El antivacunas Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, todas las siglas en inglés) de Trump, continúa desatando un ataque frontal contra la ciencia, la medicina y la infraestructura de salud pública de los Estados Unidos.

Cuando el COVID-19 sigue siendo una amenaza global continua, como lo demuestra la reciente ola de infecciones y hospitalizaciones en China, Hong Kong y Taiwán debido a la nueva variante NB.1.8.1, las políticas de Kennedy no solo son peligrosamente anticientíficas. Están diseñadas para profundizar la desigualdad, acelerar la mortalidad y bajar la esperanza de vida de la clase trabajadora, inyectando miles de millones de dólares de los programas sociales a los bolsillos de los ricos.

El martes, Kennedy, flanqueado por el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Marty Makary, y el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), Jay Bhattacharya, anunció que “no podría estar más contento” de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ya no recomienden las vacunas contra el COVID-19 para niños sanos mayores de 6 meses, así como para mujeres embarazadas sanas. La decisión se tomó sin consultar con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, el panel de expertos que generalmente establece recomendaciones en materia de vacunas después de estudiar cuidadosamente los datos de las investigaciones.

Si bien las vacunas contra el COVID-19 todavía se recomiendan para niños y mujeres con afecciones de salud subyacentes, no está claro si esas vacunas seguirán estando cubiertas por los programas del Gobierno o por un seguro privado. La pérdida de cobertura, lo que significaría que los asegurados tendrían que pagar de su bolsillo, pondría las vacunas fuera del alcance de los pobres.

El anuncio de Kennedy tenía como objetivo socavar aún más la confianza en las vacunas, que se han administrado en miles de millones de dosis en todo el mundo y han salvado decenas de millones de vidas. Varias investigaciones han demostrado que las vacunas desarrolladas en el primer año de la pandemia, incluyendo las de Pfizer y Moderna que utilizaron con éxito la revolucionaria tecnología de ARNm, tienen inmensos beneficios para la salud con efectos secundarios mínimos.

La eliminación de la guía que protege a los bebés y las mujeres embarazadas, entre los grupos más vulnerables de la sociedad, contra el COVID-19 condenará a innumerables vidas al sufrimiento y la muerte. Las consecuencias de socavar el acceso y la confianza pública en las vacunas serán desastrosas. Las campañas de vacunación masiva destinadas a erradicar una serie de enfermedades, como el sarampión, la viruela y la poliomielitis, fueron uno de los grandes avances para la humanidad en el siglo XX. Ahora, enfermedades como el sarampión están resurgiendo en los Estados Unidos bajo Kennedy al frente de la salud pública.

El miércoles, Moderna anunció que el HHS está retirando millones de dólares en fondos de investigación que se había asignado a la compañía para desarrollar una vacuna de ARNm para proteger contra la “gripe aviar” H5N1 en humanos. El portavoz del HHS, Andrew Nixon, justificó la decisión con la falsa afirmación de que “la tecnología de ARNm sigue siendo poco probada”. Esto ocurre en condiciones en las que numerosos científicos han advertido que el H5N1, que históricamente tiene una tasa de mortalidad del 50 por ciento entre los humanos, solo requiere una mutación para poder transmitirse de persona a persona.

Otras iniciativas anticientíficas de Kennedy en el HHS incluyen la amenaza de prohibir a los científicos financiados con fondos federales publicar en revistas médicas preeminentes y revisadas por pares, como The Lancet, el New England Journal of Medicine y JAMA, que denunció como “corruptas”; tratar de bloquear el sacrificio de una manada de avestruces en Canadá que dieron positivo para la gripe aviar después de proponer dejar que la enfermedad se propagara libremente en los Estados Unidos; e impulsar tratamientos “alternativos” para el sarampión y a los “curanderos” que los practican, incluido un médico que apareció en video con una infección por sarampión mientras trataba a pacientes enfermos.

Se descubrió que un informe oficial de la campaña Make American Healthy Again (MAHA; Hacer que Estados Unidos sea Saludable Otra Vez) presentado por Kennedy a Trump la semana pasada citó fuentes falsas y citó erróneamente a otros. El informe denuncia la “sobremedicalización de nuestros hijos”, apuntando específicamente al calendario de vacunas infantiles, junto con los medicamentos comúnmente utilizados para tratar la depresión y la ansiedad, que Kennedy ha afirmado falsamente que están detrás del aumento de las tasas de autismo y otros trastornos de desarrollo.

Esta semana, Kennedy también unió fuerzas con el presidente fascista de Argentina, Javier Milei, formando un bloque reaccionario destinado a desmantelar la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS, de la que Trump se retiró en su primer día en el cargo, se ha convertido en un blanco de los ataques de estas fuerzas precisamente porque encarna un marco de cooperación científica internacional.

Entre los elementos más peligrosos de esta campaña se encuentra el impulso para promover la desacreditada teoría de la conspiración de la “fuga del laboratorio de Wuhan”. Diseñada para avivar el odio antichino y preparar a la población para la guerra contra Beijing, mientras esquiva la responsabilidad por su catastrófico mal manejo de la pandemia, la mentira del laboratorio de Wuhan se ha convertido en el dogma oficial de la Administración de Trump y es aceptada sin críticas por el Partido Demócrata y la prensa dominante.

Esta falsedad ya ha servido de pretexto para una ofensiva derechista en curso contra las instituciones públicas de investigación. Los ataques contra el virólogo Peter Daszak y EcoHealth Alliance, sometidos a una inquisición mccarthista en el Congreso, allanaron el camino para la última etapa del ataque a la salud pública.

Esta campaña de propaganda fascista coincide con los renovados esfuerzos del Gobierno de Trump para desfinanciar Harvard y otras universidades, ahora centrados en el ataque a estudiantes internacionales. El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio anunció planes para revocar “agresivamente” las visas de estudiantes de China.

La comunidad científica, sin embargo, está comenzando a defenderse. La semana pasada, docenas de miembros del personal de los NIH hicieron huelga en protesta por la declaración de apoyo de Bhattacharya a la mentira del laboratorio de Wuhan, y docenas más animaron a sus colegas. Esta acción, aunque limitada, señala un creciente reconocimiento entre los científicos de que la defensa de la verdad, la salud pública y la vida misma requiere resistencia política. Los científicos legítimos entienden lo que está en juego: no solo sus carreras, sino la salud de la sociedad, la integridad de la ciencia y la vida de millones.

Los científicos no pueden defenderse solos. Solo una fuerza tiene la capacidad de detener el descenso a la barbarie capitalista: la clase obrera internacional. El conocimiento y el compromiso de los científicos, investigadores, funcionarios de salud pública y académicos deben fusionarse con el poder organizado de los trabajadores en todas las industrias y continentes.

La ciencia no debe servir al lucro o al nacionalismo; debe servir a la humanidad. Para lograr esto, debe liberarse de las garras de la clase capitalista. Eso significa construir un movimiento socialista –internacional, revolucionario y arraigado en la clase trabajadora— para derrocar un sistema que ve la muerte como un medio para acumular riqueza y despliega la ignorancia como un arma política.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2025)