Mientras el presidente Donald Trump moviliza a la Guardia Nacional y al ejército contra la población en Estados Unidos, el Gobierno alemán dirigido por el canciller Friedrich Merz (Unión Demócrata Cristiana, CDU) también avanza hacia un estado policial autoritario. Las decisiones más recientes del gabinete federal en materia de política migratoria y el plan para armar a la policía federal con pistolas Taser marcan una nueva escalada. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt (Unión Social Cristiana, CSU), impulsa abiertamente la agenda de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

En las últimas semanas, el gabinete ha aprobado varios proyectos de ley que en la práctica eliminan el derecho de asilo y la protección humanitaria y facilitan la deportación de decenas de miles de personas.

Entre otras cosas, el Gobierno quiere definir los llamados “países de origen seguros” por medio de un decreto-ley, ampliando así masivamente las deportaciones hacia estos países. A diferencia de una ley formal, este tipo de decretos no tienen que ser debatidos ni aprobados por el Bundestag ni por el Bundesrat (las dos cámaras del Parlamento). En su acuerdo de coalición, la CDU, la CSU y el Partido Socialdemócrata (SPD) ya habían anunciado su intención de ampliar la lista de países de origen seguros. Se están considerando países como Argelia, India, Marruecos y Túnez.

Al mismo tiempo, se están socavando derechos fundamentales: se suspende la reunificación familiar para los beneficiarios de protección subsidiaria y se elimina la naturalización facilitada. Estas medidas no solo violan derechos humanos fundamentales, sino que también contradicen el derecho europeo vigente. El derecho al respeto de la vida familiar (Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) se pisotea, al igual que el derecho individual de asilo.

La organización de refugiados Pro Asyl reaccionó con horror ante estas medidas. Señaló que con ellas se cierran las vías legales y seguras de escape. “Es un desastre para las familias afectadas”, declaró Tareq Alaows. “La separación de facto durará más de dos años, especialmente para las familias que han estado esperando durante años a que se procesen sus solicitudes”.

Las devoluciones en la frontera exterior de Alemania son especialmente extremas. A pesar de una sentencia del Tribunal Administrativo de Berlín el 2 de junio que declaró ilegales las devoluciones de solicitantes de asilo en las fronteras, el ministro del Interior, Dobrindt, afirmó: “Seguiremos actuando en la frontera si es necesario. Alemania debe decidir por sí misma quién entra en el país”.

Con esta postura abiertamente ilegal, el Gobierno sigue el ejemplo de Trump, quien también ignora los fallos judiciales en Estados Unidos. La constitución alemana y los acuerdos internacionales se están socavando de forma autoritaria.

El proyecto de libertad de información “FragDenStaat” (Pregúntale al Estado) ha presentado una denuncia penal contra el Ministerio Federal del Interior y el presidente de la Policía Federal, Dieter Romann, por “incitación a subordinados a cometer un delito”. Las devoluciones son “delitos penales” que podrían “considerarse coacción mediante abuso de autoridad”. El sitio jurídico Legal Tribune Online también habla de una “clara violación de la ley”.

Al mismo tiempo, las autoridades llevan a cabo deportaciones brutales, que encuentran una creciente oposición entre la población. En Fráncfort, una familia afgana con dos hijos en edad escolar tuvo 20 minutos para empacar antes de ser deportada a India. En Offenbach, una maestra de jardín de infancia fue deportada a Lituania, a pesar de estar considerada como una trabajadora calificada muy necesitada. Estos casos individuales no son excepcionales, sino la expresión sistemática de una política de deportación inhumana.

Según el Gobierno federal, esta política se endurecerá también a nivel europeo. “Estamos trabajando con una estrategia de dos pilares para combatir la migración ilegal: uno europeo y otro nacional”, declaró Dobrindt al Bundestag el pasado 6 de junio.

El pilar europeo incluye, entre otras cosas, “la implementación y el endurecimiento del Sistema Europeo Común de Asilo, … una regulación común de retorno y, sí, el establecimiento de centros europeos de asilo en las fronteras exteriores de la Unión Europea”. En otras palabras, deportaciones masivas y el encierro de refugiados en campos de concentración en las fronteras exteriores.

De forma significativa, tras la exposición de Dobrindt de las medidas previstas, el acta oficial del Bundestag registra la intervención de un diputado de la AfD: “¡La AfD trabaja, diría yo!”

Y eso no es todo. Paralelamente al endurecimiento de la política migratoria, el aparato estatal represivo se refuerza de forma masiva. Dobrindt anunció que la policía federal será equipada con pistolas “Taser” de forma generalizada. Según él, se trata de “ampliar el repertorio de nuestras fuerzas y proteger vidas”. Esto es puro cinismo.

Las pistolas Taser no son inofensivas ni mucho menos “salvavidas”, sino armas peligrosas. Estas pistolas de descarga eléctrica disparan dardos de alto voltaje que atraviesan la ropa y se enganchan en los tejidos del cuerpo. El pulso eléctrico puede activarse varias veces y causa regularmente heridas graves o incluso la muerte.

En Estados Unidos, donde los Taser forman parte habitual de la práctica policial desde hace tiempo, el número de muertes provocadas por su uso está bien documentado. Una investigación de Associated Press reveló que entre 2012 y 2021, 538 personas murieron por el uso de estas armas eléctricas.

El plan de armar a la policía no tiene como objetivo proteger a la población, sino intimidarla y reprimirla violentamente. Al igual que los ataques contra los migrantes, está dirigido contra toda la clase trabajadora. En medio de una creciente desigualdad social, un rearme masivo y preparativos para la guerra, la clase dominante quiere aplastar de raíz cualquier oposición y, si es necesario, reprimirla con armas potencialmente letales.

Las críticas a las recientes decisiones vertidas por los Verdes y el partido La Izquierda (Die Linke) son tímidas e hipócritas. La portavoz de políticas de refugiados de los Verdes, Filiz Polat, calificó la “suspensión de la reunificación familiar” de “problemática”. Como parte del último gobierno federal, los Verdes endurecieron constantemente la política de refugiados. El partido La Izquierda también critica “las políticas derechistas del gobierno” en sus discursos dominicales, pero, al igual que los Verdes, votó en el Bundesrat a favor de los créditos de guerra del Gobierno de Merz. Y, como partido en el poder a nivel estatal, participa también en deportaciones brutales.

El endurecimiento de la política migratoria y la expansión del estado policial son dos caras de la misma moneda: sirven para preparar los conflictos sociales y aplicar el curso de rearme masivo y guerra frente a la enorme oposición de la población.

Ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania debe volverse “apta para la guerra” nuevamente, como ya exigía en otoño de 2023 el ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD). La reintroducción del servicio militar obligatorio, un presupuesto militar objetivo del 5 por ciento del producto interno bruto (alrededor de 225.000 millones de euros), los preparativos para una guerra contra la potencia nuclear Rusia y las crecientes tensiones entre las potencias imperialistas, en particular con EE.UU., requieren, como en los años treinta, una ruptura con el orden democrático y el establecimiento de una dictadura.

La clase dominante alemana sabe que su política encontrará una creciente resistencia, como ocurre en Estados Unidos. Por eso se arma dentro de sus fronteras. La única respuesta frente a este rumbo es la movilización independiente de la clase trabajadora sobre una base internacional y socialista. Solo así puede detenerse el avance hacia una reestructuración autoritaria del Estado, el militarismo y la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2025)