En una entrevista de una hora transmitida el domingo por NBC en el programa Meet the Press, el presidente estadounidense Donald Trump puso en duda si todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a las protecciones constitucionales, incluido el derecho al debido proceso. Se quejó de que permitir que los inmigrantes comparezcan ante tribunales obstruiría sus planes para deportar a millones como parte de una ofensiva represiva, que incluye enviarlos a gulags extranjeros.
Cuando la periodista Kristen Welker de NBC le preguntó si creía que “todas las personas” en EE. UU. tienen derecho al debido proceso, Trump respondió: “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”.
Welker replicó: “Bueno, la Quinta Enmienda dice eso”.
Trump respondió:
No lo sé. Parece… podría decir eso, pero si estás hablando de eso, entonces necesitaríamos un millón o 2 millones o 3 millones de juicios.
Como lo hace en cada intervención pública, Trump calumnió a todos los inmigrantes como criminales violentos. Dijo:
Tenemos miles de personas que son algunos asesinos, algunos narcotraficantes y algunas de las peores personas del planeta.
Trump argumentó que fue “elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me están impidiendo hacerlo”.
Welker entonces preguntó:
¿No necesita usted defender la Constitución de Estados Unidos como presidente?
Trump respondió:
No lo sé. Tengo que responder diciendo, de nuevo, que tengo abogados brillantes que trabajan para mí, y ellos obviamente seguirán lo que dijo la Corte Suprema.
El “juramento del cargo”, estipulado por el Artículo II, Sección 1, Cláusula 8 de la Constitución estadounidense obliga al presidente a declarar antes de asumir el cargo:
Juro (o afirmo) solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que, con la mejor de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos.
Más adelante, Trump se quejó:
Si los tribunales no nos permiten sacar a las personas, si tuviéramos que tener un juicio para cada una… piénsalo. Cada persona, tenemos millones de personas. Si intentaras hacer millones de juicios… tomaría 300 años.
De hecho, Trump está desafiando directamente a los tribunales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, que ordenó a su administración “facilitar” el regreso de Kilmar Abrego García desde El Salvador.
Al ser preguntado por Welker si alguien en su administración había estado en contacto con El Salvador para devolver a Abrego García, Trump respondió nuevamente: “No lo sé. Tendrías que preguntarle eso al fiscal general”. Más adelante en la entrevista, al ser presionado nuevamente sobre si tenía “el poder de traer de regreso a Abrego García como ha ordenado la Corte Suprema”, Trump respondió:
Bueno, tengo el poder de pedir que él regrese, si soy instruido por el fiscal general de que es legal hacerlo. Pero la decisión de si debe o no regresar será del líder de El Salvador.
Trump elogió al dictador respaldado por Estados Unidos como “un hombre muy capaz”.
La abierta negación de Trump respecto a la Corte Suprema, la Constitución estadounidense y sus protecciones fundamentales no es simplemente el desvarío de un reaccionario cada vez más desequilibrado. Es la expresión más directa de la perspectiva política de la clase dominante estadounidense. Como ha explicado previamente el World Socialist Web Site, la elección de Trump representa “la reestructuración violenta de la superestructura política estadounidense para que se corresponda con las verdaderas relaciones sociales existentes en Estados Unidos”.
Trump encabeza un gobierno de la oligarquía, que responde a la creciente oposición con los métodos de la dictadura. Los derechos democráticos son incompatibles con una sociedad en la que las 19 familias más ricas de Estados Unidos controlan 2,6 billones de dólares, mientras que se cierran hospitales y programes que atienden a decenas de miles de trabajadores y sus familias.
Esta “reestructuración violenta” se manifiesta aún más en la solicitud presupuestaria de Trump, publicada el viernes pasado. La administración se jactó de que el llamado “presupuesto flaco” proporciona “aumentos sin precedentes para defensa y seguridad fronteriza”, mientras recorta programas sociales, investigación científica y educación en una suma igualmente “sin precedentes” de 163.000 millones de dólares.
Su propuesta busca aumentar el presupuesto militar en más del 13 por ciento, de la ya astronómica suma de 848.3 mil millones de dólares en 2025 a 1 billón de dólares. Miles de millones se destinarán a derrochar en cazas F-47 y en el propuesto sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” de Trump.
El mayor aumento porcentual en la solicitud presupuestaria de Trump está destinado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuyos agentes están actualmente desapareciendo y deportando a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses sin debido proceso.
Ha propuesto aumentar el presupuesto del DHS de 65.100 millones de dólares en 2025 a 107.400 millones en 2026. Estos fondos se destinarían a expandir la infraestructura de deportación masiva y dictadura, incluyendo la contratación de más agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la construcción de nuevos centros de detención.
El presupuesto propone severos recortes a la ciencia, la salud, la educación y otros programas sociales vitales. Incluye una reducción propuesta de 35.000 millones de dólares al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), con 27.000 millones recortados del Instituto Nacional de Salud (NIH), desmantelando la investigación de enfermedades, y 4.000 millones más en recortes dirigidos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
La propuesta de Trump reduce el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en más del 50 por ciento, de 9.100 millones a 4.200 millones de dólares, 500 millones menos que su nivel de financiación en 1980. Los recortes incluyen 254 millones del programa Superfund para la limpieza de residuos tóxicos y 235 millones de la Oficina de Investigación y Desarrollo, que investiga el impacto ambiental de productos químicos peligrosos.
El presupuesto de la NASA será reducido en casi un 25 por ciento, lo cual representa un recorte de 6.000 millones de dólares. Como parte del esfuerzo más amplio de la administración para eliminar el Departamento de Educación (ED), la propuesta incluye 12.000 millones en recortes—principalmente dirigidos a los fondos del Título I que apoyan a los estudiantes de bajos ingresos.
El presupuesto pide la eliminación del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), junto con más de 4.000 empleos relacionados. En 2024, el LIHEAP proporcionó ayuda para el pago de facturas de energía a aproximadamente 6,7 millones de hogares de bajos ingresos en todo el país, incluidos personas mayores, familias con niños pequeños y personas con discapacidades.
La propuesta presupuestaria de Trump es una declaración de guerra contra la clase trabajadora. Su desprecio por los derechos democráticos expresa la decadencia terminal de la democracia estadounidense. Menos de 25 años después de las elecciones robadas del año 2000, Trump—libre para postularse nuevamente tras el fallido golpe de Estado del 6 de enero de 2021, gracias a la complicidad del Partido Demócrata—ahora declara abiertamente su intención de destruir lo que queda de los derechos democráticos en Estados Unidos.
En la misma entrevista con Welker, Trump repitió la “gran mentira” de que las elecciones de 2020 fueron “amañadas”:
No hay duda al respecto. Las elecciones fueron amañadas. Los hechos están ahí. Y todavía se está litigando.
Sus mentiras electorales culminaron en la toma del Capitolio por parte de milicias asociadas a Trump y grupos fascistas.
El sábado, Trump organizó una recaudación de fondos en su resort Mar-a-Lago, donde apareció Henry “Enrique” Tarrio, exlíder de los Proud Boys y informante del gobierno, quien más tarde publicó en redes sociales que había agradecido personalmente a Trump por el indulto total e incondicional que recibió del presidente a principios de este año, lo cual puso fin a su sentencia de 22 años de prisión por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero.
Tarrio escribió:
Él sabía cuántas veces me trasladaron. Y dijo que está trabajando para arreglar las cosas. Le agradecí por devolverme la vida. Él respondió… Los quiero, muchachos.
Tarrio afirmó que Trump reconoció tanto a él como a otros líderes de los Proud Boys que anteriormente fueron condenados por conspiración sediciosa, incluidos Joseph Biggs, Ethan Nordean, Zachary Rehl y Dominic Pezzola.
Un alto funcionario de la administración confirmó al New York Times que Trump habló unos 10 minutos el sábado con el líder fascista de la milicia.
El acercamiento de Trump a Tarrio en Mar-a-Lago se produjo un día después de que el Departamento de Justicia anunciara que había llegado a un acuerdo confidencial con la familia de Ashli Babbitt, la seguidora de QAnon que fue asesinada a tiros mientras irrumpía en el Capitolio el 6 de enero. La familia, junto con el grupo conservador de alto perfil Judicial Watch, había presentado una demanda civil de 30 millones de dólares contra el gobierno.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 04 de mayo de 2025)