En la madrugada del lunes, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, el brazo de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), allanaron la vivienda de la legisladora Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, en Washington D. C., con una orden de registro obtenida por el Departamento de Justicia. La policía migratoria ha sido enviada contra una integrante en funciones del Congreso tres semanas antes de unas elecciones nacionales. Se trata de un acto ilegal de persecución política que debe ser condenado y combatido por todos los trabajadores y defensores de los derechos democráticos.

Omar, de 44 años, llegó a Estados Unidos siendo niña, como refugiada de la guerra civil en Somalia. La Casa Blanca la ha atacado durante años por sus críticas a aspectos de la política exterior estadounidense, en particular al genocidio israelí en Gaza. No se le ha imputado ningún delito.

El allanamiento no es simplemente un intento de influir en la votación del 3 de noviembre. Es un paso en la marcha de la Administración Trump hacia una dictadura presidencial, y las propias elecciones son uno de sus objetivos. Un gobierno que envía agentes federales a la vivienda de una legisladora opositora, basándose en calumnias difundidas por el presidente, se prepara para prescindir de las formas constitucionales que se supone que deben exigirle rendición de cuentas.

La fecha fue elegida deliberadamente. El allanamiento tuvo lugar 22 días antes de las elecciones, en abierto desprecio por la práctica de larga data del Departamento de Justicia de evitar medidas manifiestas contra candidatos en los 60 días anteriores a una votación. Según CBS News, el fiscal general Todd Blanche tenía conocimiento personal del registro. Trump dijo a los periodistas que “no tuvo nada que ver” con ello.

En realidad, Trump dio la señal. El jueves 8 de octubre publicó en Truth Social: “El otrora gran estado de Minnesota está siendo tomado por inmigrantes somalíes. Hay violencia, asesinatos y caos por todo el estado”. Continuó: “¡Contraataca, Minnesota, contraataca! Si lo necesitas, el Gobierno federal acudirá a rescatarte”.

Dos días después, en un mitin de campaña en Clarksville, Tennessee, arremetió contra Omar: “Ella viene de Somalia; no tienen gobierno, no tienen policía. Lo único que tienen es delincuencia y miseria”. Refiriéndose a acusaciones infundadas de fraude difundidas en las redes sociales de derecha, añadió: “Nunca debería permitirse lo que estas personas de Somalia le han hecho a Minnesota”. El lunes por la mañana llegaron los agentes.

Según se informa, la investigación se refiere a documentos migratorios presentados por el difunto padre de Omar cuando ella era niña. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue más lejos y repitió la calumnia de la derecha de que Omar se casó con su hermano. “Si podemos demostrarlo”, dijo en una entrevista el mes pasado, “entonces tal vez nunca debiste haber estado aquí; te deportaremos”.

Omar es ciudadana naturalizada desde 2000. La Administración amenaza abiertamente con despojar de su ciudadanía a una integrante del Congreso y expulsarla del país.

El “zar fronterizo” Tom Homan declaró a Fox News el mes pasado que “no importa si son congresistas o no; nadie está por encima de la ley”. Esto lo dice un gobierno tan plagado de criminalidad que Trump afirmó este mes que consideraría conceder indultos preventivos a funcionarios de su Administración antes de dejar el cargo. Según Forbes, la fortuna personal de Trump casi se ha triplicado desde principios de 2024 y asciende a 6.200 millones de dólares.

El pretexto para el ataque contra las elecciones es la mentira de que se produce una votación masiva de personas que no son ciudadanas, llevadas a las urnas por los demócratas. Las investigaciones solo han encontrado pequeñas cantidades de personas no ciudadanas registradas por error para votar, por lo general debido a equivocaciones cometidas al solicitar licencias de conducir, y un número ínfimo de votos efectivamente emitidos.

Estas mentiras no se utilizan simplemente para reforzar la afirmación de Trump de que ganó las elecciones de 2020, que perdió claramente frente a Joe Biden. Su verdadero propósito es avivar una histeria antiinmigrante entre sus seguidores fascistas para facilitar la cancelación total de las elecciones o su celebración bajo condiciones de ley marcial, con tropas armadas y la Gestapo migratoria desplegadas en los centros de votación, en particular en barrios con grandes poblaciones inmigrantes y minoritarias.

El allanamiento ocurre cuando las encuestas apuntan a un desastre republicano. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 5 de octubre situó la aprobación de Trump en el 32 por ciento, un mínimo histórico, y el Cook Political Report considera que los demócratas tienen ventaja para ganar la Cámara de Representantes. Trump no se está preparando para aceptar ese resultado. Se está preparando para impedirlo.

La Administración está utilizando el Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) contra sus adversarios políticos, señalando en particular a mujeres negras y apelando al racismo y la misoginia: Omar, la fiscal general de Nueva York Letitia James y la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook. La legisladora LaMonica McIver, demócrata de Nueva Jersey, enfrenta cargos federales de agresión que podrían acarrearle una condena de más de diez años, relacionados con una visita de supervisión a Delany Hall, un centro de detención del ICE en Newark.

Omar calificó el allanamiento de “un intento de atacar a enemigos políticos y convertir en arma a las fuerzas federales del orden”. Dijo: “Durante 10 años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas difamatorias. Esta es la última escalada de su campaña de intimidación política”, y añadió: “No me silenciarán”.

Los dirigentes demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar, calificaron el allanamiento de “profundamente preocupante” y prometieron “plena rendición de cuentas por este abuso de poder descontrolado”, sin proponer hacer nada concreto. Otros demócratas emitieron declaraciones y nada más.

La preocupación de los demócratas por Omar es reciente. En 2019, la dirección del partido la obligó a disculparse por criticar la influencia de AIPAC (Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos, por sus siglas en inglés), un grupo de presión que ha defendido todos los crímenes del Estado israelí, incluido el genocidio en Gaza. Cuando los republicanos la expulsaron en 2023 de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, los demócratas se limitaron a votar en bloque por su partido y respaldaron una resolución que declaraba a Israel “aliado legítimo y democrático” de Estados Unidos, que la propia Omar firmó.

Fue el Departamento de Justicia de Biden el que abrió una investigación sobre las finanzas de Omar, los gastos de campaña y sus interacciones con un ciudadano extranjero. Según The New York Times, la investigación se estancó aparentemente por falta de pruebas, pero contribuyó a crear las condiciones para el actual esfuerzo por difamarla, procesarla y deportarla.

En las próximas semanas, los demócratas presentarán la votación del 3 de noviembre como la respuesta a Trump. Las organizaciones pseudoizquierdistas y el aparato sindical harán lo mismo e intentarán canalizar la indignación por el allanamiento detrás del Partido Demócrata como el “mal menor”. La clase obrera debe rechazar esta trampa.

Bajo el sistema bipartidista, los demócratas serían los únicos beneficiarios de un derrumbe republicano. Pero son un partido de Wall Street y del aparato militar y de inteligencia. Su conflicto con Trump no se centra en la defensa de los derechos democráticos, sino en cuestiones de estrategia imperialista, sobre todo, la guerra contra Rusia en Ucrania.

Una victoria demócrata el 3 de noviembre no detendría la marcha hacia la dictadura. Trump ha dejado claro que no aceptará un resultado adverso, y los demócratas, que minimizan el peligro a cada paso, temen el crecimiento de la oposición desde abajo. Las fuerzas que impulsan esta tendencia —incluida la enorme concentración de riqueza en una oligarquía financiera, el giro hacia la guerra en el extranjero y los ataques contra inmigrantes y trabajadores dentro del país— tienen sus raíces en la crisis del capitalismo estadounidense, que los demócratas defienden tanto como los republicanos.

El Partido Socialista por la Igualdad mantiene diferencias políticas fundamentales con Omar y los demás representantes demócratas, que sostienen y defienden el sistema capitalista. Sin embargo, nos oponemos a la persecución de estas figuras por parte de la Administración Trump y exigimos que se detengan de inmediato todas las investigaciones y los procesos judiciales contra quienes figuran en la “lista de enemigos” de Trump. Los métodos que ahora se utilizan contra Omar ya se han empleado contra los inmigrantes y se dirigirán contra todos los sectores de la población trabajadora.

La defensa de los derechos democráticos recae en la clase obrera, movilizada independientemente de los dos partidos patronales. Los trabajadores deben construir comités de base en cada lugar de trabajo y barrio para oponerse a los allanamientos, a la maquinaria de deportación y a cada paso hacia el autoritarismo, y vincular esta lucha con la lucha contra el sistema capitalista del que surge el peligro de la dictadura.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12/10/2026)