La sustitución como primera ministra de Liz Truss por Rishi Sunak se llevó a cabo ante la insistencia de la oligarquía financiera, cuya principal demanda es que el gobierno intensifique sus ataques contra la clase obrera.

Truss fue expulsada porque su mini presupuesto de septiembre de 45 mil millones de libras en recortes de impuestos para los más ricos se iba a pagar con préstamos, en lugar de con la imposición inmediata de más austeridad. Si bien su salida reveló diferencias entre las facciones del gobernante Partido Conservador sobre cómo financiar con más subvenciones a los súper ricos, no hay ninguna cuando se trata de imponer las medidas dictatoriales necesarias para hacer cumplir esto.

El manifiesto electoral de Boris Johnson de 2019 se comprometió a introducir Niveles de Servicios Mínimos (MSL, por sus siglas en inglés) durante las huelgas de transporte, lo que llevaría a que los paros en el sector fueran ineficaces. Otra política dirigida a neutralizar las huelgas, que se remonta al manifiesto electoral de los conservadores en 2015, fue legislar para permitir que las agencias suministren trabajadores temporales para sustituir a los trabajadores que participen en huelgas.

La legislación sobre los trabajadores temporales se convirtió en ley el 21 de julio. Al mismo tiempo, se aprobó legislación para elevar el nivel máximo de daños que los tribunales pueden imputar a un sindicato cuando la huelga ha sido declarada 'ilegal'. Para los sindicatos más grandes, el máximo es ahora de 1 millón de libras.

Estas leyes se aprobaron a pesar de que Johnson había anunciado su renuncia el 7 de julio, lo que provocó la elección de un nuevo liderazgo llevando a Truss al poder.

Truss anunció que buscaría legislar sobre los MSL dentro de los 30 días posteriores a asumir el cargo. La tarea ahora recae en Sunak, con la ley que será promulgada a principios de 2023.

La escala de la ofensiva de la guerra de clases del gobierno se ve subrayada por el Proyecto de Ley de Orden Público, una de las leyes más draconianas de la historia británica, que pone fin de forma efectiva al derecho a protesta y reprime aún más las huelgas.

El proyecto de ley se ha utilizado para revivir secciones de la Ley de Policía, Crimen, Sentencia y Tribunales de 2022 consideradas tan abiertamente dictatoriales que fueron rechazadas por la Cámara de los Lores. Incluyen hacer ilegal que una persona interfiera con el uso u operación de infraestructura nacional clave, incluidos aeropuertos, la red de carreteras, ferrocarriles e imprentas de periódicos. Una huelga en estos sectores quedaría esencialmente ilegalizada.

Las protestas se consideran ilegales si incluyen actos que causan 'Graves trastornos a dos o más personas, o a una organización'. 'graves trastornos ' incluye 'ruido', lo que significa que cualquier protesta puede ser declarada ilegal.

Se introducen penas de cárcel de hasta 51 semanas para las personas que se 'encadenen' a objetos inamovibles o entre sí.

A la policía también se le otorgan nuevos amplios poderes de detención y registro y el derecho a emitir 'Órdenes de Prevención de Trastornos Graves' (OPTG, por sus síglas en inglés). Se puede imponer una OPTG a las personas que han participado en al menos dos protestas dentro de un período de cinco años, hayan sido o no condenadas por un delito. La persona puede recibir una orden por dos años que le prohíbe asistir a más protestas.

Aquellos que reciben una OPTG pueden ser obligados a usar una marca electrónica para monitorear sus movimientos.

Para imponer este asalto dictatorial, Sunak trajodevuelta como ministra del Interior a una de las figuras más derechistas del partido Tory, Suella Braverman. Esto fue solo unos días después de que se viera obligada a renunciar al cargo por violar el código ministerial.

Dos días antes de que Truss renunciara, Braverman aprobó una enmienda de última hora que permite al ministro del Interior de turno solicitar medidas cautelares contra cualquier persona que consideren 'probable' que lleve a cabo protestas que podrían causar 'graves interrupciones' a la 'infraestructura nacional clave', impedir el acceso a bienes o servicios 'esenciales' o tener un 'grave efecto adverso en la seguridad pública'.

En la votación final de la Cámara de los Comunes sobre el Proyecto de Ley de Orden Público, el gobierno ganó con una mayoría de 49 votos. Los laboristas votaron en contra solo sobre la base de que el actual aparato represivo del Estado era suficiente para reprimir las protestas. Pero la diputada laborista Sarah Jones se jactó: 'El Partido Laborista, en abril pasado, pidió mayores poderes para medidas de tipo cautelar tras los trastornos causados por Just Stop Oil… Sugerimos medidas cautelares porque es más probable que eviten una mayor interrupción de, digamos, una terminal petrolera que más delitos para criminalizar la conducta después de que haya tenido lugar, con todos los costos adicionales y la logística de la expulsión. Las medidas cautelares son más sencillas para la policía, tienen más garantías a medida que son otorgadas por un tribunal, y están preparadas para el futuro cuando los manifestantes cambien sus tácticas”.

Con las siguientes protestas celebradas por grupos ambientalistas, Starmer advirtió sobre las medidas represivas que había preparado si los laboristas asumían el cargo. Dijo el lunes en un programa de LBC Radio de preguntas por teléfono que durante su mandato (2008-2013) como director de la acusación pública, “siempre tuvimos leyes disponibles” para enjuiciar a las personas que realizan tales acciones.

Añadió: 'Por lo que estábamos presionando eran penas más largas para aquellos que se estaban pegando a carreteras y autopistas. No lo logramos, pero eso es lo que yo quería'. Cuando el presentador Nick Ferrari le preguntó: '¿Y eso es lo que querrías en el futuro?', Starmer respondió: 'Sí'.

Los sindicatos no han hecho nada para movilizar a sus millones de miembros contra la legislación. La única respuesta del Congreso de Sindicatos fue una declaración de la líder saliente Frances O'Grady, 'Si los ministros cruzan la calle para pelear con nosotros, entonces nos encontraremos con ellos a mitad de camino ... Leed mis labios: ¡Nos veremos en los tribunales!'

Entre las secciones claves de trabajadores que la legislación pretende reprimir se encuentran decenas de miles de empleados ferroviarios, que han emprendido huelgas nacionales a lo largo de los últimos meses. La legislación de Servicios Mínimos prepara el escenario para los despidos masivos, y el gobierno afirma que, en virtud de ella, “los trabajadores especificados que aún realicen una huelga perderán su protección contra el despido improcedente automático”.

La principal preocupación del líder del sindicato de conductores de trenes ASLEF, Mick Whelan, era que el Proyecto de Ley de Nivel de Servicios Mínimos 'solo conducirá a conflictos industriales que durarán más tiempo'. Whelan restó importancia a los peligros de esta legislación salvaje y las intenciones del gobierno conservador, declarando: 'El gobierno afirma que existe una legislación similar en otros países europeos, como Alemania, Francia y España. Así es, pero lo que el gobierno no sabe, o no quiere decir, es que no se aplica. Porque saben que no funciona.”

Esto es falso. Estos gobiernos y otros no sólo utilizan esa legislación; se ha utilizado una legislación aún más draconiana a medida que la lucha de clases se agudiza en toda Europa de forma regular.

Solo este año, los trabajadores de aerolíneas españolas en huelga y los trabajadores del metal han sido sometidos a servicios mínimos. Este verano, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)-Podemos y Ryanair impusieron unos requisitosdeservicios mínimos que impiden que muchos trabajadores puedan dejar de trabajar legalmente. En el caso de la huelga de los trabajadores del metal en Cantabria, a 150 trabajadores se les prohibió hacer huelga por la imposición de unos requisitos de servicios mínimos del 100 por ciento en 12 empresas.

Este mes, el gobierno de Macron en Francia requisó a los trabajadoresde las refinerías en huelga para obligarlos a volver al trabajo con el fin de romper un potente paro que golpea a las arterias de la economía.

Esta ofensiva se ha acelerado en la última década a medida que la clase dominante en Europa impuso una austeridad brutal para hacer que los trabajadores pagaran por la crisis financiera mundial de 2008.

En diciembre de 2010, el gobierno español del PSOE obligó a 2.200 controladores aéreos avolver a trabajar a punta de pistola para aplastar una huelga masiva. Soldados armados permanecieron a su lado con la amenaza de arresto inmediato si dejaban de trabajar.

En enero de 2013, el gobierno de coalición griego liderado por Nueva Democracia, que incluía al socialdemócrata PASOK y a la Izquierda Democrática, colocó a los trabajadores del metro en huelga bajo ley marcial, obligándolos a volver a trabajar bajo pena de encarcelamiento. Al mes siguiente, la coalición invocó poderes de emergencia en forma de una 'movilización civil', reclutando formalmente a los trabajadores de transbordadores en huelga para el servicio militar y ordenándoles que regresaran al trabajo.

La clase dominante sabe que una nueva crisis económica global y nuevas rondas de austeridad sólo pueden ser impuestas a la clase obrera por medios aún más agresivos y violentos. Los trabajadores deben estar políticamente armados para enfrentar las batallas de clase que se avecinan.

(Publicado originalmente el 26 de octubre de 2022)