El nuevo gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, está actuando con rapidez para situar a las fuerzas armadas en el centro de la vigilancia policial urbana. Esta campaña se presenta como una respuesta a la delincuencia, pero en realidad está dirigida contra la clase trabajadora y la oposición social que provocará su programa de austeridad.

El vehículo inmediato es una solicitud del diputado José Jaime Uscátegui, del partido de extrema derecha Centro Democrático, a la que se sumaron miembros del Concejo Municipal de Bogotá, para que el presidente de la Espriella autorice el despliegue de fuerzas militares para apoyar a la policía en los distritos del sur de Bogotá: Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. Uscátegui citó las cifras de homicidios de 2026, 57 asesinatos en Ciudad Bolívar, 39 en Kennedy y 26 en Bosa, para justificar la medida, que ha impulsado mediante una petición pública en el ayuntamiento que ya ha reunido 37 mil firmas certificadas.

El pretexto legal es el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que contempla la asistencia militar a la policía como una “medida temporal y excepcional”. La exigencia de militarizar tres de los distritos obreros más poblados de Bogotá no es ni temporal ni excepcional. Es la expresión urbana de un programa que de la Espriella ha convertido en el eje central de su presidencia: el Bloque de Defensa de la Seguridad Urbana. Anunció que crearía esta fuerza por decreto en su primer día en el cargo, convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para poner en marcha “la mayor operación de seguridad urbana” en la historia de Colombia.

Un giro continental hacia la dictadura

La militarización de la seguridad pública en Colombia no es un fenómeno aislado. Forma parte de un proceso regional, documentado en un análisis de septiembre de 2026 realizado por el medio de investigación chileno CIPER de una creciente “militarismo civil”, que implica el despliegue de las fuerzas armadas para tareas de policía interna por parte de gobiernos tanto de derecha como de la supuesta “izquierda, en países que van desde Brasil y México hasta El Salvador, Colombia y Venezuela.

El modelo se inspira en las medidas de seguridad de El Salvador, caracterizadas por detenciones masivas, un estado de emergencia permanente vigente desde marzo de 2022 y megacárceles en las que más de 90 mil personas se encuentran recluidas en condiciones que los grupos de derechos humanos han calificado de tortura. Los métodos del presidente salvadoreño Nayib Bukele han sido respaldados explícitamente por la administración de Trump, lo que les ha otorgado legitimidad política en todo el hemisferio.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró un “estado de conflicto armado interno” a principios de 2024 y ordenó al ejército que actuara contra las pandillas criminales, inaugurando una prisión de máxima seguridad inspirada en el centro CECOT de El Salvador. Dichas medidas provocaron un aumento del 18 por ciento en los enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad en toda América Latina en 2025, con casi 6.900 personas muertas en intervenciones de seguridad del Estado, la cifra más alta desde 2018.

En Perú, la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en Lima y Callao en marzo de 2025, y su sucesora, Keiko Fujimori, ha anunciado ahora el despliegue de las fuerzas armadas en las zonas urbanas y el transporte público.

En Chile, el presidente fascista José Antonio Kast logró que se aprobaran las Reglas del Uso de la Fuerza, que autorizan el uso de armas letales para proteger la “infraestructura crítica” y permiten a los militares disparar contra los manifestantes. Esto se produce tras la aprobación de la Ley Naín-Retamal por parte de su predecesor pseudoizquierda, Gabriel Boric, que otorga a la policía y al ejército una presunción legal de legítima defensa al usar fuerza letal, en un contexto de crecientes demandas bipartidistas para el despliegue de las fuerzas armadas en las calles de los barrios populares de Santiago.

En Brasil, este patrón está más avanzado. El mecanismo de “Garantía de la Ley y el Orden” (GLO), que autoriza el uso de las fuerzas armadas para la seguridad pública, ha sido invocado por gobiernos tanto de derecha como de “izquierda” 59 veces solo entre 2010 y 2021. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirma oponerse a las operaciones de la GLO, decretó él mismo una en noviembre de 2023, desplegando tropas en los puertos y aeropuertos de São Paulo y Río de Janeiro. La “Operación Contención” de octubre de 2025 en las favelas Complexo do Alemão y Penha de Río de Janeiro, la operación policial más mortífera de la historia de Brasil, que dejó al menos 121 muertos, y en la que los fiscales confirmaron que las muertes presentaban indicios de ejecución, fue llevada a cabo por la policía estatal, pero el gobierno de Lula la ha utilizado para presionar a favor de la aprobación de una enmienda constitucional que institucionalice el modelo de seguridad pública militarizada.

El hilo conductor no es la delincuencia, sino la clase social. Todos los sectores del establishment político de América Latina se han preparado para el actual auge de los trabajadores y la juventud que se han manifestado en huelgas nacionales y marchas masivas solo en las últimas semanas y han adoptado el modelo de Bukele: normalizando los estados de emergencia, criminalizando a la oposición, desplegando a las fuerzas armadas y reforzando el aparato represivo. El decreto de De la Espriella que autoriza a la policía a intervenir contra las protestas “sin intentar primero el diálogo,” firmado horas antes de la huelga nacional del 14 de octubre contra sus medidas de austeridad, es la expresión colombiana de este proceso continental.

Un ejército construido por el imperialismo estadounidense

El cuerpo de oficiales al que de la Espriella ahora le está entregando las calles es una fuerza armada construida, financiada y entrenada por el imperialismo estadounidense desde la década de 1960, y ampliamente expandida bajo el Plan Colombia para reprimir la oposición social y defender los intereses del capital.

La relación se remonta a 1949, cuando Estados Unidos estableció misiones oficiales del ejército y la fuerza aérea en Colombia. En 1962, el general de brigada del Ejército de EE. UU. William P. Yarborough visitó Colombia y redactó el plan de contrainsurgencia que se convirtió en el Plan Lazo, en el que recomendaba que el ejército y la policía colombianos llevaran a cabo “actividades paramilitares, de sabotaje y o terroristas” contra la población. El asalto de 1964 a la comunidad campesina de Marquetalia, llevado a cabo bajo esta doctrina, dio origen a las FARC y codificó la doctrina del “enemigo interno” que ha definido a las fuerzas armadas colombianas desde entonces.

La Escuela de las Américas (WHINSEC desde 2001) ha sido la institución central de esta relación. Colombia ha acumulado la cohorte nacional más grande de cualquier país: más de 10 mil graduados, y aproximadamente el 60 por ciento de los alumnos actualmente matriculados en WHINSEC proviene únicamente de Colombia. Los generales al mando del ejército colombiano durante el escándalo de los “falsos positivos”—en el que soldados ejecutaron a miles de civiles y los disfrazaron de guerrilleros para inflar el recuento de víctimas—eran graduados de WHINSEC. Un estudio de 2014 encontró una correlación directa entre la ayuda militar de Estados Unidos a las brigadas del ejército colombiano y la incidencia de ejecuciones extrajudiciales.

El Plan Colombia, lanzado en 2000, fue la cúspide de esta inversión. Estados Unidos ha proporcionado más de 13 mil millones de dólares en asistencia de seguridad y económica a Colombia, más que a cualquier otro país de las Américas, con una ayuda militar que representa, en promedio, el 85 por ciento del total. Las consecuencias para las fuerzas armadas fueron transformadoras. Cuando el presidente Andrés Pastrana asumió el cargo en 1998, las fuerzas armadas contaban con apenas 53 mil soldados de carrera y 22 mil soldados profesionales.

El Plan Colombia convirtió las plazas de reclutas en 55.000 soldados profesionales para finales de 2001, lo que representó un aumento del 160 por ciento. El Plan Fortaleza tenía como objetivo casi duplicar el número de soldados de carrera. El personal combinado de las fuerzas armadas y la policía creció de 300 mil a 446 mil efectivos entre 2001 y 2012, y el personal militar en servicio activo pasó de 158 mil a 200 mil en un solo año (2003), llegando a 297 mil para 2015-2016.

Colombia tiene ahora una proporción de 9,6 soldados por cada 1.000 habitantes, casi el doble del promedio regional de 4,3. Su Policía Nacional cuenta con unos 180 mil efectivos, una gendarmería paramilitar dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional, con rangos y salarios militares, una estructura impuesta por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla en la década de 1950 y que nunca se ha revertido. El cuerpo de oficiales del ejército, que cuenta con unos 10 mil miembros, ha sido entrenado en la doctrina de contrainsurgencia de Estados Unidos. Su cultura institucional se define por la doctrina del “enemigo interno”: la propia población, específicamente aquellos que desafían el orden oligárquico.

El cuerpo de oficiales y el nuevo presidente

La relación entre de la Espriella con este aparato es la base de su proyecto político.

Su ministro de Defensa designado es el general de división retirado Jorge Eduardo Mora López, un veterano con 36 años de servicio que comandó la Octava División del Ejército y dirigió el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, y quien se retiró en 2022 después de que los cambios impulsados por el predecesor de De la Espriella, Gustavo Petro, “decapitaran” gran parte del alto mando. Mora es el segundo general retirado consecutivo en ocupar la cartera de Defensa, tras el propio ministro de Petro, el general Pedro Sánchez, una continuidad que subraya que la militarización del Estado colombiano es un proyecto bipartidista.

La campaña de de la Espriella se construyó en gran medida sobre la radicalización de militares y policías retirados, quienes se convirtieron en uno de los sectores más visibles de la oposición al gobierno de Petro tras las marchas de 2023 en la Plaza de Bolívar. Ha hecho campaña junto al general retirado Eduardo Zapateiro y ha cultivado las organizaciones de veteranos que surgieron de esas marchas con el objetivo explícito de convertir a la reserva en una fuerza política. Su promesa de crear una “primera línea de defensa” integrada por veteranos y reservistas, y el hecho de que celebrara su toma de posesión dentro de una guarnición militar como “un acto de gratitud, respeto y reconocimiento” hacia las fuerzas armadas, son las expresiones más claras de un proyecto para fusionar la extrema derecha con el cuerpo de oficiales.

Edwin Palma, un burócrata sindical y exministro del gobierno de Petro, ha invocado el espectro de las cooperativas de vigilancia vecinal Convivir creadas en la década de los noventa, la mayoría de las cuales terminaron vinculadas al paramilitarismo. Los Convivir fueron el auxiliar civil de la misma doctrina contrainsurgente que dio origen a las AUC, la confederación paramilitar cuya desmovilización quedó al descubierto como un fraude que dejó al Clan del Golfo—ahora presente en 392 municipios—como el actor armado no estatal dominante en Colombia.

Sin embargo, el peligro no radica en que de la Espriella vaya a crear una fuerza paramilitar al margen del Estado. Radica en que le está encomendando a las propias fuerzas armadas del Estado creadas, financiadas y entrenadas por el imperialismo estadounidense, y que se han hinchado hasta alcanzar casi 300 mil efectivos bajo el Plan Colombia la tarea de vigilar a la clase trabajadora.

El carácter de clase del Estado

La clase trabajadora debe sacar conclusiones políticas. Las fuerzas armadas son, en la formulación de Lenin, “cuerpos especiales de hombres armados” que imponen el dominio de la clase que las controla. En Colombia, esa clase es la oligarquía que ha gobernado a través de los partidos Liberal y Conservador durante dos siglos, que resolvió sus diferencias a través del Frente Nacional mientras subcontrataba la represión de todos los que quedaban fuera de ese pacto a las fuerzas de seguridad, y que ahora ha puesto a de la Espriella para llevar a cabo un ataque contra los empleos, los salarios y las condiciones sociales.

La respuesta a la militarización de las calles no es apelar al ala “progresista” de la burguesía, ni buscar un regreso al gobierno de Petro, quien presidió el mismo aparato represivo y terminó su mandato aprobando un programa de modernización militar de 3.54 mil millones de dólares y bombardeando campamentos del ELN. La respuesta es la movilización independiente de la clase trabajadora, en Colombia y en toda América Latina, contra todo el orden capitalista que se prepara para responder a su resistencia con balas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2026)