude infundadas, el acusado presionó a funcionarios de ciertos estados para que ignoraran el voto popular; infringieran el derecho al voto de millones de votantes; desestimaran a los electores legítimos; y, en última instancia, provocaran la designación y votación de electores ilegítimos a favor del acusado...”.

La acusación enumera a seis cómplices no acusados solo por su número, aunque la descripción de sus actividades es tan detallada que al menos cinco han sido identificados, todos abogados: Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell y Kenneth Chesebro, todos ellos trabajando para Trump y su campaña de reelección; y Jeffrey Clark, que era fiscal general adjunto en aquel momento.

Esta selección de cómplices y la naturaleza de los cargos indican el alcance extremadamente limitado de la imputación. Ninguno de los matones fascistas involucrados en el ataque violento al Capitolio el 6 de enero, como los líderes de los grupos fascistas como Proud Boys y Oath Keepers, se incluye como cómplice. Varios de ellos han sido condenados por conspiración sediciosa.

Esta acusación, equivalente a intentar derrocar el Gobierno, no se ha presentado contra Trump, a pesar de haber sido el líder de la conspiración sediciosa. Estuvo en contacto con los líderes fascistas a través de compinches políticos como Roger Stone y, durante un debate antes de las elecciones, dio instrucciones a los Proud Boys para que “se mantuvieran al margen”. Tanto los líderes como los soldados rasos de estos grupos se consideraban guerreros de Trump que habían llegado a Washington el 6 de enero bajo sus órdenes.

La acusación no menciona a los cómplices de Trump en el Partido Republicano, que desempeñaron un papel fundamental en el intento de golpe, incluso retrasando la certificación de los electores durante el propio golpe.

Y lo que es más importante, la acusación no menciona a ningún funcionario del aparato de seguridad nacional de EE.UU., que desempeñó un papel fundamental el 6 de enero al ignorar los informes de inteligencia sobre los planes de violencia que se estaban discutiendo ampliamente en las redes sociales, permitiendo que el violento ataque contra el Capitolio siguiera adelante y bloqueando el envío de tropas de la Guardia Nacional por varias horas mientras la turba superaba a la Policía del Capitolio y luego se enfrentaba a los refuerzos policiales enviados por los Gobiernos locales en el área de Washington D.C.

Imaginar que estos acontecimientos se produjeron sin que Trump desempeñara el papel de líder es un auténtico disparate. Pero la acusación evita cualquier sugerencia de que Trump estuviera haciendo algo más que aprovechar las acciones de la turba para presionar al vicepresidente Pence para que rechazara la certificación de las elecciones.

A lo largo de la lenta investigación sobre el 6 de enero, la principal prioridad de la Administración de Biden ha sido proteger a las agencias clave del aparato militar y de inteligencia y evitar cualquier acción que pudiera interrumpir sus esfuerzos para provocar y luego intensificar la guerra con Rusia en Ucrania.

La acusación detalla conversaciones en las que los cómplices de Trump se refirieron abiertamente a la probabilidad de una rebelión popular masiva si Trump intentaba retener la presidencia y la consiguiente necesidad de aplastar a la oposición utilizando la fuerza militar.

El párrafo 81 relata una conversación entre el asesor adjunto de la Casa Blanca y el “cómplice 4” (el fiscal general adjunto Jeffrey Clark), en la que el asesor advertía de que, si no se descubría un fraude electoral significativo y Trump intentaba seguir en el cargo de todos modos, “habría 'disturbios en todas las grandes ciudades de Estados Unidos'“. El cómplice 4 respondió: 'Bueno, [asesor adjunto de la Casa Blanca], para eso existe la Ley de Insurrección'”.

Una consideración importante en la falta de una respuesta del Partido Demócrata al golpe mientras estaba ocurriendo fue evitar cualquier acción que movilizara la oposición popular al intento de un derrocamiento de la Constitución. Desde el golpe, el principal objetivo de la Administración de Biden ha sido proteger a sus “colegas” del Partido Republicano.

De hecho, es notable que se haya tardado dos años y medio en presentar cargos penales contra Trump en relación con un violento asalto al Capitolio que fue televisado y visto por miles de millones de personas y en el que el propio Trump, a través de sus propias palabras en tuits y una declaración en vídeo, aportó pruebas de su simpatía y complicidad en el ataque.

La Casa Blanca trató de evitar tal desarrollo durante el mayor tiempo posible. Como dijo Biden al asumir por primera vez el cargo, querían preservar un Partido Republicano fuerte y disfrazar el carácter cada vez más fascista del partido con el que Biden pretende entablar una colaboración bipartidista. En junio, el Washington Post informó sobre las acciones del Departamento de Justicia de Biden para evitar una investigación de Trump por el golpe del 6 de enero.

Como todos los demás aspectos de la política de la Administración, el momento de la acusación a Trump parece condicionado por las exigencias de la guerra contra Rusia en Ucrania. Dado que la “ofensiva de primavera” ucraniana ha desembocado en un sangriento estancamiento, Wall Street y el aparato militar y de inteligencia no pueden tolerar las intervenciones erráticas y perturbadoras de Trump en la política exterior estadounidense.

Cualesquiera que sean los cálculos inmediatos, no resolverán la profunda crisis política y el ambiente de guerra civil en que está sumido el Estado estadounidense. Trump sigue siendo el jefe del Partido Republicano y su principal candidato en las próximas elecciones presidenciales.

Como escribió el WSWS cuando se conoció la noticia de la inminente imputación:

El sistema político de Estados Unidos, el centro del capital financiero mundial y la cabina de mando de las conspiraciones imperialistas, ha llegado al punto de ruptura. La pretensión de Washington de liderar el “mundo libre” y defender la democracia a nivel mundial está sufriendo un golpe demoledor. Incluso si Trump fuera retirado de la escena política, no resolvería la profunda crisis de la democracia estadounidense. Hay muchas figuras deseosas de ocupar su lugar dentro del Partido Republicano y dentro del aparato militar-estatal.

La defensa de los derechos democráticos está inseparablemente conectada con el desarrollo de un movimiento de la clase obrera contra ambos partidos capitalistas, basado en una perspectiva socialista que conecte la oposición al ataque cada vez mayor contra los puestos de trabajo y los salarios con la lucha contra la guerra y el autoritarismo.

(Publicado originalmente en inglés el 1 de agosto de 2023)