El gobierno chileno de José Antonio Kast está convulsionado por la crisis política más grave de su corta existencia. La revelación efectuada el 21 de octubre por el medio de investigación Interferencia—según la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había firmado silenciosamente 56 decretos que reducían las condenas de hombres condenados por violación y abuso sexual de menores—detonó un escándalo que ya se cobró la cabeza del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y ahora amenaza al propio ministro, Fernando Rabat. El affaire ha expuesto la podredumbre de todo el establecimiento político y, por sobre todo, el rol de la “izquierda” chilena como puntal indispensable del dominio burgués.

Los decretos no solo liberan a violadores de niños, sino que otorgaron rebajas de condena a torturadores y asesinos de la dictadura de Pinochet recluidos en la cárcel de Punta Peuco. Entre ellos figura el ex agente de la CNI César Acuña Luengo, responsable de la desaparición en 1987 de Alejandro Pinochet, militante de izquierda que llevaba el apellido del dictador sin ser pariente suyo. También se beneficiaron tres integrantes de la banda Tren de Aragua, un asesino neonazi y narcotraficantes.

Las rebajas no fueron una desviación del programa del gobierno Kast. Kast es hijo de Michael Kast, oficial nazi que colaboró en la represión de la dictadura de Pinochet, y su hermano Miguel asesoró a la policía secreta DINA. El propio Kast es un admirador de larga data de la dictadura que fundó el Partido Republicano en 2019 como homenaje a Donald Trump, y que hizo campaña con un programa de medidas de Estado policial calcadas del modelo Bukele en El Salvador.

Rabat personifica la continuidad entre el proyecto político de la dictadura y el gobierno actual. Pertenece al estudio jurídico cuyo fundador encabezó el Frente Nacionalista Patria y Libertad, la organización paramilitar fascista que perpetró actos terroristas contra el gobierno de Salvador Allende. Rabat integró el equipo legal que defendió a Augusto Pinochet tras su detención en Londres en 1998, en el caso Riggs sobre las cuentas secretas del dictador y en innumerables causas por crímenes de lesa humanidad.

Un gobierno que otorga inmunidad legal a la policía, criminaliza a inmigrantes y jóvenes, construye muros y zanjas en sus fronteras y busca militarizar el servicio penitenciario, cuando le conviene a su clase, libera por decreto a torturadores y violadores. La aparente contradicción es la expresión lógica de una derecha fascista que se presenta como defensora del “orden” mientras administra un sistema cuyo contenido real es la impunidad de los poderosos y la represión de los explotados.

Pero en una situación política y socioeconómica cada vez más convulsiva, la apuesta de Kast tuvo consecuencias. El 28 de octubre la Cámara de Diputados celebró una sesión especial con la presencia de Rabat, exigió los antecedentes de cada una de las 56 rebajas, solicitó al Ministerio agotar todos los mecanismos legales para revertirlas y pidió la renuncia de Rabat y de ambos subsecretarios, Silva y Pablo Mira.

La defensa de Rabat y su refutación

La defensa de Rabat fue de carácter procedimental: evaluar cada solicitud individualmente, sostuvo, implicaría actuar “fuera del ámbito de mis atribuciones.” CIPER e Interferencia demostraron que esta afirmación era manifiestamente falsa. Interferencia revisó cientos de decretos firmados entre marzo y septiembre de 2026 y constató que Rabat rechazó 22 de 36 solicitudes de rebaja de condenas aprobadas por sus propias oficinas regionales. A la inversa, emitió 11 decretos que aprobaban rebajas, contraviniendo las advertencias escritas expresas de las oficinas regionales de su propio ministerio, en virtud de una ley vigente desde 2022 que prohíbe explícitamente las rebajas de condena para autores de delitos sexuales contra menores. Sus decretos no citan orden judicial alguna que lo obligara a actuar de ese modo.

El dato más condenatorio fue informado por CNN Chile. El 15 de junio de 2026, la Corte Suprema respaldó al Ministerio de Justicia al rechazar una rebaja para un hombre condenado por la violación de un menor de 14 años, declarando que la reforma de 2022 que excluye a los agresores sexuales del beneficio es una norma administrativa “no sujeta al principio de irretroactividad de la ley penal.” Al día siguiente, el 16 de junio, el ministerio concedió una rebaja, ignorando el fallo de la Corte Suprema.

El rol indispensable de la “izquierda” chilena en una crisis en profundización

La aprobación de Kast se ha desplomado al 22,1 por ciento, con un 67,5 por ciento de desaprobación, según Pulso Ciudadano, el registro más bajo de su presidencia. Una encuesta de Criteria reveló que el 72 por ciento se opone a la continuidad de Rabat en el cargo y el 95 por ciento rechaza las rebajas de buena conducta para agresores sexuales de menores. Desde marzo el gobierno ha registrado 59 salidas de autoridades.

Antes del escándalo, el gobierno ya estaba hundiéndose. El desempleo alcanzó el 9,8 por ciento en el trimestre julio-septiembre, superando el millón de personas por primera vez desde la pandemia de COVID-19. La inflación llegó al 4,1 por ciento anual, la producción industrial cayó un 2,7 por ciento interanual, y el Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026 al 0,25-0,75 por ciento. El gobierno que prometió “confianza empresarial” ha presidido el estancamiento de la acumulación.

La “izquierda” chilena ha lanzado ahora su ofensiva contra Rabat, y aquí debe plantearse la pregunta política esencial de la crisis. Los partidos de la ex coalición gobernante—el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD)—se han abalanzado sobre el escándalo con una energía completamente ausente de su postura frente al programa real del gobierno. Camila Vallejo, ex vocera de Gobierno y militante del PC, ha exigido la remoción de Rabat, señalando que “si el ministro está donde está es porque el presidente Kast lo está protegiendo.” El diputado Luis Cuello (PC) ha interpuesto una denuncia penal por prevaricación administrativa, afirmando que “su permanencia es insostenible. Debe renunciar de forma inmediata.” El diputado Raúl Leiva (PS) ha impulsado una acusación constitucional. El diputado Jaime Bassa (FA) ha llegado más lejos, vinculando las rebajas a una supuesta “red de pedofilia internacional” que involucraría a Paul Schäfer, Jeffrey Epstein y Javier Milei, afirmando que “esto no es un error, esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional.”

Nada de esto debe confundirse con una oposición al gobierno. Es la forma en que la “izquierda” busca salvar a un gobierno en crisis. La acusación constitucional no apunta a derribar a Kast, sino a remover a un ministro que se ha convertido en un lastre político, para que el gobierno pueda seguir administrando la guerra de clases contra la clase trabajadora. La “izquierda” negoció con Kast los ataques sociales hoy en curso —el alza del gas, la eliminación de programas sociales, la reforma laboral que amplía la jornada, los salvajes recortes en salud, educación y vivienda— y proporcionó la cobertura “responsable” que legitimó la agenda de la derecha. Ahora, cuando un ministro se vuelve tóxico, exige su cabeza, no para hacer avanzar los intereses de la clase trabajadora, sino para preservar la estabilidad del mismo gobierno que ella contribuyó a instalar.

La intervención de Vallejo es reveladora. Exige la remoción de Rabat, pero rechaza cualquier caracterización del escándalo como “un problema del Estado”. Aquí está la estalinista en su elemento, defendiendo al Estado burgués frente a toda sugerencia de que él es el problema. El PC, que teme la movilización independiente de la clase trabajadora mucho más que a la extrema derecha, debe contener el escándalo como una crisis de un ministro, resoluble con su remoción.

La “red de pedofilia internacional” de Bassa es el espejo populista de la misma política. Sustituye el análisis de clase por una teoría de la conspiración morbosa, desviando la indignación popular lejos del Estado capitalista y hacia camarillas imaginarias. La pseudoizquierda pequeñoburguesa puede denunciar “a la oligarquía” y “las redes,” pero no puede, ni quiere, nombrar al verdadero enemigo: el sistema capitalista, su Estado y sus representantes políticos, incluido su propio partido.

La Izquierda Diario y El Porteño

El Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) morenista y el centrista El Porteño han publicado sendas evaluaciones de la crisis. Ambas llaman la atención por lo que omiten.

El PTR, en La Izquierda Diario, denuncia la “impunidad para los criminales” y llama a una “gran jornada nacional de protesta” y a una “huelga general”. Pero su análisis se construye íntegramente sobre la espontaneidad de las masas. No menciona una sola vez a la “izquierda,” ni explica que el PC, el FA, el PS y el PPD son pilares indispensables del gobierno Kast, que negociaron los ataques sociales que hoy se implementan y construyeron el aparato represivo que hoy se empuña. Llama a la “unidad en las luchas en las calles” y a las “asambleas” sin plantear la independencia política respecto de los mismos partidos que gestionan la crisis en nombre de la clase dominante.

Este es el modus operandi del morenísimo cada vez que una situación amenaza con convertirse en una crisis del dominio burgués. Durante las movilizaciones de millones de personas en 2019, el PTR glorificó retóricamente la espontaneidad de las protestas mientras las canalizaba detrás del PC estalinista y el Frente Amplio. Su culto a la espontaneidad expresa su subordinación a los sindicatos y a la pseudoizquierda que controla estos aparatos burocráticos. No puede denunciar a la “izquierda” porque es él mismo un apéndice de la “izquierda.” Su “huelga general” es una consigna sin estrategia: una huelga que no haya roto con el PC, el FA y el PS desorientaría a las masas antes de ser traicionada por las mismas conducciones que el PTR se niega a nombrar.

El Porteño cumple una función complementaria. Su editorial “Primero Silva, luego Rabat: ¿Se derrumba el gobierno de Kast?” es más sofisticado que el del PTR. Identifica correctamente la base económica de la crisis, la contradicción entre la promesa de “orden” del gobierno y su desorden real, y la erosión de la capacidad del bloque dominante para gobernar. Pero los partidos que constituyen la “oposición” parlamentaria—el PC, el FA, el PS, el PPD—no aparecen en él.

Este silencio no es accidental. Es el servicio que el centrismo presta a la pseudoizquierda. El Porteño oculta el hecho político central: que la clase trabajadora solo puede avanzar reconociendo a la “izquierda” y su labor de contener cada crisis dentro de los canales parlamentarios burgueses como el mayor obstáculo. Esta es la división del trabajo de la pequeña burguesía: el PTR aporta la retórica callejera, El Porteño el análisis más sofisticado, y ambos dejan a la “izquierda” chilena intacta.

El mismo silencio impregna la conmemoración que hace El Porteño del séptimo aniversario del levantamiento de octubre de 2019, que no ofrece ninguna evaluación del rol del PC, el FA y el PS en la canalización del movimiento hacia el callejón sin salida del proceso constituyente. La “frustración” de octubre se presenta como una ausencia de conducción, sin nombrar las conducciones que estuvieron presentes y trabajaron activamente para frustrar una situación prerrevolucionaria.

El gobierno Kast es el producto de la traición de la clase trabajadora por el PC y el FA, que integraron el gobierno anterior. El World Socialist Web Site advirtió en su momento que “los descendientes políticos de las fuerzas que cargaron con la responsabilidad de encorsetar a la clase trabajadora en vísperas del golpe del 11 de septiembre de 1973 desempeñan hoy el mismo papel.” Esa advertencia ha sido confirmada muchas veces. Los millones de trabajadores que votaron por Kast en diciembre de 2025 lo hicieron no por entusiasmo frente al fascismo, sino por desesperación tras cuatro años de un gobierno de “izquierda” que prometió el cambio y entregó austeridad, represión policial y defensa de las relaciones de propiedad capitalistas.

La crisis del gobierno Kast se está profundizando. Pero la clase trabajadora no avanzará a través de las maniobras de la pseudoizquierda, que busca nuevamente gestionar la crisis para la clase dominante mientras se prepara para presentarse en el próximo ciclo electoral como la alternativa “responsable” a la extrema derecha.

La clase trabajadora debe extraer la conclusión contraria. Las rebajas de condena son un síntoma de una crisis más profunda de un sistema capitalista que ya no puede resolver sus contradicciones mediante el crecimiento y la reforma, y que por ello se vuelca hacia el autoritarismo y la guerra. La respuesta debe ser la construcción del partido revolucionario de la clase trabajadora como sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, capaz de unir a los trabajadores por encima de las fronteras nacionales en la lucha por el derrocamiento del capitalismo y el establecimiento de una sociedad socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de noviembre de 2026)