El Partido Socialista por la Igualdad (Reino Unido) se opone al arresto y la persecución del Dr. Ranjeet Brar, secretario general del Partido Comunista de Gran Bretaña (Marxista-Leninista). Manteniendo sus irreconciliables diferencias políticas con el Partido Comunista de Gran Bretaña (Marxista-Leninista), el Partido Socialista por la Igualdad (PSI) denuncia este acto antidemocrático destinado a reprimir e intimidar la libertad de expresión y el sentimiento antibelicista.

Brar, cirujano vascular y endovascular consultor del Servicio Nacional de Salud (NHS) en el Hospital King's College, fue arrestado el 9 de abril por agentes de la Policía Metropolitana en su domicilio, en virtud del artículo 18 de la Ley de Orden Público, bajo la acusación de un delito con agravante racial. Fue llevado a una comisaría a pesar de ser el único adulto en la casa a cargo de sus hijos, el menor de los cuales tiene seis años.

Un comunicado del CPGB-ML, emitido el 9 de abril, afirmaba: “La policía no solo lo ha arrestado, sino que ha dispuesto que se le suspenda de su trabajo como cirujano del NHS durante al menos dos semanas, sin duda con vistas a una suspensión más prolongada y, en última instancia, con el objetivo de privarlo de su empleo».

Brar fue puesto en libertad esa misma noche. En los últimos años, ha sido arrestado cinco veces, en el marco de la represión del gobierno laborista contra las protestas contra el genocidio de los palestinos en Gaza, con el apoyo de Washington y Londres.

El 25 de noviembre de 2023, Brar y otros tres miembros del CPGB-ML fueron arrestados durante una protesta masiva en el centro de Londres por exhibir el libro Sionismo: una herramienta racista, antisemita y reaccionaria del imperialismo. La portada del libro vincula la esvástica con la Estrella de David. Mientras los cuatro permanecían detenidos durante la noche, la policía antiterrorista allanó sus domicilios y confiscó ordenadores y teléfonos.

La última detención de Brar se produjo apenas cinco días después de que pronunciara un discurso frente a la embajada estadounidense en Londres, en el que denunciaba la guerra contra Irán.

Durante su discurso, declaró: “Israel, su entidad genocida y colonial, no tiene derecho a existir. Debe ser borrado del mapa y sustituido por la palabra Palestina en su totalidad”. Afirmó que, en su opinión, la guerra allanaría el camino para la eliminación de las fronteras artificiales creadas en Oriente Medio en virtud del Acuerdo Sykes-Picot a principios del siglo XX.

En declaraciones al programa de Crispin Flintoff, Brar explicó: “La noche del miércoles [8 de abril], mi hospital me llamó y me comunicó que estaba suspendido durante dos semanas. Nunca antes me habían suspendido. Dijeron que era una emergencia para investigar el presunto caso de antisemitismo. Les pedí más detalles, pero no me los dieron.

“Así que la investigación continúa y puedo mantenerlos informados, pero no tienen argumentos sólidos. No soy racista. Llevo toda la vida luchando contra el racismo. Así que esto no llegará a ninguna parte”.

La policía lo arrestó entonces “en virtud del artículo 18 de la Ley de Orden Público, delito con agravante racial, discurso destinado a incitar al odio racial. Esa es su acusación”.

Brar señaló: “Estaban muy interesados ​​en la Ley Sykes-Picot”. Tras declarar que el sionismo no es judaísmo, que soy antirracista y que el sionismo en sí mismo es racista, concedí una entrevista en la que me negué a hacer comentarios. Añadió: “Acusarme de racista por atacar a Israel o al sionismo equivale a equiparar ambos”, lo cual es “una postura racista en sí misma”.

Según Brar, la policía “intentaba sonsacarme para que revelara a qué grupos del eje de la resistencia apoyaba, para que expresara algún tipo de apoyo a grupos prohibidos”.

Este es el último acto de represión política contra el personal sanitario, que vulnera su derecho a la libertad de expresión política, de protesta y de palabra.

El mes pasado, el Dr. Rahmeh Aladwan, cirujano residente del Servicio Nacional de Salud (NHS) con una trayectoria impecable durante siete años, fue arrestado en virtud de la Ley Antiterrorista (2000) y la Ley de Orden Público (1986) en relación con declaraciones en contra del genocidio en Gaza.

Este fue su quinto arresto, en el marco de una campaña de intimidación y acoso liderada por grupos de presión sionistas, agencias policiales y el gobierno laborista de Starmer.

En noviembre de 2025, Aladwan fue suspendida del registro médico del Reino Unido durante 15 meses por un tribunal, a la espera del resultado de una investigación del Consejo Médico General (GMC) sobre su aptitud para ejercer la medicina. El gobierno planea ahora otorgar más poderes al GMC y a la Autoridad de Normas Profesionales para sancionar a quienes se oponen a la guerra y al genocidio, tildándolos de “racistas” o “antisemitas”.

Tras una audiencia en el Old Bailey la semana pasada, Aladwan será juzgada en marzo de 2027, acusada de “incitar al apoyo a una organización prohibida” (Hamás) y de fomentar el odio racial.

Como señaló NHS FightBack en su defensa, los cargos “se refieren a discursos públicos y publicaciones en redes sociales en 2025 contra el genocidio israelí en Gaza y en apoyo al derecho a la resistencia armada palestina, un derecho reconocido por el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.

Hasta su ilegalización por el gobierno de Starmer el 5 de julio de 2025, Aladwan era miembro del grupo de protesta Palestine Action (PA).

Tras la reciente detención masiva a principios de este mes en Londres de 523 manifestantes pacíficos —que portaban un cartel con el lema: “Apoyo a Palestine Action”—, el número total de detenidos por manifestar su apoyo al grupo asciende a 3.302. Estas detenciones se llevaron a cabo a pesar de que el Tribunal Superior del Reino Unido declaró ilegal la ilegalización de PA el 13 de febrero.

El martes y el miércoles de esta semana, el Tribunal de Apelación examinará el recurso presentado por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, contra dicha decisión.

Es necesario combatir estos ataques sin precedentes contra los derechos y libertades democráticas. El PSI exige que se retiren los cargos contra Brar y Aladwan y que se les permita retomar sus puestos de trabajo, libres de intimidación y ataques contra su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de abril de 2026)