La catástrofe humanitaria provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio —de magnitud 7.2 y 7.5— ha entrado en lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) califica ahora de fase “crítica”. Mientras aumenta el número de muertos, el New York Times confirmó, a partir de fuentes internas, que Venezuela se ha convertido en un protectorado semicolonial administrado directamente desde Washington.

El gobierno venezolano anunció el miércoles que se han confirmado 4.829 personas fallecidas y 16.740 heridas por los terremotos. El Coordinador de Socorro de Emergencia de la ONU calificó de “aterradoramente plausibles” los cálculos de hasta 50.000 desaparecidos. Más de 20.000 personas permanecen en refugios temporales, mientras las autoridades calculan que será necesario construir 25.000 viviendas para los que se han quedado sin hogar. La NASA calcula que 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que “en las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud pueden provenir no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, la falta de agua y saneamiento adecuados, y el acceso reducido a la vacunación y la atención médica de rutina”.

La evaluación de la OPS encontró tres hospitales tan gravemente dañados que requieren evacuación total, 24 más con daños que afectan sus operaciones y 20 con daños menores, así como 20 centros ambulatorios dañados y más de 100 unidades de atención primaria afectadas, 20 de ellas gravemente. La Guaira ha perdido la mitad de su personal sanitario porque se ha muerto, desaparecido, herido o desplazado.

La ONU y las agencias de ayuda extranjera, si bien aseguran ciertos suministros médicos, de saneamiento y ayuda de emergencia, han demostrado una vez más ser completamente incapaces de movilizar recursos acordes con la magnitud del desastre. El coordinador humanitario de la ONU, Gianluca Rampolla, declaró a El País que “un país cuyo PIB hoy es una cuarta parte de lo que era en 2012 necesita reconstruir músculo financiero para invertir en servicios básicos: salud, educación, agua, saneamiento. Un país sin esos servicios no es sostenible”.

Sin embargo, los llamamientos de la ONU y de las autoridades venezolanas para que Washington libere los miles de millones en activos estatales venezolanos congelados y los ingresos de exportación retenidos por el Tesoro estadounidense han sido ignorados.

En cambio, incluso mientras aumenta el número de víctimas del terremoto, el vicepresidente sectorial de Economía y expresidente del Banco de Venezuela, Calixto Ortega, ha confirmado que el gobierno está procediendo con una reestructuración de la deuda externa venezolana respaldada por el FMI, canalizando aún más recursos hacia una deuda estimada en 240 mil millones de dólares con los acreedores —recursos que podrían ir a reconstruir hospitales y viviendas—.

La respuesta de Washington al desastre no ha sido aflojar su control económico, sino profundizar su ocupación militar bajo cobertura humanitaria. Como declaró el jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, el 12 de julio: “Creamos un ejército con un solo propósito, luchar y ganar. Pero cuando ese mismo ejército puede responder a una crisis como esta, vemos lo mejor del pueblo estadounidense… Permaneceremos en la tarea y en la misión hasta que el trabajo esté hecho”.

Los trabajadores no deben hacerse ilusiones sobre cuándo estará terminado ese “trabajo”: no antes de que el imperialismo estadounidense haya asegurado sus objetivos estratégicos.

Esos objetivos quedaron al descubierto en el reportaje del New York Times “Cómo Marco Rubio está dirigiendo Venezuela desde lejos”. Citando a más de una docena de funcionarios en Washington y Caracas, el Times constató que en los seis meses transcurridos desde que las fuerzas militares estadounidenses capturaron al presidente en funciones Nicolás Maduro de su residencia, Rubio se ha convertido en el “virrey” de facto del país, ejerciendo un grado de control personal sobre una nación que no se veía desde que L. Paul Bremer dirigió el Irak ocupado en 2003.

Rubio controla efectivamente las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno, comunicándose directa e informalmente —en español y por WhatsApp— con Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta de Maduro que ahora dirige nominalmente el país con la bendición de Washington.

El mecanismo de control financiero es insólito: el Tesoro estadounidense recauda los ingresos de la mayoría de las exportaciones petroleras de Venezuela y los distribuye gradualmente a través de los bancos privados del país. El equipo de Rubio dicta en qué y quién puede gastar el dinero: un arreglo que el Times compara con padres que dan mesadas a sus hijos.

Según Trump, Rodríguez le dijo a Rubio que estaba “dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para hacer a Venezuela grande de nuevo”. Trump ha dicho que Estados Unidos “dirigirá el país” hasta que haya una “transición segura, adecuada y juiciosa”, añadiendo en otra entrevista que espera que Washington dirija Venezuela “durante años”.

El crudo venezolano fluye ahora a través de acuerdos comerciales con las empresas Trafigura y Vitol impuestos por la administración Trump, mientras Rubio ha dejado de lado al secretario de Energía Chris Wright para dirigir personalmente la apertura del sector petrolero venezolano al capital estadounidense, dando prioridad a las empresas de EE. UU. sobre las compañías europeas que anteriormente operaban allí.

Rubio también ha advertido al gobierno de Rodríguez contra tratar con adversarios de Estados Unidos, y la empresa petrolera estatal venezolana se ha hecho cargo silenciosamente de las operaciones que controlaba junto con la empresa rusa Rosneft.

El periodista del Times Anatoly Kurmanaev, si bien señaló que la ayuda estadounidense tiene cierto valor, destacó: “Venezuela, por ejemplo, ya no tiene helicópteros militares porque fueron destruidos en su mayoría por los estadounidenses en el ataque del 3 de enero” —aeronaves que de otro modo podrían estar buscando a los sobrevivientes del terremoto.

El establecimiento de este virreinato está siendo apuntalado por una ocupación militar. Las fuerzas estadounidenses controlan el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas y el Puerto de La Guaira, el más importante del país, reforzados por la reciente llegada del USS San Antonio. En una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela, el presunto narcotraficante Niño Guerrero fue ejecutado extrajudicialmente —un anticipo del régimen de “seguridad” que se está construyendo bajo la ocupación.

Como ha advertido el CICI durante más de una década, documentado en el volumen Sounding the Alarm: Socialism against War (Dando la alarma: Socialismo contra la guerra), el imperialismo estadounidense —asolado por el declive económico, una deuda asombrosa y la erosión de la posición global del dólar— está recurriendo a la fuerza militar para sostener su hegemonía. La guerra en Ucrania, la guerra de Estados Unidos contra Irán, los preparativos para la guerra con China y el genocidio en Gaza no son crisis separadas, sino componentes de una única erupción de violencia imperialista, de la cual la ocupación de Venezuela es ahora parte integral.

Trump ya habla del petróleo venezolano como una extensión de las reservas estadounidenses. Pero incluso el dominio total del gobierno venezolano es insuficiente para los objetivos de Washington.

Robert Evan Ellis, investigador principal del CSIS, en una columna reciente, identifica la verdadera prioridad estratégica: contrarrestar la influencia china y suprimir la lucha de clases y el sentimiento antiimperialista en toda América Latina. Ellis cita una encuesta de AMLAT Radar que muestra que el 49 por ciento de los latinoamericanos considera a China el mejor socio comercial, frente a solo el 26 por ciento para Estados Unidos, y advierte que el aumento de los costos de los combustibles podría derrocar a los gobiernos aliados de Washington en Ecuador y Bolivia.

Los datos económicos subyacentes explican su alarma. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo encontró que China fue el comprador de más rápido crecimiento de las exportaciones latinoamericanas a principios de 2026, con un aumento del 25 por ciento interanual, en comparación con un crecimiento del 14 por ciento en las exportaciones con destino a Estados Unidos. Las exportaciones totales de Venezuela cayeron un 8,7 por ciento, incluso cuando sus exportaciones a Estados Unidos aumentaron ligeramente tras la captura de Maduro.

El economista del CSIS, Philip Luck señala que los préstamos de China a Venezuela se pagan mediante flujos de petróleo que Beijing controla directamente, dándole prioridad sobre los tenedores de bonos en cualquier reestructuración del FMI. Pero la intervención estadounidense ha cortado ahora ese canal: las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos alcanzaron los 17,1 millones de barriles en mayo y a la India 13,5 millones, mientras que los envíos a China se mantuvieron en cero por quinto mes consecutivo.

A nivel interno, la maquinaria de desposesión ha proseguido sin cesar a través del desastre. El 8 de julio, Rodríguez firmó un decreto que flexibiliza aún más la regulación petrolera más allá de la privatizadora Ley de Hidrocarburos de enero, reduciendo impuestos y regalías para el capital extranjero, declarando que establece “un entorno favorable para la cooperación entre el Estado y el capital nacional y extranjero”.

Además, bajo la supervisión de Estados Unidos, el gobierno de Rodríguez y las figuras de la oposición patrocinadas por Washington lanzarán un “diálogo electoral” el 1 de agosto para dar cobertura democrática a la ocupación. Y en un revelador cambio de personal, Rodríguez destituyó a Yvan Gil —durante mucho tiempo asociado con la retórica antiimperialista— del ministerio de Relaciones Exteriores, instalándolo en su lugar en Ciencia y Tecnología, mientras que un nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio fue entregado a Félix Plasencia, el actual representante de Venezuela en Washington.

Cada elemento de este historial —los miles de millones congelados y negados para la ayuda tras el terremoto, los pagos de la deuda priorizados sobre la vivienda, la riqueza petrolera redirigida a Wall Street y Washington— demuestra que el “trabajo” que el ejército estadounidense está completando en Venezuela no tiene nada que ver con la recuperación del pueblo venezolano tras los terremotos. Es la instalación de un régimen de Estado policial semicolonial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de julio de 2026)