En la medida en que el presidente electo republicano Donald Trump sigue llenando su gabinete, se vislumbra más claramente el carácter contrarrevolucionario del Gobierno entrante. Los nombramientos iniciales, principalmente para las agencias militares y de inteligencia y el aparato de represión interna, demostraron su determinación para emprender un ataque violento y fascista contra millones de inmigrantes. Sus últimas selecciones a departamentos federales que de alguna manera dan beneficios sociales limitados a los trabajadores buscan interrumpir su funcionamiento o destruirlos completamente.

La primera señal de los planes de Trump para los servicios sociales llegó con su selección del teórico de conspiraciones antivacunas Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, todas las siglas en inglés), la enorme agencia que incluye a la Administración del Seguro Social y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que proporcionan pensiones y seguros médicos para los ancianos y seguros para personas de bajos ingresos de todas las edades.

Antes de su fallida campaña presidencial de 2024, que comenzó buscando la nominación del Partido Demócrata, luego pasó a postularse como “independiente” antes de finalmente respaldar a Trump y hacer campaña con entusiasmo a favor de él, Kennedy era mejor conocido por sus notorias mentiras de que las vacunas infantiles causan autismo. Su campaña multimillonario para desacreditar estas vacunas ha tenido un efecto profundamente negativo en la salud pública, particularmente para enfermedades como el sarampión, que son tan contagiosas que una caída en la cobertura de vacunación por debajo del 95 por ciento de los niños crea las condiciones para un brote. Trump ha prometido que permitirá que Kennedy “se vuelva loco en Salud”, lo que tendrá el efecto de desarmar a la población estadounidense contra el peligro de enfermedades tanto antiguas como nuevas.

Luego vino la selección del Dr. Mehmet Oz para dirigir los CMS. Aunque originalmente era un cirujano cardiotorácico, Oz se convirtió en una celebridad de la televisión, primero en el programa de Oprah Winfrey, luego en su propio programa producido por la compañía de producción de Winfrey y distribuido por Sony Pictures. Oz se hizo famoso como promotor de remedios dudosos y fue denunciado por sus colegas médicos de la Universidad de Columbia por “promover tratamientos y remedios de curandero para obtener ganancias financieras personales”. Respaldó la recomendación de Trump de la hidroxicloroquina como cura para la COVID-19. Para 2022, completamente en el campo fascista, Oz ingresó a la política electoral como el candidato republicano respaldado por Trump para el Senado de los Estados Unidos desde Pensilvania, una carrera que perdió por poco ante el demócrata John Fetterman.

En su declaración nominando a Oz, Trump señaló los nueve premios Emmy por su programa de televisión, como si eso fuera una credencial médica. Declaró: “El Dr. Oz trabajará en estrecha colaboración con Robert F. Kennedy Jr. para enfrentar el complejo industrial de la enfermedad y todas las horribles enfermedades crónicas que quedan a su paso”.

Un objetivo político central de estos nombramientos es destruir la infraestructura federal de salud pública, incluso cuando surgen nuevas amenazas pandémicas importantes como la influenza aviar H5N1 y la viruela símica, mientras el COVID-19 aún persiste como una de las principales causas de muerte. Además de Kennedy, que se opone a prácticamente todas las formas de vacunación, los negacionistas del COVID-19 como el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, y el profesor de Medicina de la Universidad de Stanford, el Dr. Jay Bhattacharya, coautor de la Gran Declaración de Barrington contra la salud pública, están en la lista de principales candidatos para dirigir agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Oz también es un ferviente partidario de mantener las ganancias privadas en la salud, respaldando Medicare Advantage, la versión privatizada de Medicare establecida a través de una legislación bipartidista bajo la Administración de George W. Bush. Ha elogiado los esfuerzos para “ampliar el acceso a los planes del sector privado ampliados por el presidente Trump” para los beneficiarios de Medicare, que han tenido el efecto de aumentar las ganancias de las compañías de seguros al darles acceso a un flujo garantizado de miles de millones de dólares del Gobierno federal.

El senador Fetterman, el demócrata que derrotó a Oz en 2022, dijo que votaría a favor de confirmarlo siempre que se comprometiera “a proteger y preservar Medicare y Medicaid”, algo que cualquier candidato del HHS promete independientemente de sus intenciones. Su comentario es típico de la respuesta de los demócratas del Congreso, que se han negado a llevar a cabo una oposición sistemática al régimen entrante de ultraderecha, limitándose a propagar escándalos contra un puñado de las nominaciones más provocativas, como la del excongresista Matt Gaetz para fiscal general . El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reunido con Trump en la Casa Blanca, prometió una “transición sin trabas” y prometió “hacer todo lo posible para asegurarnos de que se acomoden”.

El siniestro subtexto de las nominaciones de Trump al HHS es que el segundo Gobierno de Trump está preparando recortes masivos en programas vitales de salud, particularmente Medicaid, que se expandió significativamente como consecuencia de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), a pesar de la negativa de varios estados gobernados por los republicanos a participar. Según un informe publicado el miércoles en el New York Times, “los legisladores conservadores y los expertos en políticas que podrían asesorar a la próxima Administración de Trump están discutiendo los recortes que han querido desde mucho tiempo a Medicaid, el programa de salud del gobierno que cubre aproximadamente una quinta parte de todos los estadounidenses y representa alrededor del 10 por ciento del presupuesto federal”.

Los cambios podrían incluir imponer requisitos de trabajo a los beneficiarios de Medicaid o convertir los fondos del programa en subvenciones en bloque para los estados, que podrían usar para otros fines si niegan la elegibilidad a suficientes personas. Trump indicó su apoyo a tales esfuerzos, declarando que el Dr. Oz “reduciría el desperdicio y el fraude dentro de la agencia gubernamental más cara de nuestro país”.

Resulta aún más grave el futuro del apoyo federal a la educación pública, tanto de prescolar a secundaria como a nivel universitario. Trump anunció el martes que estaba nombrando a Linda McMahon, la multimillonaria copropietaria de World Wrestling Entertainment (WWE; entretenimiento mundial de lucha libre) y una amiga y partidaria política desde hace mucho tiempo, como secretaria de Educación. McMahon dirigió la Administración de Pequeños Negocios durante su primer mandato e inyectó millones en la campaña electoral de Trump este año, luego se desempeñó como copresidenta de su “equipo de transición”, que elaboró listas de posibles candidatos para los principales puestos en la nueva administración.

Decir que McMahon no tiene calificaciones para dirigir el Departamento de Educación es un eufemismo. Su experiencia en la lucha libre profesional, de la que ella y su esposo Vince hicieron una fortuna, la identifica como una promotora del atraso cultural y una estafadora en lugar de una educadora. En eso, por supuesto, McMahon y Trump son de la misma calaña.

El Departamento de Educación es solo una fuente subsidiaria de financiamiento para las escuelas públicas, que se pagan y administran principalmente a nivel estatal y local. También administra la vasta cartera de préstamos estudiantiles universitarios de $1,6 billones, que es una fuente importante de ingresos. Trump y los republicanos se han opuesto a los intentos de aliviar la carga de los préstamos a millones de exestudiantes universitarios, muchos de los cuales apenas se ganan la vida y no pueden hacer más que hacer pagos mínimos de sus deudas.

Los únicos comentarios anteriores de McMahon sobre el tema de la educación han involucrado el apoyo a poder “elegir escuelas”, la demolición efectiva de la educación pública a través de vales que transferirían los fondos a las “escuelas concertadas” privadas, incluidas las escuelas religiosas, violando la separación constitucional de la iglesia y el Estado. Pero el America First Policy Institute, que dirige, ha publicado artículos que piden promover la educación “patriótica”, la educación en el hogar, la supresión de los esfuerzos de “Diversidad, Equidad e Inclusión” (DEI) en la educación y el fortalecimiento de las medidas represivas contra los estudiantes. Su nombramiento fue aclamado por la asociación de universidades con fines de lucro y Moms for Liberty, la campaña de derecha respaldada por multimillonarios que busca la prohibición de libros y otras formas de censura en las escuelas públicas, bajo la fraudulenta consigna de defender los “derechos de los padres”.

Sin embargo, más allá de los cambios en las políticas y los recortes en los programas, Trump ha prometido apoyar la abolición total del Departamento de Educación, que fue establecido en 1977 en virtud de legislación federal bajo Carter. En un comunicado emitido el lunes, los multimillonarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que encabezarán el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), una institución no oficial de Trump, calificaron la abolición del departamento como una “propuesta muy razonable”. El propio Trump, al nominar a McMahon, dijo: “enviaremos la educación DE VUELTA A LOS ESTADOS, y Linda encabezará ese esfuerzo”.

En una columna de opinión publicada el miércoles por la noche por el Wall Street Journal, Musk y Ramaswamy declararon su determinación de “reducir los costos” como un negocio privado, es decir, recortando empleos y obligando a menos trabajadores a trabajar más. Subrayando el impulso dictatorial del régimen entrante de Trump, escribieron: “Nos centraremos en impulsar el cambio a través de acciones ejecutivas basadas en la legislación existente en lugar de aprobar nuevas leyes”.

Citando varios fallos recientes de la mayoría ultraderechista en la Corte Suprema, con tres de los seis jueces nombrados por Trump, los dos multimillonarios quieren lanzar a la hoguera las regulaciones empresariales. Esto permitiría a las corporaciones poner en peligro a sus propios trabajadores y al público, además de crear las condiciones para recortar los empleos de los trabajadores federales.

Escribieron: “Una reducción drástica en las regulaciones federales proporciona una lógica industrial sólida para las reducciones masivas de personal en toda la burocracia federal. DOGE tiene la intención de trabajar con personas designadas integradas en agencias para identificar el número mínimo de empleados requeridos en cada agencia”.

Sugieren métodos que van desde “despidos a gran escala” hasta forzar “una ola de despidos voluntarios que agradeceríamos”, reubicando a las agencias federales fuera de Washington y poniendo fin al trabajo remoto, que los multimillonarios tildan de “privilegio de la era COVID de quedarse en casa”.

Este es un programa para la contrarrevolución social. Se invertirán billones en el ejército y en las agencias represivas que inicialmente harán la guerra a los inmigrantes, y luego en los derechos democráticos de la clase trabajadora en su conjunto. Al mismo tiempo, el coste de la militarización y la represión será pagado por la clase trabajadora, a través de la destrucción de lo que queda de los servicios sociales públicos como la salud, la educación y el seguro social.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de noviembre de 2024)